MIAMI, Estados Unidos. – Después de dos meses sin poder establecer comunicación, Maydelin Toledo, madre del preso político Didier Almagro Toledo, recibió la noticia de que su hijo se encontraba en huelga de hambre y sed desde hace cuatro días.
A mediados de febrero, los familiares de Almagro Toledo, miembro de la Academia Julio Machado, comenzaron a exigir al régimen cubano una prueba de vida del joven. No obstante, hasta ahora no han recibido ninguna información oficial.
Este lunes, una fuente que pidió ser protegida confirmó vía telefónica a Toledo que su hijo había recurrido a la huelga de hambre. “Estoy desesperada”, confesó Toledo a CubaNet. “Desde el 27 de enero no sé nada de mi pequeño. Si se plantó es porque algo muy malo le están haciendo”, lamentó.
Desde su arresto, en agosto de 2020, el joven de 23 años ha denunciado en más de una ocasión las medidas represivas en su contra por parte de carceleros y agentes de la Seguridad del Estado en el penal Pre Tensado, de Santa Clara. Sin embargo, nunca lo habían mantenido incomunicado por tanto tiempo.
“A él, siendo tan jovencito, le han hecho de todo por no acogerse al plan de reeducación castrista. Ya perdí la cuenta de la cantidad de veces que he ido a esa prisión y los jefes de allí no me dan la cara, se me esconden y me niegan descaradamente información. ¿Hasta cuándo?”, cuestiona Toledo.
Con la justificación de contener la propagación de la COVID-19 en los centros penales, la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones del Ministerio del Interior de Cuba decidió suspender las visitas familiares y limitar los alimentos que recibían mensualmente los reclusos.
Estas medidas empeoran la situación de los presos, sobre todo de aquellos que cumplen sanciones por su activismo político, expuestos a mayores violaciones de derechos humanos. En ese caso se cuenta a la presa política Aimara Nieto, enviada de La Habana hacia Las Tunas para impedir las visitas familiares durante la pandemia.
Almagro, por su parte, fue recluido en La Pendiente (Santa Clara) tras un juicio en el que fue sentenciado a tres años de privación de libertad por participar de un cacerolazo junto a vecinos de su barrio a raíz de un prolongado apagón. Más adelante, sin precio aviso a la familia, la Seguridad del Estado ordenó su traslado hacia la prisión de mayor rigor de Villa Clara, Pre Tensado.
“Nunca he podido verlo, tocarlo, abrazarlo por esas medidas para evitar el contagio (de la COVID-19), pero los primeros que irrespetan (el protocolo sanitario) son los guardias que entran y salen como les da la gana. Al final son medidas restrictivas que favorecen el maltrato impune contra los presos”, denunció Toledo.
La mujer, que no ha cesado en las demandas por la liberación de su hijo, exige al régimen noticias sobre el joven: “¿Cómo y dónde está? Yo soy su madre y tengo derecho a verlo. Le han golpeado, le han negado el teléfono, la atención médica. Ya no sé qué hacer y estos esbirros asesinos me lo van a matar”.
El opositor Didier Eduardo Almagro Toledo también es rapero contestatario. En agosto, mientras se encontraba detenido y golpeado, el Ministerio del Interior realizó un allanamiento a su vivienda y ocupó todos los equipos que tenía en su pequeño estudio de grabación.
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