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Las nacionalizaciones de propiedad en Cuba: hitos y efectos

MADRID, España.- El 1 de enero de 1959, con el triunfo de la revolución cubana, comenzó una nueva etapa de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba que culminó en la ruptura de las relaciones diplomáticas y consulares el 3 de enero de 1961.

Durante este período las tensiones entre los dos países fueron acrecentándose en la medida que se promulgaban medidas por el gobierno revolucionario, que rompían con la estructura económica establecida desde el comienzo de la República, el 20 de mayo de 1902. Una parte importante de estas medidas eran nacionalizaciones del capital privado existente en el país, sin pago de compensaciones.

Los procesos de nacionalizaciones en Cuba comenzaron poco después de la revolución. El 10 de enero de 1959 el nuevo régimen decretó la confiscación de las propiedades privadas por “delitos políticos” a los colaboradores de Batista y sobre todo, de lo que denominaron “bienes malversados”, dentro de un paquete de normas que suponía la modificación de la constitución de 1940 que finalmente fue sustituida por una Ley fundamental que otorgaba la producción de normas al consejo de ministros. El estado de derecho quedaba abolido y sus consecuencias sobre el marco jurídico de derechos de propiedad no tardaría en llegar.

La propaganda comunista intentó presentar un escenario favorable a sus tesis, pero no cabe la menor duda que Cuba en 1959 contaba con una sociedad más equilibrada que la media de otros países de América Latina y con un nivel de PIB per cápita ligeramente superior al de algunos países europeos. Y sobre todo, lo más importante, se observaba la existencia de una amplia y poderosa clase media integrada por comerciantes, pequeños y medianos; productores, profesionales liberales, maestros, obreros y empleados que, en mayor o menor grado, disfrutaban de unos niveles de vida similares a los de países más avanzados.

Cierto es que había un sector de la población que vivía al nivel de la pobreza, sobre todo, en el sector agrario, pero el porcentaje no era superior al registrado en otros países de la zona, y además, venía motivado por el carácter estacional del azúcar cubano. El principal problema se encontraba en las situaciones de desempleo temporales, pero ya existían mecanismos para su corrección.

Es por ello evidente que los nuevos dirigentes comunistas tenían unos planes claros para transformar la estructura socio económica de Cuba y los pusieron en práctica de forma inmediata. De tal modo que en junio de 1959 se publicó la primera ley de Reforma Agraria del 17 de mayo, que tenía como objetivos la expropiación de las grandes explotaciones calificadas como latifundio (en su mayoría propiedad de ciudadanos estadounidenses), la proscripción a extranjeros de la propiedad de la tierra y la entrega de cierta cantidad de tierra a los campesinos, al tiempo que la mayor parte de la superficie agrícola pasaba a manos del estado.  Un mes antes, había sido fundado el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), un organismo del estado encargado de encauzar la idea de la tierra como medio de producción de titularidad colectiva no transable.

El INRA fue presidido por Fidel Castro, y pese a haber desaparecido hace años, sus principios y supuestos se han mantenido hasta el texto constitucional reciente de 2019. En Cuba, la tierra no puede ser objeto de transacciones de mercado, compra o venta, y su explotación debe ajustarse a las fórmulas dispuestas por el estado comunista, como el arrendamiento a largo plazo.

Los revolucionarios siempre culparon al contencioso con Estados Unidos y la cuota azucarera como el motivo de la continuidad de las nacionalizaciones de propiedades en Cuba, pero los hechos históricos vienen a confirmar que el nuevo régimen comunista tenía un diseño definido para captar todos los medios de producción y no solo la tierra, para las manos del estado. De modo que, en cuanto surgieron las primeras divergencias políticas e ideológicas entre Cuba y Estados Unidos por el contencioso abierto, y la lógica exigencia de este país de un pago a los expropiados, el proceso de confiscaciones continuó de forma organizada, cebándose por ejemplo sobre la prensa libre que existía en Cuba.

