GUANTÁNAMO, Cuba.- La reciente puesta en vigor de la Resolución 54/2018 dictada por el Ministerio del Comercio Interior (MINCIN) tiene en vilo a algunos administradores de establecimientos estatales, porque ya comenzó la campaña para su aplicación con el objetivo de contrarrestar la corrupción en el sector del comercio estatal, un fenómeno de larga data.
De hecho, el noticiero nacional de televisión en la edición estelar de este miércoles 6 de junio informó de varios operativos dirigidos por el partido único y con la participación de funcionarios del gobierno, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) para contrarrestar la venta ilícita de materiales de la construcción en varios establecimientos de la capital del país.
La Resolución 54 del MINCIN es muy necesaria para que la honradez de los trabajadores del comercio vuelva a ser su orgullo y para que se imponga el respeto a los derechos de los consumidores. Pero sería una gran ingenuidad pensar que una norma jurídica basta para que, ipso facto, se logre el orden deseado. Ojalá fuera así, pero las reiteradas violaciones de la Constitución por parte de las fuerzas represivas e instituciones del propio Estado que debían velar por ella —-como la FGR— demuestran lo contrario. Mientras Cuba no sea un Estado de derecho la política continuará imponiéndose a la institucionalidad.
Una norma como esta del MINCIN requiere de inspectores incorruptibles, que conozcan a la perfección su contenido. A ello deben sumarse las inspecciones sorpresivas para comprobar los sistemas de pesaje, verificar que el precio de los productos sea congruente con su calidad y que la atención a los clientes perjudicados ocupe el lugar que le corresponde.
Un fenómeno de larga data
El artículo 227 del Código Penal cubano sanciona a privación de libertad de seis meses hasta dos años, o multa de trescientas a mil cuotas, a quinees infrinjan las normas de protección de los consumidores.
Hasta ahora esta figura penal ha corrido el mismo destino de las Leyes de Indias dictadas por la corona española para sus posesiones de ultramar, que se acataban pero no se cumplían.
Ante los ojos de los “aguerridos militantes” del partido único, de decenas de miles de chivatos de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y de “miniseros” y “segurosos” —agentes del Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado, públicos o encubiertos— administradores, dirigentes y trabajadores del comercio y la gastronomía han construido viviendas y llevan un tren de vida que son piedras de escándalo, tomando en cuenta las precarias condiciones en que vive la mayoría de los cubanos. Gerentes de tiendas recaudadoras de divisas, administradores de restaurantes y bodegas y hasta vendedores de cerveza en pipas han adquirido bienes materiales que jamás podrían justificar con sus salarios. Entonces no resulta extraño que ante la nueva campaña entre algunos cunda el pánico, pues cualquier violación puede ponerlos a disposición de los tribunales.
Nos indujeron a robar y ahora nos amenazan
Estoy totalmente de acuerdo con la norma dictada por el MINCIN y apoyo que el gobierno cubano haya decidido ponerle coto a la corrupción en el sector comercial y hacer valer los pocos derechos que tenemos los consumidores. Sin embargo, la opinión del administrador de marras, que por razones obvias nos pidió que preserváramos su identidad, me mostró otra arista del problema.
“Mira —me dijo— yo tengo que depositar diariamente en el Banco el dinero de las ventas y ese depósito se registra en un modelo que hace más de diez años la empresa no entrega. Además de ese modelo debo llevar dos más. Las hojas y la impresión de los modelos tengo que pagarlas yo porque si dejo de depositar o de actualizarlos puedo ser sancionado. La tiza y la pizarra informativa tuve que comprarlas yo y también debo comprar la colcha de trapear, el cloro y el detergente para mantener limpia la carnicería y hasta la pintura para pintarla. Si pasa algún dirigente de Salud Pública y ve sucia la unidad me pone una multa porque a él no le interesa que la empresa no me asigne los productos necesarios para mantenerla limpia”.
Con respecto al cumplimiento del plan afirmó: “Para nadie es un secreto que las carnicerías carecen de ofertas. Aquí solamente se vende el picadillo con soya una vez al mes, la carne para las dietas médicas, los cinco huevos por persona y una vez al mes la cuota de pollo. A pesar de ese desabastecimiento cada año aumentan el plan de ventas y me veo obligado a vender jabón, detergente, pasta dental, arroz, frijoles, chícharos, ¡lo que haya! Lo más lindo es que también tengo que pagar el alquiler de la carretilla que transporta los productos. Aun cumpliendo el plan, si la empresa tiene incumplimientos no me pagan todo el salario que me corresponde, pero si incumplo una o dos veces el plan me aplican una medida disciplinaria. ¿Eso es justo? Si se rompe un huevo tengo que pagarlo de mi bolsillo y ya no me ajustan la merma del pollo que llega congelado. ¿Nos inducen o no a robar? Porque con mi salario yo no puedo comprar todo lo que necesito para mantener la unidad como exigen”.
El artículo 146 del Código del Trabajo obliga a las entidades estatales a garantizar a sus trabajadores condiciones de trabajo adecuadas. Eso implica suministrarles los bienes que permitan el cumplimiento del objeto social del servicio sin perjuicio económico para ellos.
Lo dicho por este administrador demuestra la inacción del Sindicato de Trabajadores del Comercio y la Gastronomía en Guantánamo porque sus dirigentes conocen lo dicho por él pero no hacen nada para solucionarlo. ¡Y luego afirman que representan a los trabajadores! Esa es otra arista de la gran farsa cubana.
