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La estéril tarea de Gladys Bejerano y compañía

Contraloría General de La República de Cuba. Foto Archivo

LA HABANA, Cuba.- Mediante un aparatoso despliegue de recursos humanos se pretende eliminar males consustanciales a economías como la cubana.

Durante la más reciente reunión del Consejo de Ministros, efectuada poco antes de que Miguel Díaz-Canel iniciara su gira por naciones de Europa y Asia, la contralora general de la República, Gladys Bejerano, tomó la palabra para referirse a la 13ra. Comprobación Nacional al Control Interno, que por estos días tiene lugar en 370 entidades estatales de toda la isla.

Un evento que transcurre en medio de un aparatoso despliegue de recursos humanos, pues participan 2 mil 442 auditores, y mil 141 estudiantes universitarios, además de profesores y otros expertos en materia económica.

Según la Contralora General, los objetivos de la Comprobación son chequear el control y uso de los inventarios, la contratación, las cuentas pendientes por cobrar y pagar, el uso del combustible y los pagos efectuados a los trabajadores por cuenta propia.

Después de conocerse los ejes temáticos que serán examinados por la Contraloría y su tropa de apoyo, no sería aventurado afirmar que cualquier beneficio conseguido por la inspección clasificaría, para decirlo en buen cubano, como “pan para hoy y hambre para mañana”.

Lo anterior debido a que los males que la Comprobación pretende eliminar son consustanciales a economías centralizadas como la cubana. Por lo tanto, aun si se mitigan temporalmente, reaparecerán mientras no se modifiquen las relaciones de propiedad y la manera en que se desenvuelve la economía.

Se sabe, por ejemplo, que el exceso de inventario que se aprecia en la mayoría de las entidades estatales -y que tanto preocupa a las autoridades-  obedece a dos causas fundamentales. En primer término a que los empresarios compran insumos en exceso ante la incertidumbre que les provoca la probable escasez de tales insumos en el futuro. Por otra parte, persiste el hábito de producir de espaldas a las preferencias y necesidades de los potenciales consumidores, razón por la cual los almacenes de empresas y entidades se llenan de productos inservibles que nadie quiere.

Y en lo concerniente al robo de combustibles y las cuentas pendientes por pagar y cobrar, se pone de manifiesto el nulo sentido de pertenencia de esos dueños sin rostros de la propiedad social. A propósito, los referidos impagos en el sistema empresarial colocan en entredicho la tan cacareada autonomía de las empresas, uno de los pilares de la actualización del modelo económico. Porque, ¿con qué autonomía puede trabajar una empresa que no paga sus deudas, y no cobra por sus producciones, y no le queda más remedio que depender de las migajas del Presupuesto Estatal?

Sin embargo, y a pesar  del “arduo” trabajo que parecen tener ante sí la señora Bejerano y compañía, anuncian que investigarán también un asunto acerca del cual, en buena lid, no debían interferir: los pagos que las entidades estatales han realizado a los trabajadores por cuenta propia.

Se trata de transacciones que debían de transcurrir en el marco de una relación oferta-demanda, ya que el cuentapropismo, como forma de gestión no estatal, se inscribe dentro de los espacios del mercado -si bien reducidos- que el propio oficialismo dice reconocer. Al parecer, el importe que una entidad estatal pague por los bienes o servicios de un cuentapropista debe contar con la aprobación “de arriba”.

Sin dudas, una nueva sutileza en el empeño gubernamental de ir asfixiando a los trabajadores por cuenta propia. En la citada reunión del Consejo de Ministros se dijo que aumentará el rigor de las multas a aquellos cuentapropistas que las autoridades consideren como evasores del fisco, y que además se harían públicos los casos de evasión fiscal que contaran con sentencias firmes.