La renegociación de la deuda externa y sus consecuencias
“Los acuerdos con el Club de París no solo fueron excepcionales por lo que se hizo del lado de allá, también fueron excepcionales por los beneficios, presentes y futuros, que reciben del lado de acá”, afirma una fuente del Ministerio de Comercio Exterior de Cuba que ha pedido que ocultemos su identidad por razones de seguridad.
Beneficios que, según este alto funcionario, se traducen en opciones de preferencia y consenso intergubernamental en las licitaciones, incluso en caso de que cesara el embargo económico de los Estados Unidos, mayor flexibilidad en los contratos de administración e incluso en la contratación de “personal especializado o no especializado no cubano” (aspecto no contemplado en la Constitución), pero además, y quizás lo más importante, en la relajación en cuanto a los asuntos de sostenibilidad y conservación del medio ambiente, sobre todo en el uso de los acuíferos y en el empleo de materiales constructivos sobre los cuales existen alertas de la Organización Mundial de la Salud o son prohibidos bajo las normativas de la Unión Europea.
“Uno de los obstáculos mayores para la aprobación de los contratos de algunos campos de golf, como el de Caibarién o los de la zona norte de La Habana, por ejemplo, fue lograr la aprobación del CITMA (entidad gubernamental cubana que atiende Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente) y sobre todo de (Instituto de) Recursos Hidráulicos”, asegura, en condición de anonimato, un ex funcionario de la Cámara de Comercio de Cuba que además agrega:
“La mayor presión vino de Recursos Hidráulicos, tanto para los campos (de golf) como para las inmobiliarias (…), en condiciones de sequía los especialistas no pueden, por ley, aprobar contratos que representen un alto consumo y eso se paralizó con el consecuente gasto financiero y los empresarios amenazaron con retirarse (…) ahí fue cuando el propio Raúl llamó y dijo que había que aprobarlo, trajeron a Inés María Chapman (actual vicepresidenta del Consejo de Estado) y se arregló todo (…) y nadie dijo nada. (…) Hubo gente que se fue o que las obligaron a irse pero no pasó nada (…). Lo mismo en los cayos (cayería norte de Cuba, uno de los principales polos turísticos de la isla). Antes, para aprobar una laguna de oxidación era gran papeleo con el CITMA y para llevar agua también, pero ya eso es normal, no existe el obstáculo, incluso se creó una oficina para atender esas cosas”, asegura la fuente.
Los datos emitidos por el propio Instituto de Recursos Hidráulicos evidencian un retroceso en cuanto a los parámetros de acceso al agua potable y al saneamiento por parte de la población, sobre todo la rural. Cifras que, posiblemente, sean muy superiores a las que aparecen en los reportes públicos, no obstante, las que existen no dejan de ser preocupantes.
Si a la llegada de Raúl Castro en 2006, el porciento de población sin acceso al agua potable era de 3,7 % en las áreas urbanas y de 22,3 % en las zonas rurales, e incluso hubo un descenso entre 2007 y 2009, es precisamente durante el trienio siguiente, en que comienzan los ajustes económicos y las “terapias de choque”, que la cifra alcanza el record de 24,4 % para 2010 en lo rural al mismo tiempo que en las ciudades comienza de nuevo a deteriorarse el problema del acceso al agua, de modo que en la actualidad se estiman porcientos de 4,1 a 27,3, según cifras del 2017 aún no publicadas por la ONEI.
Un ritmo similar se refleja en los datos sobre la población sin acceso a saneamiento, es decir, sin baños, letrinas ni alcantarillados. De un 2,1 % (urbano) y un 10,5 % (rural) en el año 2006, la estadística (quizás manipulada) se elevó a 2,4 % (urbano) y 17,1 (rural) en el período 2009-2011, siendo hoy de 4,3 (urbano) y 23,6 (rural), según balance no publicado del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos del primer semestre de 2017.
Con la concreción de nuevos pactos en 2012 y 2013 para el reajuste de las deudas con el Club de Paris, con Rusia, China, Japón y México, entre otros, los “beneficios” se tradujeron de inmediato en una agudización del empobrecimiento, una situación que vino a complicarse con la carrera contra reloj por eliminar la dualidad monetaria, condición indispensable para el fomento de la inversión extranjera, así como la imperiosidad de retener la divisa en los bancos cubanos con vistas a una posible eliminación del embargo tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.
Militares, por encima del bien y del mal
Como se observa en las estadísticas, la oleada de recortes al presupuesto estatal en lo relacionado con la vivienda, el bienestar social, los subsidios a la producción y a los productos de primera necesidad, incluso a la investigación científica, no alcanzó a afectar las cantidades destinadas a los asuntos militares que, por el contrario, gozaron de un incremento, de modo que ha terminado por absorber el 50 % del total de lo asignado al conjunto ya mencionado.
El ritmo de gastos en las Fuerzas Armadas lejos de disminuir, con posterioridad a los planes de reducción de personal y licenciamiento de altos y medianos oficiales con la finalidad de transformarlos en directivos empresariales, ha ido en aumento vertiginoso hasta duplicarse la cantidad entre 2006 y 2011, aun cuando se estima que actualmente solo queda poco más de la mitad de los efectivos que existían en 2008 y los gastos en la adquisición de nuevo armamento es nada significativo, de acuerdo con los datos internacionales sobre este tipo de comercio.
Aun así, las Fuerzas Armadas son señaladas dentro de la isla y por el propio gobierno como uno de los más altos consumidores de las reservas estatales y aunque no fueron aludidas directamente como causantes de un retroceso en las cuestiones de la deuda externa, se intuye que son ese sujeto severamente advertido por Raúl Castro en su última intervención frente a la Asamblea Nacional en abril de este año, por la responsabilidad en el uso de las reservas de petróleo. Una deuda aún por reponer que pudiera ser la causante de que, en los próximos meses, varios altos oficiales sean cesados en sus puestos.
Varios funcionarios de la Unidad de Construcciones Militares, consultados por Cubanet con respecto al incremento de gastos en las Fuerzas Armadas durante los últimos diez años, coinciden en afirmar que, al menos entre 2016 y 2018, los gastos anuales de combustible y en importación de equipos y materiales para la construcción superaron los mil 600 millones de dólares, una cifra que casi duplica lo aprobado en el plan anual de ejecución del presupuesto para tales cuestiones, por lo que han tenido que acudir al uso de las reservas estatales, con lo cual se han visto afectados, entre otros asuntos, los planes de vivienda y de subsidios a la producción industrial y a productos de primera necesidad, así como el bienestar social.
Desde que Raúl Castro asumiera el control total del país, las Fuerzas Armadas no solo han absorbido el grueso de la economía cubana sino que, debido a su carácter autónomo, al margen de la Cámara de Comercio, la Banca Nacional y las instituciones tributarias, con sus propios mecanismos de auditorías y sus privilegios como entidad con capacidad de importación y exportación, han sido un feudo cerrado y útil para poder ejecutar todo tipo de acciones y experimentos económicos y financieros que pudieran entrar en contradicción con los presupuestos ideológicos de un sistema político opuesto, aunque solo sea en teoría, a los mecanismos más brutales del sistema capitalista.
