La economía cubana se encuentra marcada por la corrupción de forma profunda (desdeminsulacuba.com)
GUANTÁNAMO, Cuba.- Cuando hace unos días el presidente Donald Trump afirmó en la ONU que el Gobierno cubano era corrupto, varios alabarderos del régimen pusieron el grito en el cielo.
Seguramente esas personas pensaron de forma reduccionista y constriñeron el término a los robos, las falsificaciones de documentos en transacciones comerciales, la aceptación de coimas, el desvío de recursos del Estado o el enriquecimiento a costa del erario público. Pero la corrupción también incluye pervertir a otros, conminándolos a actuar ilegalmente; actuar sin respeto a la moral o al orden jurídico establecido, aplicar la ley haciendo distinción de personas, viciar los procedimientos establecidos o adoptar la inactividad administrativa como vía para convertir el derecho en letra muerta. Y tanto en aquél sentido como en éste hay mucha corrupción en Cuba.
El Gobierno cubano ha mostrado gran incapacidad para hacer cumplir su propia Constitución y sus leyes. Pero hoy no voy a escribir sobre lo que habitualmente hace contra sus enemigos políticos. En definitiva ellos son discriminados social, económica y políticamente y, lo más triste, tal práctica es considerada normal por muchos otros ciudadanos.
Hoy quiero compartir un caso publicado por el periódico Juventud Rebelde (JR) en su sección Acuse de Recibo el pasado domingo 24 de septiembre, otra prueba de la falta de respeto que las instituciones cubanas muestran hacia el cumplimiento de las leyes y del estado calamitoso en que se halla la protección de la propiedad privada y de los derechos ciudadanos, así como la prepotencia de algunos dirigentes.
Una ruta de ilegalidades y abusos
El 26 de enero del 2012 el señor Eligio Clemente Espinoza le arrendó legalmente su vivienda, sita en la calle San Francisco No.4, entre Linera y Paquito Rosales, Manzanillo, provincia Granma, a la señora Sucet Leonor Castillo. Eligio falleció el primero de diciembre de ese mismo año y su esposa, María Isabel Ramírez, fue declarada su única y universal heredera y pasó a ser la propietaria del inmueble.
María Isabel decidió no prorrogar el contrato de arrendamiento y ante la negativa de Sucet a abandonar la vivienda, reclamó a la Dirección Municipal de la Vivienda de Manzanillo (DMVM), la cual canceló la inscripción del arrendamiento el 14 de diciembre 2012. Tres meses y seis días después Sucet fue declarada ocupante ilegal, pero comenzó a dilatar los trámites en perjuicio de la legítima propietaria del inmueble, con el consentimiento de la DMVM y el gobierno local, quienes no cumplieron lo establecido en la Ley General de la Vivienda.
Sucet apeló a la Dirección Provincial de la Vivienda de Granma (DPVG), la cual ratificó el fallo de la DMVM. Persistente, presentó otra reclamación ante la DMVM, esta vez pidiendo nada más y nada menos que le transfirieran la propiedad. Su reclamación fue desestimada, pero Sucet reclamó ante el Tribunal Provincial de Granma (TPG) y cuando este le negó su pretensión estableció recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular (TSP), el cual también denegó su reclamo.
Más claro ni el agua, quizás pensó María Isabel, quien al conocer la sentencia del TSP presentó quejas ante la DMVG, la DPVG, la Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno local, instancias que le aseguraron que el caso sería presentado ante la Comisión de Enfrentamiento a las Ilegalidades.
Al parecer algo se movía, pero no era precisamente la legalidad ni el interés de quienes dirigen estas instituciones por proteger el derecho de María Isabel. El 7 de septiembre del 2015, más de tres años después de haber sido declarada ocupante ilegal, pero aún en la casa, Sucet volvió a reclamar al TPG, esta vez para que reconociera que le había comprado la casa ilegalmente al difunto. Preciso que según el Código Civil cubano todo acto ilegal es nulo y no genera derecho, pero además, cuando Sucet comenzó a ocupar la casa ya las compraventas estaban legalizadas y no era necesario usar el subterfugio de un contrato de alquiler para ocultar la ilegalidad. Tanto el TPG como el TSP declararon sin lugar la reclamación de Sucet y todo parecía indicar que la Comisión de Enfrentamiento a las Ilegalidades iba a actuar.
El 14 de diciembre del 2016 una hermana de María Isabel se entrevistó con el vicepresidente del gobierno manzanillero y presidente de la famosa comisión, quien le dijo que “tenía entendido que a Sucet le había llegado una sentencia con lugar y que la policía había hecho investigaciones que arrojaban que esta vivía allí hacía mucho tiempo”. Tal declaración demostró que este dirigente no tenía un conocimiento pleno del caso y que es un supino ignorante de la ley al condicionar su cumplimiento a investigaciones de la policía, la que carece de fuerza legal para paralizar el cumplimiento de dos sentencias del TPG ratificadas por el TSP.
Dos días después María Isabel se entrevistó con el dirigente y con el director de la DMVG y el primero afirmó que hubo una equivocación al declarar a Sucet ocupante ilegal y que hasta que eso no se analizara el caso no se presentaría en la Comisión de Enfrentamiento. Es decir, este individuo cree tener más poder que cuatro sentencias dictadas por tribunales cubanos.
María Isabel acudió a la FGR, y tuvo suerte, porque al menos le respondió. Todo parecía indicar que por fin se iba a cumplir la ley, pero diez meses después de la respuesta de la FGR y a cuatro años y medio de que Sucet fuera declarada ocupante ilegal, el caso continúa igual pues cambiaron al jefe de la policía en Manzanillo y había que esperar a que el vicepresidente regresara de sus vacaciones, seguramente en algunas de las playas u hoteles vedados al común de los cubanos.
Esta es otra prueba de cuánto se viola la ley en Cuba y de la necesidad que existe de que la legislación sea profundamente transformada para que la institucionalidad prevalezca ante todo, algo que jamás podrá lograrse mientras no tengamos un Estado de derecho.
¿Será Sucet una de esas criollitas de Wilson? ¿Tendrá algún parentesco con el vicepresidente del gobierno manzanillero… o algo más? ¿Será una persona de buenas posibilidades económicas? Cuando la corrupción prevalece preguntas como éstas son muy lógicas.
