LA HABANA, Cuba. – Después de 11 años de iniciar la entrega de tierras en usufructo en Cuba prevalece la escasez de alimentos. Las prohibiciones a los productores mutaron, los insuficientes cambios fueron paralizados o revertidos, y el control estatal se reforzó mientras retornaba el Sistema de Acopio de productos agrícolas.
Con los alegados propósitos de liberar las fuerzas productivas del sector agropecuario y forestal, solucionar dificultades de las cooperativas y eliminar la dispersión legislativa el 23 de mayo la Gaceta Oficial publicó el Decreto Ley No. 365 y su Reglamento, y el Decreto No. 354. La retención de esos documentos firmados por el presidente Díaz-Canel en octubre y diciembre de 2018, respectivamente, es significativa, así como su entrada en vigor dentro de seis meses. En realidad, con ellos se restringe al detalle todo el funcionamiento de las cooperativas y la actividad de los usufructuarios y los campesinos. Ahora lo permitido expone la cantidad de prohibiciones que existían y las que permanecen.
A causa de esta legislación las cooperativas continuarán atadas por la determinación de las siembras, la concesión de tierras por encargo estatal y los precios fijados por el Estado. A partir de ahora se consolida la relación entre la cooperativa y la empresa agropecuaria, que controla los procesos de gestión, planificación, producción y contratación de las producciones para satisfacer la demanda planificada. También se ejerce la supervisión por los gobiernos locales, el Ministerio de la Agricultura, Azcuba, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), y las organizaciones políticas y de masas.
Con las normas jurídicas se refuerza el papel del contrato, que ha sido deficientemente elaborado y asiduamente incumplido, incluyendo la mora en los pagos a los productores por períodos prolongados, lo cual origina una cadena de impagos que desestimulan la producción y su calidad.
Entre las modificaciones ahora se autoriza vender las producciones después de cumplidos los contratos y relacionarse directamente con personas naturales y jurídicas en lo relativo al mercado de insumos, servicios y productos. También se permite contratar directamente la fuerza de trabajo que los productores requieran. Se unifica la formación y distribución de los fondos en correspondencia con las características de cada forma cooperativa, lo que será potestad de la asamblea general, la cual decide el porcentaje de utilidades a distribuir entre sus miembros, después de pagar las obligaciones.
La nueva legislación ratifica que las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) tendrán como función principal facilitar a los asociados el acceso a créditos bancarios, insumos y servicios que completan los ciclos tecnológicos, la contratación y comercialización de las producciones; y contribuir al desarrollo integral de la comunidad donde están ubicadas. Los medios propiedad de los agricultores pequeños (tractores, maquinarias, medios de transporte, equipos de riego y otros) se podrán poner al servicio de las personas naturales y jurídicas, sin que ello requiera mediaciones de ninguna entidad.
Las producciones agropecuaria, forestal y cañera serán realizadas por las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), granjas estatales, CCS, agricultores pequeños no asociados y otras formas organizativas de menor escala relacionadas con el autoconsumo de organismos.
Las UBPC, creadas en 1993 con las tierras y las enormes deudas de las antiguas granjas estatales, poseen el 42 % de la superficie agrícola de Cuba, y han atravesado un proceso de restructuración y desactivación debido a sus pérdidas, improductividad y otros problemas. Las CPA tienen el 12 % y las CCS y los campesinos privados el 28 % de la tierra cultivable. Entre todos aportan más del 80 % de la producción de leche, viandas, hortalizas, maíz, frijol, frutales. Los agricultores pequeños, propietarios privados, siempre han realizado los mayores aportes, principalmente en el ramo del tabaco, a pesar de poseer menos cantidad de tierra.
Las empresas estatales concentran la producción de cítricos, forestal, cultivos protegidos, avícola, semillas registradas, reproducción porcina, genética de todas las especies y ganadería bufalina. Existen 240 empresas vinculadas al sector cooperativo, 4 828 cooperativas y 444 235 miembros, según aseguró en conferencia de prensa Ricardo Monzón Novoa, director de Desarrollo Cooperativo del Ministerio de la Agricultura (Minag).
La nueva reglamentación deroga la Ley No. 95 de 2002 para las CPA y las CCS y su reglamento, el acuerdo No. 5454 del Consejo de Ministros del 17 de mayo del 2005, el Decreto Ley No. 142 de 1993 sobre las UBPC y su reglamento (Resolución 574/2012), así como el acuerdo 7271/12 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.
El gobierno enfatiza la necesidad de aumentar y encadenar las producciones para sustituir importaciones y exportar, cuando la carencia de liquidez y acceso a créditos, la pérdida de la asistencia de Venezuela y el recrudecimiento del embargo-bloqueo por Estados Unidos agudizarán las dificultades económicas en el futuro inmediato. Aunque se han copiado algunas reformas de Vietnam, prevalece el pánico a perder el control absoluto mediante el exitoso socialismo de mercado. La apertura en la agricultura y las posibilidades de emprendimiento autónomo en todos los oficios y profesiones continúan postergados.
