VILLA CLARA, Cuba. – Arelys Pérez García —Directora de la Oficina de Atención al Contribuyente de la Dirección Nacional para la Administración Tributaria desde hace varios años y vocera habitual en el NTV junto a demás medios de prensa—, declaró este lunes al mediodía que “la presente campaña de impuestos sobre ingresos personales que recién concluyó el pasado 30 de abril, mostró mejores resultados que las anteriores” pero a continuación alertó que “se comenzará un proceso de revisión de omisiones” y agregó que se habría comenzado a ejecutarlo en sitios del país, considerados —por quienes dirigen el organismo— puntales para el refinanciamiento zonal y de desarrollo previstos.
A continuación adujo el destino comunitario al que se dedican esos dineros públicos, como la subvención del exitoso programa social socialista (La ley tributaria no considera a los particulares “contribuyentes directos” sino a las empresas del estado).
Aunque la funcionaria no mencionó aquello, ni las regiones neurálgicas donde iniciarían el proceso fiscalizador, ya es vox populi que en lugares donde abunde el turismo —y, por ende, concentradores de un mayoritario enclave minorista que oferte los más caros bienes y servicios— guaguas de inspectores, auditores y hasta algún apoyo policial si fuera preciso, desembarcarían cuestionando haberes a partir de este verano.
Tras la aprobación este mismo año de la Constitución de la República, matriz legislativa que prefigura leyes siquiera esbozadas para la protección de (y correspondiente demanda por hipotéticos abusos contra) la ciudadanía, frente a los desmanes de las administraciones adscritas al sistema gubernativo de la nación, la ONAT no ha perdido ni un segundo en reinsertar las dormidas estrategias que otrora rigieron al desaparecido ejército de corruptos inspectores, obligando a declarar —y pagar en un plazo de hasta 3 meses con recursos de reforma y casación incluidos— las cantidades de dinero que arrojen sus misteriosos algoritmos fiscales.
Aquí, en Caibarién, la batalla ha comenzado por los fotógrafos, presuntos infractores. Algunos de ellos, escandalosamente laboriosos y holgados, con casas preparadas para suvenires de quinceañeras y quinceañeros, han sido obligados a pactar pagos cuantiosos por sub-declaración de ingresos correspondientes al año anterior, en un rango que oscila entre los 15 y 300 mil pesos cubanos.
Una terna de auditores provinciales compuesta por 9 inspectores en tres grupos de trabajo, se reparte las esferas estatales donde verificarán aportaciones de impuestos sobre la ganancia, y las privadas para la prestación de servicios o gastronomía, indistintamente.
En este último sector varias paladares han caído en desgracia, al anunciárseles contabilización permanente de las ventas durante el año que transcurre, pero de antemano han sabido que por lo visto/comprobado hasta el momento, alguno tendrá que aportar más de un millón de pesos, dado el respectivo déficit fiscal que tal indagación arroja, independientemente de lo bien/mal que les haya ido en el negocio durante el 2018 que no les fue monitoreado.
La protesta masiva suscitada —por falta de pruebas y documentaciones que justifiquen la exponencialidad e incongruencia del método empleado para tal arbitraje de arbitrio— ante las autoridades, ha devenido en aumento inmediato e inexplicado de las multas.
De nada ha valido, a los emplazados, el alegato de haber operado en un país con fases de crónicos desabastecimientos o requiebra interminable, cuando los funcionarios entrenados en demostrar lo contrario carecen de paciencia dilucidadora tanto como de argumentos convincentes, pero no así de recursos jurídicos para hacer valer sus voluntades, encargo neto de la superioridad que se ha comprometido —con una mano presta sobre los lineamientos y otra en la computadora— a desbancar evasores.
Certeza de semejante castigo implícito en Ley definida por muchos como “leonina”, la que suele ser pisoteada en casi todos los renglones adscritos a la actividad económica permisible/punible, es que alienta a preservarse y tomar medidas en desfavor del papeleo persignado con la honestidad faltante —razones harto conocidas— en decreciente número de potenciales inscriptores, quienes verán mermadas sus ansias de asociarse con una entidad que hace valer sin rigor su fuerza bruta en lugar de la disuasión o “el convencimiento de la utilidad del aporte comunal para el disfrute de la justa sociedad que se construye”, aunque nadie sepa cuándo acabará la obra.
Sesenta huevos han sido entregados este mes de forma extraordinaria y por única vez a cada cuentapropista vinculado al ramo alimentario, a través de un expediente minucioso de datos personales y controles, como avance de lo que les han adelantado constituirán “futuras entregas de insumos” en una provincia que carece de mercado mayorista.
Una noticia sobre la apertura de tienda para cuentapropistas en la sureña y muy turística ciudad de Trinidad —vecina provincia espirituana—, para “abastecer a toda la región central” ha despertado más indignación que loa, dadas las impagables circunstancias del trasporte que hoy desdoran al país.
Mientras, Osmany Ferrer Nodarse director de la Oficina Municipal en Caibarién, aseguró a los afectados/protestantes que “la presente evaluación que se hace con verdadera profundidad” —primera desde que asumió la presidencia local— “se extenderá a todas las actividades de contribuyentes inscritos”, quienes rindieron ingresos u “omitieron hacerlo en el documento establecido bajo juramentación”, igualmente investigables, y luego el resultado de esas comprobaciones terminará saldándose.
En la ofensiva “revolucionaria” de 1968 —que acabó con lo que hoy llaman PYMES—, podría hallarse el origen de nuestro desdén por todas las leyes impuestas, especialmente si lucen extorsionadoras, y de que en cada cubano resida un potencial transgresor.
