LA HABANA, Cuba.- Durante 10 años el único problema de Ivón Frómeta no es que su hija Ingrid padezca de epilepsia y sea una niña postrada en cama porque tiene una parálisis cerebral, sino también que el gobierno, que ha estado estudiando su caso durante todo este tiempo, no acaba de decidir si merece o no vivir en una planta baja (ellas viven en la última planta de un edificio de micro-brigada en Alamar).
“La niña nació bien, el 21 de julio de 2008”, explica Ivón, “pero dos días antes de cumplir el mes empezó a convulsionar y se afectó tanto que la dejaron así”.
“Mi niña no tiene control ni sostén cefálico”, explica, y según las consideraciones médicas más recientes, Ingrid tiene, además, “el velo del paladar pegado a la pared posterior debido a su deformidad cervical, y esto influye no solo en la respiración sino en la deglución, por lo que “no es factible retirar su adenoide y apenas se le ven las amígdalas”, tiene un RGE (reflujo gastrointestinal) grado IV con hernia hietal y estómago horizontalizado por lo que no clasifica para casi ninguna de las operaciones que podrían darle mejor calidad de vida”.
“Enseguida que me la empezaron a atender por su patología, a principios de 2009, me aplicaron la ley de madre cuidadora, lo que significaba que recibiría una pensión de 167 pesos que no alcanza ni para las medicinas. La cefalexina solamente cuesta 12 pesos, más la glicerina y la alimentación”.
Para poder sobrevivir ella y su niña, Ivón limpia en dos casas y lava para la calle.
Revive su calvario con la indolencia del gobierno cubano. “Con todos los papeles que me dio la doctora empecé a ir al Poder Popular y a la Dirección de Vivienda para que me mudaran a la planta baja. Pero cada vez que iba a ver al director de Vivienda, él me decía que ya estaban estudiando mi caso y que dentro de dos o tres meses me iban a bajar de piso, y luego decía que para el año que viene, y en ese cuento, ese engaño y esas mentiras todavía estoy aquí”.
Fue en el año 2011 que Ivón Frómeta empezó a recibir las primeras respuestas donde le decían que “según las investigaciones practicadas por el Departamento de Atención a la Población (…) le sugerimos dirigirse al Consejo Popular de su localidad para que el caso en cuestión sea valorado por la Comisión de Prevención del Consejo”. Así dice textualmente el documento. Pese a la recomendación, declaraban el caso “sin solución” porque “la prioridad para las entregas de viviendas hoy la constituyen los casos sociales que se encuentran haciendo uso en Comunidades de Tránsito”, y se amparan en que para ese entonces Frómeta ya había empezado a tener problemas de convivencia con su esposo.
En 2012, los mismos funcionarios que el año anterior le respondieron, le dieron otra respuesta más insólita aún. Caridad Moracén Portuondo, jefa del Departamento de Atención a la Población de Habana del Este, y Luis Lázaro Martínez Pérez, director municipal de Vivienda del municipio en ese entonces, le reiteraron que las viviendas eran para los albergados, y citaron el decreto Ley 288/11, que dice que “el cambio de vivienda debe ser solicitado por el titular del inmueble” y que como su problema era de “convivencia, debía inscribirse en la Bolsa de Permuta ubicada en O´Reilly esquina a Aguiar (…) para buscar una permuta entre particulares. El caso volvió a quedar como “no solucionado”.
En el 2015 se enteró que podía pedir un subsidio y decidió construir su propia casa.
“El presupuesto es de 85 mil pesos. 24 mil de mano de obra, 5 mil de transporte y lo demás, para comprar los materiales. Me dieron para hacer lo que llaman una célula base, lo que sería un cuarto, una cocina, un baño y quizás una sala pequeña”.
Aunque nadie se explica cómo lo haría, Ivón estaba dispuesta a comenzar la obra. Pero le estorbaba un poste de la corriente que estaba en donde iba a ser el cuarto. “Fui a la Organización Básica Eléctrica (OBE), hablé con el liniero, nombrado Jorge Luis, y me dijo que si el gobierno le pagaba el presupuesto que había que pagarle, quitaba el poste y si no, no”.
Ahí comenzó su nuevo peregrinar por las oficinas del Partido Comunista municipal, del Poder Popular y de Planificación Física.
Desde 2015 tiene pagado el terreno, pero demoraron casi 3 años para darle los papeles. Recuerda: “En enero me senté en la oficina del abogado con esta criaturita y no me fui hasta que no me los dieron. Ya el terreno está a mi nombre, tengo el subsidio, limpié el terreno y ahora Jorge Luis, el liniero, dice que no va a quitar el poste”
“Un abogado de Planificación Física que me viene viendo desde el principio me preguntó que a quién se le ocurre en la situación en que estoy, con esta criatura enferma, darme terreno para construir”.
En casos como los de Ivón y su niña, lo que se necesita realmente son políticas públicas efectivas y menos condolencias, menos politiquería, menos propaganda destinada al exterior.
En estos momentos, Ivón no está llevando a Ingrid a la Rehabilitación porque en el hospital “Julito Díaz” le luxaron la cadera haciéndole un ejercicio, por lo que está pendiente de dos operaciones de cadera.
Dice que para llevarla a Rehabilitación, los lunes, miércoles y viernes, primero en el Borrás, luego en el Julito Díaz y por último en el policlínico Mario Escalona, y los martes y jueves a la Equinoterapia, en Celimar, tenía que bajarla en coche por la escalera, cinco pisos.
El problema de vivienda de Ivón no se soluciona no solo porque los funcionarios sean indolentes, sino porque no existe ningún programa específico para personas discapacitadas, ni para los familiares que los cuidan.
Ivón, que afirma que “hubiera dado mi vida con tal de que mi hija no se me hubiera quedado así”, dice que seguirá insistiendo, “aunque mi problema no le importe a nadie ni quieran solucionar mi caso”.
Ivón e Ingrid entran en las estadísticas silenciadas de las tantas mujeres cuyas vidas dependen de las decisiones de maridos, funcionarios indolentes o de gobiernos demagogos.