El 9 de marzo de 1960 era nacionalizado el periódico El Mundo. Tan solo 22 días después, los revolucionarios procedían a la nacionalización de las emisoras de radio y televisión CMQ de los hermanos Abel y Goar Mestre, que se ven obligados a huir del país. El régimen fusiona todas las emisoras de radio y televisión en el denominado Frente Independiente de Emisoras Libres bajo la dirección del periodista Pardo Llada. Poco después corría la misma suerte el periódico Prensa Libre de Sergio Carbó. El 12 de junio se procedía a la nacionalización de los hoteles Havana Hilton y Nacional, sin compensación alguna a los propietarios estadounidenses y cubanos.

En respuesta a las demandas de Estados Unidos por el pago del justiprecio, el siguiente hito en el proceso llegó con la Ley No. 851, del 6 de julio de 1960 que estableció la forma y modo de indemnizar el valor de las propiedades de personas naturales o jurídicas nacionales de los Estados Unidos de América que fueran objeto de nacionalización. El sistema de pago, basado en bonos del estado de nulo valor o la exigencia de un fondo constituido con los ingresos a obtener por Cuba de la venta de azúcar, no fueron aceptados por Estados Unidos, que interpretó esta Ley como una burla revolucionaria a los expropiados.

De modo que a partir de dicho momento, el proceso de nacionalización de las propiedades extranjeras se aceleró como consecuencia de la vía emprendida por las autoridades comunistas, y así, en consonancia, un paso destacado se dio con las empresas petroleras propietarias de las refinerías, a comienzos de junio de 1960, primero con Texaco y Esso de Estados Unidos y poco después con la Shell británica, siempre sin pago por compensaciones.

Esto hizo que las compañías, todas de Estados Unidos, informaran que no iban a continuar los suministros de petróleo a la Isla al tiempo que se prohibía a sus refinerías en la Isla que procesaran el petróleo proveniente de otros mercados. Sin embargo, esta posición tropezaba con lo establecido en la Ley cubana de Minerales y Combustibles vigente desde el 9 de mayo de 1938, que establecía la obligatoriedad de esas empresas de procesar el petróleo crudo que el Estado le suministrara.

En este momento, el gobierno revolucionario cubano anunció su disposición a nacionalizar todas las empresas de Estados Unidos en la Isla, siempre que lo exigiera el interés nacional, lo que suponía abrir la caja de Pandora. El 24 de junio de 1960, el presidente de los Estados Unidos, Ike Eisenhower, solicitó al Congreso norteamericano poderes discrecionales para eliminar la cuota de importación de azúcar a Cuba, decisión que se hizo efectiva el 6 de julio de 1960, lo que supuso la cancelación de 700 000 toneladas pendientes de la cuota de 1960, lo que significó para la revolución una pérdida de ingresos, al ser las exportaciones de azúcar, sobre todo a Estados Unidos, el principal capítulo del comercio exterior de la Isla.

Los Estados Unidos, con esta decisión, dejaron claro que no estaban dispuestos a aceptar pago alguno por las nacionalizaciones con cargo a la cuota azucarera, exigiendo nuevamente las indemnizaciones con liquidez y de forma inmediata. Una demanda que la revolución ni escuchó, arreciando sus ataques y denuncias contra Estados Unidos en los foros internacionales, Naciones Unidas, OEA, etc. Una medida consistió en exigir a las empresas de Estados Unidos presentar declaraciones juradas sobre sus bienes y cuentas bancarias, lo que generó no pocas protestas.

De forma simultánea la URSS anunciaba la compra inmediata del azúcar que no fuese adquirido por Estados Unidos, dando contenido al convenio comercial Cuba-URSS firmado en febrero de ese año, por el cuál la URSS se comprometía a comprar un millón de toneladas de azúcar en 1960 y la misma cantidad hasta 1965 y se otorgaba a la isla un crédito de 100 millones de dólares para construir plantas industriales. Detrás de la URSS el resto de satélites del pacto de Varsovia firmaron convenios comerciales con Cuba. En el curso de solo unos meses, el comercio exterior de la isla rompió lo que había sido su modelo geopolítico desde tiempos coloniales.

