LA HABANA, Cuba.- La campaña que desarrolla el gobierno cubano en los medios en torno al proyecto de Constitución es intensa e incansable, pero, sobre todo, como es de esperar, desorientadora, pues pretende apartar la atención de puntos capitales como la flagrante discriminación política y la absurda imposición del sistema socialista a las generaciones venideras.
Pero esa ofensiva mediática intenta también sembrar falsas esperanzas, algo que ya ha ocurrido en otras “consultas populares”, que luego son desglosadas en miles de propuestas y recomendaciones de la población sin que los propios consultados, por supuesto, sepan nunca cuáles fueron en detalle esas numerosas proposiciones analizadas por la comisión gubernamental: solo conocerán el producto final, con las enmiendas ya aprobadas por la cúpula rectora.
De esa manera, la consulta —siempre descrita como “de amplia participación popular”— crea la sensación en los ciudadanos de que sus opiniones cuentan, de que sus criterios pueden influir en las decisiones del poder, de que ellos pueden provocar algún cambio sensible en sus relaciones con el gobierno. Ese aparente debate sirve, además, para vender la muy oportuna imagen de una conducta democrática por parte de un régimen acusado continuamente de totalitario.
La propaganda repite que se ha ejercido la más amplia variedad de criterios con entera libertad, aunque en realidad solo se trata de una catarsis, de la puesta en escena de un guion que teje la fachada de una tolerancia de opiniones. En los medios, la televisión por ejemplo, se dosifica cuidadosamente esa variedad de ideas y de criterios.
Están, por una parte, las propuestas típicas del “síndrome de Estocolmo”, donde se quiere dar la apariencia de que son las personas mismas quienes exigen la autocracia, cuando vemos a los que piden que los cargos más importantes sean ejercidos —contra la proposición de Raúl Castro— aunque el dirigente tenga ya una edad muy avanzada y sin limitar la cantidad de reelecciones, “mientras se halle en condiciones para ejercer el cargo”.
Tenemos también los muchos que reclaman, de modo delirante, que el trabajo no sea considerado solo un derecho, sino también un deber, y hasta una obligación, como si olvidaran a los cientos de miles de trabajadores que el Estado, en los últimos años, ha tenido que arrojar a la calle porque realmente son más una carga que una fuerza laboral productiva, y como si no vieran los obstáculos que el propio gobierno pone al desarrollo de lo que llama “cuentapropismo”.
Y están también, como vemos en estos días en la televisión en las asambleas para analizar el proyecto de Constitución, los casos de demandas y propuestas en verdad “audaces”, que pudieran tener cierto peso real, que sin duda alguna responden al sentir de una amplia mayoría de los ciudadanos y que, de algún modo, sorprenden un poco cuando uno las ve aparecer en la pantalla.
Hablamos del reclamo de una efectiva igualdad entre cubanos y extranjeros en los hoteles, de que los ministros y demás funcionarios no puedan negarles a los comunicadores el acceso a información de interés público, del derecho a que el acusado cuente con la presencia de un abogado desde el mismo momento en que es detenido, de la solicitud de que el Estado cubano sea consecuente con su no reconocimiento de la doble ciudadanía, y otros muchos puntos interesantes.
Todavía existen personas que estudian seriamente el proyecto de Carta Magna y entregan su opinión creyendo que ello puede tener efecto, y seguramente habrá proposiciones que no ponen en peligro la forma de ejercer el poder por parte del minoritario Partido Comunista y que, por tanto, podrán ser aprobadas en las enmiendas a la Constitución.
No obstante, sería muy ingenuo creer que serán finalmente tenidas en cuenta en la redacción definitiva las propuestas sobre una igualdad efectiva de los ciudadanos ante la ley y sobre una relación más justa entre el Estado y el individuo, o sea, todos los puntos de vista que tiendan a una democratización real de la nación.
Es obvio que toda esta campaña mediática, disfrazada de “exhaustiva consulta popular” y de “amplio debate con la mayor libertad de expresión”, terminará en una Constitución donde se habrá cambiado todo lo que deba ser cambiado para que todo siga igual, porque no habría absurdo político mayor que el hecho de que un sistema dictatorial pretendiese reformar en esencia el mecanismo que le ha permitido retener el poder absoluto durante 60 años.
Y, más allá de cómo resulte todo, hay una verdad que ya está en el corazón de la Ley de Leyes y que es lo que lo determina todo: el Partido Comunista es intangible para la Constitución, está por delante y por encima de ella: se halla fuera del alcance de todos los poderes del Estado y es quien determina en la práctica cómo se ha de aplicar la Constitución —y todas las leyes derivadas de ella— a cada individuo en particular.
