LA HABANA, Cuba. – Este 13 de julio arribamos a los aniversarios cerrados de dos hechos sobre los cuales la historiografía castrista, autoproclamada defensora de la memoria histórica de la nación, ha preferido guardar silencio.
En 1989, hace ahora 30 años, fueron fusilados cuatro militares acusados de estar vinculados con el narcotráfico internacional y de realizar otras actividades ilícitas: el general Arnaldo Ochoa, el coronel Antonio de la Guardia, el mayor Amado Padrón y el capitán Jorge Martínez.
Una amplia cobertura mediática, con destaque para la televisión y la radio nacionales, siguió todo el proceso judicial de los inculpados. Un proceso en el que sobresalió -y hasta asombró a muchos- el encausamiento del general Ochoa, un hombre que pocos años antes había recibido el título de Héroe de la República de Cuba debido a sus exitosas misiones en África, además de la confianza que la cúpula del poder siempre había depositado en él.
Parecido a lo sucedido en la Unión Soviética en los años 30, cuando José Stalin se deshizo de varios de sus cercanos colaboradores, lo primero era ensuciar la imagen del héroe de antaño para que la opinión pública se convenciera de sus “crímenes” contra el pueblo o la Revolución. En ese contexto, un selecto grupo de generales se reunió para degradar a Ochoa. Una ocasión en la que se pudo apreciar la envidia que muchos de sus antiguos camaradas sentían hacia él, entre ellos Senén Casas Regueiro, el primero en sugerir la pena de muerte para el brillante jefe militar.
A la postre, el cubano de a pie quedó con la duda de si realmente los acusados habían cometido las infracciones que se les imputaban, o si se trató de una hábil jugada de las autoridades, porque los gobernantes, como decimos en buen cubano, “lograron matar dos pájaros de un tiro”. Por una parte se ofreció la imagen de un gobierno que nada tenía que ver con el narcotráfico, el cual había sido obra de algunos militares aislados. Y por otro lado, la aparatosa cobertura mediática de este proceso judicial pretendió desviar la atención del público cubano acerca de lo que estaba ocurriendo en Europa oriental, donde, por esos días, el denominado “socialismo real” se caía a pedazos. Apenas cuatro meses después de estos fusilamientos se derrumbaba el Muro de Berlín, ignominioso símbolo de un sistema político como el que padecían los cubanos.
Quiso el azar que otro 13 de julio, cinco años más tarde, sobrevinieran otras muertes, esta vez más horrendas e injustificables. Alrededor de cuarenta personas, entre ellas varios niños, resultaron ahogados muy cerca de las costas cubanas cuando embarcaciones gubernamentales hundieron el Remolcador 13 de Marzo, en el que esas personas intentaban huir de la terrible crisis económica que afrontaba el país.
En más de una ocasión la maquinaria del poder ha pretendido desmarcarse de semejante crimen y presentarlo solo como una acción de los que conducían las embarcaciones oficialistas. Sin embargo, la crueldad del castrismo ha quedado confirmada cuando no permiten que los familiares de las víctimas depositen flores en las aguas del litoral habanero cada 13 de julio.
Los gobernantes aspiran a que las nuevas generaciones de cubanos, esas que no vivieron aquellas jornadas, nunca sepan de tales asesinatos. Por eso, por ejemplo, no mencionan que la Ley Helms-Burton -y tanto que hablan de ella- fue la respuesta a la masacre cometida por la aviación cubana de cuatro jóvenes de la organización Hermanos al Rescate.
Pero, más tarde o más temprano, la verdad se abrirá paso. Entonces los libros de Historia con los que estudien los niños y jóvenes de nuestro país se referirán a todas esas muertes.