De modo que estando así las cosas, el 6 de agosto el régimen revolucionario emprendía la nacionalización de las principales empresas de Estados Unidos en Cuba: 36 centrales azucareros, la Compañía de teléfonos y la compañía cubana de electricidad, entre otras. Un mes después, el presidente Einsehower anunciaba la implantación de un embargo comercial a Cuba, motivado por las nacionalizaciones sin compensaciones a sus propietarios. En la XV Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York Fidel Castro lanzó duras acusaciones a Einsehower por hostigar la revolución, sin citar que todo el contencioso había venido motivado por la clara apuesta del régimen por el comunismo, en plena guerra fría. El contencioso entre los dos países saltaba a la arena internacional. Todavía de visita en Nueva York, Fidel Castro ordenó la nacionalización de los bancos de Estados Unidos en Cuba, entre los que se encontraban el Chase Manhattan y el City Bank, entre otros.

Pero realmente, el punto de inflexión más importante en la acción confiscatoria del régimen comunista en Cuba llegó en septiembre de 1960 con la promulgación de las Leyes 890 y 891. La primera procedía a la nacionalización de 105 centrales azucareros, las fábricas de cosméticos Crusellas y Sabatés, las cervecerías Hatuey, Tropical y Polar, las principales droguerías como Sarrá, Taquechel y Johnson, las tiendas comerciales por departamentos tanto en La Habana como en provincias, las empresas de ferrocarriles privadas  y las 18 destilerías principales, entre las que estaban Bacardí y Arechabala. En total, por medio de las nacionalizaciones de capital privado sin pago por las compensaciones, el régimen comunista se hizo con 376 empresas industriales y comerciales cubanas. Sus propietarios, en muchos casos, tuvieron que salir huyendo del país para evitar males mayores. El estado de derecho que hubiera permitido la defensa en tribunales independientes ya no existía en Cuba.

Por su parte, la Ley 891 nacionalizó todo el sistema bancario de propiedad privada, con sus correspondientes sucursales, y otras 273 empresas. Las leyes citadas publicaban como anexo la relación de las empresas que pasaban a propiedad del estado por el proceso de nacionalizaciones.

Al mismo tiempo, el régimen publicó la Ley de Reforma Urbana, que desposeía de sus propiedades inmobiliarias a personas naturales y jurídicas que fueran titulares de más de una vivienda. Las rentas a partir de entonces se pagarían por los inquilinos al estado.  En este mes de octubre también eran nacionalizadas las salas de cine, las compañías de transporte, de modo que el paisaje de la economía a finales de año era muy diferente del que había existido antes de 1959.

Como consecuencia de estas medidas, y la nuevas expropiaciones sin compensación de 166 empresas más de ciudadanos norteamericanos, Estados Unidos rompía relaciones diplomáticas con Cuba y decidía reforzar el embargo comercial contra Cuba, exceptuando alimentos básicos y medicinas. Pero en aquel momento, las relaciones económicas de Cuba con el pacto de Varsovia y la URSS dejaban en un segundo plano los efectos de dicho embargo. A mediados de 1961, el ministro de comercio exterior Alberto Mora decía que el 75% de las exportaciones e importaciones cubanas se canalizaban hacia los países socialistas.

En el mes de agosto de 1961 se culminó esta primera fase del proceso de nacionalizaciones cuando tuvo lugar el primer “corralito” de la historia de América Latina, provocado por la decisión del Banco Central de Cuba, a la sazón presidido por el Che Guevara, de cambiar sin previo aviso la moneda nacional por nuevos billetes de banco impresos en Checoslovaquia. El cambio se realizó en un día laboral, provocando largas colas e historia entre los depositantes, que tan solo fueron autorizados a cambiar un tope de 400 pesos cubanos por persona. El resto quedaron en propiedad de los bancos, que ya funcionaban como agencias estatales. Las cuentas bancarias, a resulta de esta decisión, quedaron bloqueadas.

Desde finales de 1961 hasta 1968 el proceso nacionalizador, una vez transferidos al estado los principales medios de producción, se limitó a la incautación de las propiedades que iban dejando atrás los cubanos que elegían la vía del exilio para huir del régimen comunista. Se calcula que alrededor de un millón dejaron la Isla en dicho período, y sus activos, sobre todo inmuebles, viviendas, pasaron a manos del estado tras los inventarios en que, hasta los enseres domésticos, la ropa o calzado, eran confiscados sin compensación. Los cubanos al salir de Cuba eran desposeídos para siempre de todos sus bienes.

