MIAMI, Estados Unidos.- La declaración conjunta “Desafíos para la libertad de expresión en la próxima década”, a partir de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2019, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue presentada en Londres este miércoles por relatores especiales de importantes organismos internacionales.
De acuerdo al texto, la declaración se enfocó en la creación de un mejor ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión, la búsqueda de “una Internet libre, abierta e inclusiva”, así como la denuncia del “control privado como amenaza de la libertad de expresión”. El uso de la Internet es “un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, reza la nota de la CIDH.
El documento expresó la preocupación por “(…) los persistentes intentos por controlar los medios privados, incluso mediante reglamentación”, además del “incremento en la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, el control político sobre las insuficientes asignaciones financieras a los medios de servicio público” y “las fallas en el desarrollo sostenible de la radiodifusión comunitaria”.
En la “Relatoría Especial para la Libertad de Expresión” se denunció “la continua prevalencia de restricciones legales indebidas sobre la expresión en línea y su aplicación abusiva, y destacando la importancia de que los Estados respeten las obligaciones establecidas en el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al imponer restricciones a la libertad de expresión”.
Los firmantes exigieron a los gobiernos: “Respetar las normas internacionales de derechos humanos, incluidas aquellas relacionadas con la transparencia, al intentar regular o influir en las expresiones que circulan en las plataformas y medios en línea”.
Y ante la necesidad de una Internet libre, los relatores pidieron a los Estados “abstenerse de realizar restricciones arbitrarias o ilegales al uso de las tecnologías de encriptación y anonimato”, así como “tomar medidas inmediatas a largo plazo para prohibir la vigilancia ilegal o arbitraria y el tráfico irresponsable de herramientas de la industria comercial de spyware, que poseen considerables efectos perjudiciales sobre el ejercicio de la libertad de opinión y expresión”.
El informe fue rubricado por los siguientes altos cargos: El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación, el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).
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