LA HABANA.- El gobierno cubano lleva muchos años ignorando las disposiciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en materia de derechos humanos, en especial los derechos vinculados con las libertades individuales.
La denominada Comisión de Derechos Humanos condenaba año tras año a las autoridades castristas. Sin embargo, el discurso oficialista de la isla argumentaba que se trataba de una componenda de Estados Unidos y sus aliados de Occidente para agredir a la revolución cubana.
Y como ha sucedido en más de una ocasión, la ONU terminó por complacer a los gobiernos que, como el de Cuba, eran flagrantes violadores de tales derechos. Se dio por concluida la labor de dicha Comisión, y se sustituyó por un Examen Periódico Universal (EPU), al que todas las naciones debían someterse cada cierto tiempo.
En el año 2013 Cuba pasó ese Examen por segunda ocasión. En esa oportunidad recibió una serie de recomendaciones con vistas a que se respetaran ciertos derechos humanos. Veamos algunas de esas recomendaciones y comparémoslas con la situación actual de la isla.
La República Checa solicitó la “aplicación de garantías jurídicas que aseguren la protección de los defensores de los derechos humanos, incluido los periodistas, frente al abuso de las disposiciones relativas al enjuiciamiento penal”. Una solicitud parecida fue presentada también por la representación de Alemania.
Nada ha cambiado en la isla en lo concerniente al abuso del poder judicial contra los defensores de los derechos humanos. Los jueces, fiscales y hasta los abogados de la defensa son, en su gran mayoría, militantes del Partido Comunista, y antes que aplicar justicia, responden a los intereses de esa agrupación política.
Rumanía, por su parte, recomendó “eliminar las restricciones a la libertad de expresión, en particular con respecto a la conexión a Internet”. Una recomendación secundada por Estonia, Hungría, Suiza, Canadá, Australia y Francia. Cinco años después, el gobierno cubano pregona que el acceso a Internet se ha extendido en el país, sin embargo mantiene bloqueado el acceso a varios medios digitales que muestran fidedignamente la situación de la isla. Y con respecto a la libertad de expresión en general, las autoridades conservan el monopolio de los medios, los que, por supuesto, solo expresan el punto de vista oficial.
España abogó por el respeto a las libertades de asociación y reunión, y que “se reconozca la personalidad jurídica a las asociaciones de derechos humanos mediante un sistema de registro oficial inclusivo”. Ni registro, ni personalidad jurídica reconocida. En cambio, son incontables las ocasiones en que operativos de la Seguridad del Estado impiden la realización de reuniones pacíficas.
El Reino Unido de Gran Bretaña solicitó “poner fin a las detenciones de corta duración contra opositores y periodistas independientes”. La cotidianidad de la isla corrobora que esas detenciones se mantienen, y en ocasiones se usan para impedir la salida del país a esas personas.
Los Países Bajos, por su parte, recomendaron “proteger a todas las personas que sean víctimas de intimidación o violencia”. Y las autoridades cubanas han hecho todo lo contrario. Que les pregunten a las Damas de Blanco, que siguen afrontando los abusos y malos tratos por parte del gobierno y sus tropas de choque.
No obstante el desprecio con que los gobernantes cubanos acogen estas recomendaciones, por estos días el canciller Bruno Rodríguez Parrilla ha viajado a Ginebra para presentar la situación cubana ante una nueva sesión del EPU, y lo ha hecho, según sus propias palabras, “con la satisfacción del deber cumplido”. De seguro habrá nuevas recomendaciones y otros tantos incumplimientos por parte del castrismo. La inoperancia continúa lastrando a esa instancia de la ONU.
