GUANTÁNAMO, Cuba.- Cuando usted conversa con los presos son pocos los que reconocen haber tenido responsabilidad en los hechos por los cuales fueron encerrados. Esto se puede entender y no resulta un elemento significativo para evaluar la actuación de los jueces, mucho menos si no se tienen a la vista los documentos de los expedientes.
Pero lo que sí resulta significativo es que en esta prisión no hay un solo preso que no se queje de los abusos sufridos durante su detención y procesamiento, de la apreciación de las pruebas que realiza el órgano juzgador, de la complicidad entre instructores policiales y fiscales y del escaso o nulo valor de los defensores en los procesos penales. Podrá haber muchos presos mentirosos, pero todos no pueden serlo, ni pueden estar equivocados. Hombres con escaso nivel cultural hacen análisis muy exactos de sus experiencias y eso, unido a otras circunstancias, indica claramente que la administración de justicia en Cuba atraviesa una crisis que, lejos de solucionarse, se profundiza cada vez más.
Problemas y corruptelas
Uno de los problemas más reiterado en la administración de justicia cubana consiste en la vulneración constante del debido proceso desde el mismo acto de instrucción del acusado. No podrá hablarse de igualdad procesal mientras el acusado no esté asistido de un defensor desde el momento de su detención, o, al menos, desde que sea instruido de cargos.
Un abogado con acceso restringido a la actuación y un proceso penal que no cuente con la guía y control de una figura imparcial –como lo era el juez de instrucción– jamás podrá garantizar el respeto a los derechos de un ciudadano privado de libertad ni el derecho a gozar de una defensa efectiva. Más que falta de imparcialidad y control, la Fiscalía General de la República no está a la altura de las exigencias que en tal sentido le hace la Constitución.
Otro problema evidente es colocar como presidentes de los organismos judiciales a personas recién salidas de las universidades, sin demostrar capacidades, más deseosos de cumplir con las órdenes del Partido, la Seguridad del Estado y la policía, y de hacer carrera política que de hacerle honor a su condición de jueces.
A este problema se suma otro no menos grave que ha tenido por años una importante trascendencia en la impartición de justicia, que consiste en las reuniones previas entre los diferentes “factores”, donde se decide todo lo concerniente al proceso, por lo cual el acto del juicio oral se convierte en una farsa.
Algo que tampoco puede ignorarse es la presencia de obvios conflictos de intereses en los tribunales cubanos. Hoy en Guantánamo, por solo mencionar la provincia donde resido, hay varios municipios con jueces casados con policías, jefes de unidades policiales o fiscales. ¿Qué justicia puede esperar un acusado si es juzgado por uno de estos jueces?
Y como en Cuba desde 1959 jamás no solo no ha existido una legislación estable, sino tampoco estabilidad en la política penal, ahora las prisiones comienzan a recibir por decenas personas acusadas por delitos de Desacato, Atentado, Resistencia y Desobediencia, aunque la mayor relevancia la están alcanzando los delitos de Amenaza y los relacionados con la compra ilícita o desvío de combustible. Ya en la prisión de Guantánamo hay hombres sentenciados a privación de libertad por este delito.
Un indulto sospechosamente amargo
El artículo 59 del Código Penal establece que la responsabilidad penal se extingue, entre otras causas, por amnistía y por indulto.
Que recuerde –y ya me enmendarán la plana los colegas René Gómez Manzano y Alberto Méndez Castelló si me equivoco– en Cuba nunca ha habido una amnistía después de 1959. La amnistía se diferencia del indulto en que sus efectos son más amplios.
Recientemente el régimen cubano dio a conocer que había indultado a varios centenares de presos. Sin duda fue un gesto generoso, pero también es justo señalar que es practicado con asiduidad por gobiernos democráticos, y no de forma tan excepcional como ocurre en Cuba.
Sin embargo, por las conversaciones que he sostenido con varios reclusos, el mencionado indulto no fue recibido con el agrado que merecía, al menos aquí en Guantánamo, Boniato y Aguadores. Según muchos que me ofrecieron sus valoraciones, de la prisión de Guantánamo salieron indultados solamente cuatro y a todos les faltaban solo días para cumplir su sanción. Lo mismo ocurrió en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba, y de Boniato no salió ningún beneficiado.
Lo trascendente de una política penal efectiva radica en el permanente estudio criminológico de las causas y condiciones que generan el delito y, en Cuba, casi toda acción puede convertirse en delictiva según sea la opinión predominante en el momento. Tal voluntarismo repercute indudablemente en el aumento de la población penal. De nada sirve que se haga un indulto que libere a dos mil reclusos si, en menos de dos meses, ha ingresado el doble en las numerosas cárceles del territorio nacional. Y eso es precisamente lo que ocurre en Cuba.
Prisión de Guantánamo, lunes 23 de septiembre de 2019.
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