MIAMI, Estados Unidos. – Acaban de cumplirse 60 años del fusilamiento en la Loma de San Juan de Santiago de Cuba. Para recordar el evento, Julio M. Shiling publicó un artículo en CubaNet el pasado 11 de enero. Su lectura nos da la impresión de que aquel grotesco acontecimiento ocurrió en el vacío, sin relación alguna con el pasado: ¿desconocimiento de la historia o amnesia?
Durante casi siete años, los santiagueros vivieron en estado de sitio: les violaron la santidad de los hogares, les asesinaron sus esposos, torturaron a sus hijos, encarcelaron a sus mujeres y golpearon con saña a quienes se atrevieron a protestar. Un estimado conservador cifra en más de 400 los asesinatos, la mayoría adolescentes. En todas y cada una de las defensas de los fusilados no he leído una sola mención a las víctimas de muchos de esos que fueron “pasados por las armas”.
El argumento principal para el uso de la palabra “masacre” (¿saben que ese era el sobrenombre del coronel Salas Cañizares en Santiago?) reside en que no se respetó el principio de considerar a un acusado inocente hasta que se pruebe lo contrario. De acuerdo. Entonces, ¿por qué no mencionan en qué momento les celebraron juicio a los adolescentes que sacaban de sus hogares por la madrugada para aparecer al día siguiente asesinados después de ser torturados?
Nunca se menciona el informe que el Consulado de Estados Unidos en Santiago de Cuba envió al Departamento de Estado el 14 de enero de 1959. Dicho informe alega que, “a pesar de las dudas y un rechazo menor, el público en general cree que los responsables de los asesinatos deben ser eliminados”. El informe reconoce que “muchos de los ejecutados eran bien conocidos por la población como matones y asesinos de la peor calaña. Hay pocas dudas, pero algunos hubieran enfrentado la posibilidad de la pena de muerte en cualquier estado que tuviera este juicio o los crímenes de guerra en diferentes circunstancias”.
He aquí algunos de los fusilados con los delitos que se les imputaron. La fuente principal usada por todos es Documento 0087 de Tom Dunkin, complementado con otras fuentes:
- Eladio Abreu Pedroso – Torturas a prisioneros en Cuartel Moncada y asesinato de Francisco (Coqui) Bosh Soto.
- Fernando Álvarez Díaz – Torturas y asesinato de Andrés Cobas Mustelier.
- Antonio Barrero Silva – Asesinato de Ramiro Blanco Torres, junto al teniente Enrique Despaigne, y la de Bosh Soto, con el sargento Eladio Abreu.
- René Caso Pérez – Asesinatos de Rafael Palomo Canceller y el de Pérez Castillo. Junto al teniente Despaigne, detuvo y asesinó a los hermanos Ramón, Sergio, Melquiades y Hernán Marañón Pérez y a su primo Marcelo Pacheco Pérez.
- Víctor M. Castro Lora – Asesinato de Juan Rolando Ferrer.
- Enrique Despaigne Moret (Mano Negra) – Asesinatos de Ramiro Blanco Torres, Luis Caucel, Luis Galee Seguras, Arturo Hung Vicente, Norberto Emilio Macías, Luis Enrique Calá, Marcelino Veranes Delis, William Soler Ledea y Froilán Guerra Ramírez. Detuvo en sus hogares a los cuatro hermanos Marañón Pérez y su primo, Marcelo Pacheco Pérez, asesinados con la complicidad del sargento Caso Pérez. Disparó contra Frank País y Raúl Pujol.
- Fernando Díaz Rodríguez – Asesinato de José Grimón Driggs.
- Antonio Gutiérrez Valdés – Asesinato de Luis Enrique Calá.
- Armando Ortiz Verdecia – Asesinatos de los cuatro hermanos Marañón Pérez y su primo Marcelo Pacheco Pérez.
- Juan José Torres Martínez – Asesinato de Enrique Ladrón de Guevara, junto a Enrique Despaigne.
El jefe de la Policía Nacional santiaguera ha sido el más mencionado y defendido. Bonifacio Haza Grasso no participó en el golpe de estado del 10 de marzo de 1952. Aunque las acusaciones más graves ocurren de 1956 en adelante, las acciones de Haza habían comenzado en 1953.
José Lupiáñez Reinlein, dirigente estudiantil de la época, lo señala como un temprano represor de las actividades estudiantiles en su libro “El movimiento estudiantil en Santiago de Cuba, 1952-1953”. Fue el acusador principal en la denuncia de los autores de un manifiesto el 12 de agosto de 1953 y el principal represor de estudiantes frente a la Escuela Normal para Maestros. Otras de sus actividades fueron mucho más serias.
El 30 de noviembre de 1956, cumpliendo órdenes de Haza Grasso, el teniente Facundo Durán Matos encerró en el calabozo de la estación de policía a cinco jóvenes para que ardieran con el edificio. Afortunadamente, a última hora lograron escapar.
El 30 de julio de 1957 no participa directamente en los asesinatos de Frank País y Raúl Pujol pero, al día siguiente, reprime una manifestación de mujeres que protestaban en presencia del nuevo embajador de Estados Unidos.
En el libro de Ignacio Uría “Iglesia y revolución en Cuba. Enrique Pérez Serantes (1883-1968)”, el obispo que salvó a Fidel Castro se narra una “violenta incursión policial en el colegio jesuita de Dolores a fines del verano de 1958 a las órdenes del capitán Bonifacio Haza”. La incursión terminó con los guardias ametrallando la capilla.
Durante su mandato policial se cometieron cientos de atropellos y, según cálculos conservadores, más de 400 asesinatos, culpabilidad que comparte por su condición de jefe. Así lo afirman Alexander Skander Galand et al. en su libro “Directrices de Derecho Penal Internacional: Responsabilidad de los Jefes Militares”. La jurisprudencia internacional no se ha cansado de repetirlo: “La doctrina de la responsabilidad del superior está claramente articulada y anclada en la relación entre el superior y el subordinado, y en la responsabilidad del jefe por las acciones de los miembros de sus tropas”.
Cuando huye el dictador, Haza Grasso, junto al reverendo Agustín González, se reúne con los hermanos Castro junto al fuerte El Escandel y promete entregar la ciudad sin resistencia “para evitar un derramamiento de sangre”. Acto de oportunismo a última hora. Días después, Bonifacio Haza se encuentra entre los procesados en la Causa 1/59. Es acusado de torturar a Juan Reinaldo Pérez en 1956; del asesinato de Alberto Sambrán en 1957 y de la muerte de Fernando Proll en 1958. Otras diez causas completaban su expediente.