El último hito en este proceso confiscatorio llegó en 1968. Tras constatar que la gestión estatal de la economía y la planificación central no eran la panacea para resolver los problemas existentes en Cuba, las autoridades en el mes de marzo de 1968 lanzaron la denominada “ofensiva revolucionaria”. Basada en la idea de crear un “hombre nuevo” de la revolución, el régimen procedió a extinguir los pequeños espacios que sobrevivían de actividad privada, confiscando sin compensaciones a 50 000 pequeños comercios. Los titulares de dichos establecimientos, de forma mayoritaria, huyeron del país, en los “vuelos de la libertad”, y como consecuencia de ello tuvo lugar un notable desabastecimiento de todo tipo de productos, sobre todo de alimentos y de numerosos servicios.

Las penurias del período anterior se acrecentaron de forma intensa a partir de la “ofensiva revolucionaria” y al aparato comunista no se le ocurrió otra cosa que lanzar la propuesta de la campaña de los 10 millones para la cosecha de azúcar en 1969. Un objetivo que no se cumplió y que, para muchos, supuso realmente el final de la llamada revolución cubana, y la entrada en una etapa de institucionalización bajo supervisión soviética.

El impacto económico de las confiscaciones de derechos de propiedad constituye, 62 años después, un asunto que requiere la máxima atención por parte de los responsables económicos. No es un asunto que se pueda dejar sin resolución. Una vez el estado de derecho vuelva a establecerse en la Isla, como consecuencia de un saludable retorno a la democracia, la atención a las consecuencias de las confiscaciones deberá ser objetivo prioritario. Los países del Este de Europa que dejaron atrás estructuras comunistas tras el derrumbe del muro de Berlín, lo han hecho y han tenido éxito notable en los procesos seguidos.

Existen numerosas vías para privatizar la estructura económica de un país, y lo único que se necesita es voluntad y determinación política, y adaptar el procedimiento a las características socio económicas de cada país. Esto significa que el modelo privatizador de República Checa o Rumania, puede no ser el adecuado para Cuba y por ello, esta labor tendrá que ser objeto de reflexión y, desde luego, de un gran pacto nacional de todas las fuerzas políticas por recomponer el marco jurídico de derechos de propiedad anterior a las nacionalizaciones comunistas.

El curso de la historia y el tiempo transcurrido puede suponer que no se pueda ejercer la justa demanda de restitución y/o compensación del capital nacionalizado por los sucesores o herederos, pero ello no es obstáculo para que se emprenda ese camino que representa la justicia histórica, más aun si se tiene en cuenta que aquella “ley fundamental” con la que la revolución emprendió las confiscaciones carece de cualquier reconocimiento internacional. Por ello, este proceso de restitución de derechos de propiedad privada debidamente inserto en el marco del estado de derecho de la nueva democracia, debería contar con el concurso y apoyo de las instituciones internacionales especializadas a fin de no suponer costes excesivos a la nación democrática. El mero hecho de emprender esta tarea de justicia histórica dará al nuevo gobierno un reconocimiento internacional que supondrá un cambio de 180º en la imagen internacional de Cuba. Vale la pena intentarlo.

La propiedad privada y los derechos asociados a la misma permanecen en el tiempo. Más aun cuando es eliminada de los legítimos titulares por confiscaciones o nacionalizaciones que no van acompañadas de las indemnizaciones. En todos lo países estos procesos siguen unos modelos y pautas que en el caso cubano nunca fueron respetados, condenando a los cubanos a la destrucción de sus derechos de propiedad privada con las secuelas que se pueden observar en el estado de los inmuebles, empresas y activos productivos. La propiedad rige la distribución de la renta para los distintos factores que participan en el proceso productivo, exige recursos para su conservación y ampliación, así como para su mejora y eficiencia. Nada de eso se ha hecho en Cuba en 62 años porque el estado, único dueño del capital productivo del país, ha asignado recursos con criterios arbitrarios y políticos que no siguen las reglas de la economía de mercado libre. El modelo social comunista fracasa con la propiedad y el caso de Cuba es un ejemplo más que evidente.

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