LA HABANA, Cuba. – Si algo ha repetido el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel durante su primer año de mandato, es que hay que erradicar las ilegalidades y el desvío de recursos. En este sentido, ha hecho referencia al problema del acaparamiento y la reventa, por tratarse de un tema “muy sensible” que afecta a la población.
Tanto ha insistido el mandatario que cualquiera pensaría que se le está prestando atención al asunto; pero lo acontecido el pasado viernes en la ferretería “La Especial”, ubicada en el municipio Centro Habana, no solo demuestra que sus palabras van directamente al oblivion; sino que lo cubanos están dispuestos a matarse por algo más que pollo, aceite, pan y huevos.
En la tarde del miércoles 20 de marzo fue descargado en el establecimiento de marras un lote de sanitarios marca Corona —inodoro con tanque y lavamanos—, muy solicitados debido a la alta calidad, precio y tamaño del producto. Varias personas acudieron a preguntar cuándo estarían disponibles para la venta, y los trabajadores de la tienda respondieron que la factura aún no había llegado; por tanto la mercancía no se podía vender.
Algunos clientes no se contentaron con la información y quisieron saber cuándo llegaría la factura, a lo que el empleado respondió visiblemente incómodo: “Lo mismo puede llegar mañana que pasado, eso no se sabe”. Esa era la respuesta para los interesados; pero en el portal de la ferretería, el cártel de Infanta ya estaba proponiendo juegos de baño sin papeles a clientes que andaban en carro.
El jueves algunos vecinos cercanos fueron en repetidas ocasiones a preguntar, pero obtuvieron idéntica contestación y el establecimiento cerró en su horario habitual (seis de la tarde), sin que apareciera la factura. No fue hasta el viernes que inició la comercialización normada de los juegos de baño (tres por persona). Apenas abrió la tienda una aglomeración de gente obstruyó la puerta, dificultando el acceso y la salida de los clientes.
Los tres primeros anillos del molote eran revendedores que marcaban varias veces en la cola y traían a sus acólitos para comprar hasta diez sets sanitarios de una sentada. La gente comenzó a alterarse ante la falta de orden y el proceder abusivo de individuos que se comportaron como si fueran los dueños del lugar. Hubo violencia, ofensas, lenguaje inapropiado y todas las conductas que en cualquier otro país serían castigadas con multas o detenciones.
Los empleados de la tienda fueron ninguneados por aquella delincuencia imparable a la que solo le faltó sentarse en la caja registradora y cobrar a los clientes. Algunos casi llegaron hasta el almacén guapeando, vociferando y presionando a quienes debieron garantizar la protección a los consumidores.
Todas las irregularidades criticadas por Díaz-Canel emergieron en medio del conflicto: maltrato al público, personal no autorizado en áreas restringidas y supuestos empleados trabajando sin el uniforme reglamentario. Dos veces llamaron a la policía, pero no con el propósito de expulsar a los bandoleros; sino para controlar al resto de la fila que acabó irrumpiendo en la tienda entre gritos y empellones.
Los oficiales no intentaron contener a los gorilas dispersos por toda la ferretería. Al parecer, la costumbre de hacer negocios con el personal del Estado se ha vuelto una obligación y los delincuentes se proyectan sin el menor recato. El mismo viernes, mientras se despachaba mercancía dentro de la tienda, los juegos de baño acaparados eran vendidos por 150 CUC en el portal, a medio metro del carro patrullero y ante los ojos de clientes que no alcanzarían a comprar.
Los dependientes de “La Especial” trabajan de conjunto con la mafia local, permitiéndoles ofrecer productos “por la izquierda” dentro de la ferretería. A menudo los revendedores no dejan que el público se acerque a las muestras en exhibición; se les abalanzan encima proponiendo cuanto tienen: baldosas, sanitarios, mezcladoras, galones de pintura, manguera eléctrica, tanques…. todo lo que no se consigue en las TRD (Tiendas Recaudadoras de Divisas) ni en los rastros, y que tanto esfuerzo cuesta a los cubanos.
Esta práctica sostenida de la ilegalidad nada tiene que ver con el “bloqueo”, al cual se le endilga la culpa de todo lo que no funciona. En el mundo entero operan grupos fuera de la ley, pero tienen sus zonas específicas. En Cuba la delincuencia trastorna el desarrollo de la sociedad; es un problema nacional fuera de control, al cual no se le da solución porque su raíz —paradójicamente— está muy encumbrada.
No hay otra explicación para el comportamiento de estos individuos. Alguien los quiere ahí, asegurando con su abuso y desorden que el pueblo permanezca siempre a la defensiva, crispado, como fieras en la jungla. Cuanto más sujetos estén los cubanos a tales miserias —porque pelearse por un juego de baño no es más que eso—, mayor libertad tendrá la corrupción político-administrativa.
El gobierno pudiera tomar medidas para erradicar un mal que perjudica a la población de bajos y medianos ingresos; desde crear un mercado mayorista donde el sector privado pueda adquirir lo que necesita sin afectar la demanda de sectores con menos poder adquisitivo, hasta poner en prisión a las sabandijas de ferretería que dificultan la vida material más que cualquier embargo económico.
Pero nada sucede. Tal vez Díaz-Canel cree que hablando puede terminar con el acaparamiento; o quizás solo sea otro mandatario cínico que finge condenar públicamente lo que en secreto permite. Lo cierto es que cada vez que menciona el tema se hunde un poco más en el ridículo, porque escenas como las que muestran las imágenes ocurren a diario en toda Cuba.
