LA HABANA, Cuba.- En los últimos días ha sido noticia en la prensa oficialista cubana la participación a tiempo completo del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en el trabajo legislativo. La novedad radica en que, durante los primeros tres días laborables de esta semana, esa actividad de la “Asamblea Nacional del Poder Popular” ha sido sólo en comisiones.
Una vez que en 1976 terminó la “provisionalidad” de 17 años —al entrar en vigor la primera “Constitución socialista”—, la presencia de los mandamases en las reuniones del flamante “órgano supremo del poder estatal” ha sido constante. Pero ella, en la práctica, se ha limitado a las sesiones plenarias.
En ellas participó, hasta su involuntario retiro de la vida pública, el fundador de la dinastía castrista. Peroraba cada vez que lo consideraba oportuno y por el tiempo que estimaba pertinente. Por lo general, cada una de esas constantes intervenciones representaba el preludio al cese de los debates y a la adopción del correspondiente acuerdo unánime de los flamantes diputados. El “Máximo Líder” era un ferviente seguidor del conocido refrán: El que ríe último, ríe mejor.
Pero no se tienen noticias de que alguna vez haya participado en los trabajos a nivel de comisiones. El general de ejército Raúl Castro siguió en esto —como en tantas otras cosas— los pasos de su hermano mayor. No obstante, él sí intervino de manera activa, desde su cargo de Presidente, en los trabajos de la Comisión de los 33, encargada de la reforma de la Constitución. Claro que, por la especial relevancia jurídica de esa labor, se trataba de un caso excepcional.
El nuevo presidente Díaz-Canel sí ha sentado nuevas pautas en este asunto. Lunes, martes y miércoles, los periódicos y el Noticiero Nacional de Televisión se han hecho eco de la permanente presencia del Jefe de Estado y Gobierno en esos órganos legislativos subalternos. Enfocan esa nueva realidad en tono positivo y laudatorio. Cubadebate, por ejemplo, recalca que él “no ha faltado a ninguno de los debates medulares de estas intensas jornadas”. Claro que los cotorrones y plumíferos no aluden a que los hermanos Castro, cuando ocuparon ese mismo cargo, actuaron de modo diferente. En la liturgia informativa comunista, hacer una comparación como ésa sería algo de muy mal gusto, y también preñado de peligros…
Pero, en puridad, esa constante asistencia del actual Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros a los trabajos de las comisiones parlamentarias, ¿debemos considerarla digna de aplauso? De cara a los resultados que cabe aguardar de la actividad legislativa, ¿resulta positiva esa presencia a tiempo completo?
Por supuesto que, en un país democrático (y ya sabemos que Cuba no lo es), tal conducta sería impensable. Desde que fueron publicados los trabajos de John Locke, el Barón de Montesquieu y James Madison (y años más tarde, cuando en Cuba desplegó su labor el Bayardo Ignacio Agramonte), se ha reconocido el papel libertario de la partición de los poderes públicos.
Esos grandes pensadores teorizaron sobre el rol que la existencia de frenos y contrapesos en la constitución de un país tiene para la salvaguarda de los derechos ciudadanos, así como para el amparo de la libertad.
Claro que ya sabemos que los castristas no se esconden para proclamar que ellos abominan de esa tripartición. Creen, por el contrario, en la existencia de “un solo poder”. Con esto (y aunque se escandalicen con la comparación), ellos se reconocen a sí mismos como herederos legítimos de Assurbanipal, Ramsés II, Nerón, Carlomagno, Felipe II, Luis XIV, Trujillo y un larguísimo etcétera.
Los constituyentistas del castrismo (me refiero a los hermanos Fidel y Raúl, que son los que tomaron las decisiones finales) se han desvelado ideando formas aparentemente novedosas para mantener su control total sobre la sociedad. Y lo han logrado. Para ello se han ajustado a las más rancias tradiciones del estalinismo. Si algo no les quita el sueño han sido justamente la libertad y los derechos de sus súbditos.
Pero los teóricos del régimen cubano, al mismo tiempo que proclaman esa “unidad de poder”, hablan de “diversidad de funciones”. Aunque todas éstas sean manifestaciones de una sola cosa (de eso que ellos llaman “el poder del pueblo”), reconocen las divergencias de principio obvias, como las que existen entre las actividades que realizan —digamos— un diputado (aunque se trate de uno tan anodino como los que nos gastamos por acá), un dirigente administrativo y un juez.
En los países democráticos, esas diferencias y la voluntad de deslindar las funciones públicas han dado lugar a decisiones que parecen extremas, pero que también son saludables. Ejemplo de ello es la terminante prohibición al Presidente de Francia —establecida desde 1875— de visitar la sede de las cámaras. O la práctica secular de Estados Unidos, donde el primer mandatario sólo concurre al Congreso para leer el Informe Anual sobre el Estado de la Unión o en situaciones excepcionales. En estos casos es recibido con todos los miramientos debidos a su alta investidura, pero cuando termina de hablar, se le escolta fuera del Capitolio. Eso sí, con todos los honores…
Se supone que un cuerpo parlamentario supervise y controle el ejercicio de las facultades ejecutivas. Incluso en Cuba, con todo y la retórica sobre la “unidad de poder”, no se excluye (al menos en teoría) esa posibilidad. ¿Pero cómo pueden realizar esa función la Asamblea Nacional y sus comisiones, cuando el “jefe de los supervisados” interviene a tiempo completo en sus trabajos e incluso preside las reuniones de comisiones parlamentarias a las que asiste! Aquí cabría recordar el título de un popular filme: Se trata de una “Misión Imposible”.
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