Reunión del Consejo de Ministros (Cubadebate)
LA HABANA, Cuba.- El Consejo de Ministros analizó el desempeño de la economía en el primer semestre de 2017, conoció la liquidación del Presupuesto del Estado en 2016, y aprobó modificaciones a la política para la entrega de tierras ociosas y medidas relacionadas con el trabajo por cuenta propia y las cooperativas no agropecuarias, información publicada el 29 de junio. Las cifras, los detalles de las medidas y las legislaciones pertinentes están pendientes. La reunión antecedió a la sesión de la Asamblea Nacional del 14 de julio, práctica establecida por el mandatario Raúl Castro.
El comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB), con un incremento del 2% previsto a pesar del decrecimiento en 0,9% en 2016, no se mencionó, sino que Ricardo Cabrisas, vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, expresó que “el desempeño de la economía nacional estuvo en correspondencia con los pronósticos elaborados para la planificación de 2017” y “en aras de cumplir el plan, se continúa trabajando en la adopción de medidas para garantizar las actividades priorizadas que aseguran la vitalidad de la economía”.
El vicepresidente señaló que se proyecta alcanzar un 98% de las inversiones previstas; las principales producciones agrícolas reportan cumplimientos favorables, y las viandas y hortalizas se sobrecumplen; la leche y la carne vacuna están por debajo del plan; la producción de azúcar se incrementó en 20%, pero incumplió en 300 000 toneladas; y el transporte tuvo afectaciones en las cargas, sobre todo en el sistema ferroviario (que es un desastre). Solo el turismo ha tenido un 20% de crecimiento, con 2 600 000 visitantes entre enero y mayo. Asimismo se destacó que la sequía ha impactado negativamente en los resultados de este plan.
La ampliación del usufructo de la tierra a 20 años (eran 10 años), prorrogable sucesivamente por igual término, aprobado por el Consejo de Ministros, era una medida indispensable, pues las condiciones en que fueron entregadas desde 2008 no incentivaban a comenzar una faena tan ardua. Marino Murillo, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, señaló que hasta septiembre de 2016 se usufructuó 1 917 000 hectáreas de tierra, el 31% de la superficie agrícola del país, pero actualmente la solicitud de tierra es muy limitada, pues generalmente las disponibles son menos productivas, altamente infestadas de marabú, alejadas de las poblaciones, servicios básicos o con dificultades de acceso al agua. También anunció como nuevas causas de extinción del usufructo la utilización con financiamientos ilícitos, que las tierras tienen que ser trabajadas y administradas personal y directamente, y que se comenzarán a aplicar con gradualidad los impuestos previstos en la ley tributaria.
Las constreñidas medidas adoptadas en la agricultura no han logrado el incremento de la producción de alimentos. Durante los 8 años transcurridos desde el comienzo de la entrega de tierras estatales abandonadas se han eliminado solo las prohibiciones más absurdas, como construir almacén y vivienda. Al nuevo agricultor, posiblemente sin vínculo anterior con los trabajos agrícolas, se ha obligado a realizar grandes esfuerzos en tierras degradadas, con bosques de marabú, sin instrumentos elementales como el machete, bueyes a falta de tractor, electricidad, ropa y calzado. Los usufructuarios tienen que pagar altos precios por artículos de ínfima calidad, depender de las asignaciones de recursos y determinación de los pedidos y los precios estatales, así como vincularse a una cooperativa. A la ampliación del tiempo de usufructo ha contribuido la necesidad de crianza de ganado, y la siembra de árboles frutales y madereros.
Un conjunto de medidas para mejorar la organización y control del trabajo por cuenta propia se promulgará según el vicepresidente Murillo, que confirmó su validez como fuente de empleo, y la oferta de bienes y servicios con calidad aceptable. Sin embargo, el Gobierno lo mantiene estancado en unos 550 000 desde hace años, y obstrucciona su crecimiento, que favorecería la calidad de vida tan precaria de los cubanos y contribuiría a la economía actualmente en situación muy crítica. También mencionó que “han sido detectadas desviaciones en el diseño de la política, como la utilización de materias primas, materiales y equipos a de procedencia ilícita; incumplimiento de obligaciones tributarias y subdeclaración de ingresos; imprecisiones e insuficiencias en el control; y deficiencias en la contratación económica para la prestación de servicios o productos entre personas jurídicas (estatales) y personas naturales”. Debe tenerse en cuenta que los cuentapropistas tienen que pagar altos precios en las tiendas de venta minorista del gobierno, mal abastecidas, pues el prometido mercado mayorista no llega, y no pueden importar ni exportar directamente, así como altos impuestos.
Sobre las 429 cooperativas no agropecuarias, el vicepresidente anunció la prioridad de consolidarlas en esta etapa del proceso experimental. Señaló que durante un estudio de su funcionamiento, en algunos casos se comprobaron desviaciones de la idea original, falta de rigor y exigencia en el seguimiento, control y fiscalización; tendencia al incremento de los precios; y utilización de los créditos bancarios con fines diferentes a los conceptos para los cuales fueron otorgados. No obstante, ratificó que constituyen una alternativa para liberar al Estado de la administración de actividades económicas, productivas y de servicios que no se consideren principales, por lo que continuarán avanzando en el experimento para “corregir las desviaciones y obtener las experiencias necesarias”.
Resulta difícil sustentar que se alcanzará la meta prevista en el plan de 2017, cuando no se sustenta con aumentos productivos, han disminuido notablemente los insumos por carencia de divisa para la contratación debido a la disminución de las exportaciones de servicios y la llegada de petróleo de Venezuela, imponiendo su compra a precios del mercado mundial y la pérdida de las ganancias por las reexportaciones, las inversiones extranjeras son ínfimas, los salarios desestimulan el trabajo y se paralizan o revierten las tímidas reformas.
