LA HABANA, Cuba. – Con bombo y platillo han celebrado por estos días los gobernantes cubanos el 60 aniversario de la proclamación de la Ley de Reforma Agraria, hecho protagonizado por Fidel Castro en plena Sierra Maestra el 17 de mayo de 1959.
La propaganda oficial insiste en que esa Ley acabó con el latifundio en Cuba, y que por primera vez les dio la tierra a los campesinos que la trabajaban. Sin embargo, se encubre la maniobra gubernamental que despojó de la propiedad de las tierras a esos mismos beneficiarios: la creación de las cooperativas de producción agropecuaria (CPA) hacia finales de los años 70. Porque, al integrar sus tierras a las cooperativas, los antiguos propietarios perdían esa condición, y se convertían en asociados a una propiedad de grupo, que en la práctica han devenido en organizaciones subordinadas a la política estatal en el sector agropecuario. Todo bajo el eslogan de que se pasaba a “formas superiores de producción”.
En el contexto de la referida celebración, el segundo secretario del Partido Comunista, José Ramón Machado Ventura, pronunció un discurso en el que, por supuesto, no escatimó halagos hacia la Ley de Reforma Agraria. Y, como era de esperar, se refirió también al Título III de la Ley Helms-Burton, y a los motivos que indujeron a las autoridades cubanas a no indemnizar en su momento a los propietarios afectados por las nacionalizaciones.
Después de amenazar con machetear a cualquier expropietario que se aparezca con una reclamación al respecto, Machadito apuntó que “El imperio arrogante exigió en nuestro caso que la compensación fuera rápida y efectiva, a sabiendas de que ello era imposible para un país cuyas reservas financieras habían sido robadas y llevadas precisamente a bancos norteamericanos unos meses antes”.
Curiosamente, en esta ocasión el segundo de la nomenclatura partidista se aparta de la justificación que siempre ha esgrimido el castrismo para no haber pagado las indemnizaciones a los ciudadanos estadounidenses que fueron expropiados: la eliminación por el gobierno de Estados Unidos de la cuota azucarera cubana.
De todas formas resulta significativo el hecho de que, en la avalancha de críticas con que el oficialismo cubano trata lo relacionado con la Ley Helms-Burton, no se dice ni media palabra acerca del porqué el entonces presidente Bill Clinton firmó esa Ley en 1996. Quieren que el cubano de a pie interprete esa medida como otro capítulo de la agresión del imperialismo contra Cuba, y no como una respuesta ante el abominable crimen de la fuerza aérea castrista, que masacró a cuatro jóvenes de la organización Hermanos al Rescate, que tantas vidas ayudaron a salvar en el estrecho de la Florida. Claro, todo dentro de la estrategia gubernamental para contar la historia, y que incluye el ocultamiento de sus “trapitos sucios”. Por eso nunca hablan del hundimiento del Remolcador 13 de Marzo, ni de los bochornosos mítines de repudio a las personas que abandonaban la isla por el puerto de Mariel en 1980.
Por otra parte, es innegable la complejidad que envuelve la aplicación del citado Título III de la Helms-Burton, debido a las posibles afectaciones a terceros países que cuentan con inversiones en la isla. No obstante, más tarde o más temprano, algo habrá que hacer para indemnizar a los antiguos propietarios. Tal vez sea aconsejable acercarse a las experiencias dejadas por otros procesos de transición a la democracia en países que igualmente padecieron regímenes totalitarios.
