MIAMI, Estados Unidos.- El político español y ex vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias, cobrará más de 5 000 euros al mes tras renunciar a su escaño en la Asamblea de Madrid, según informó este miércoles el medio de prensa OndaCero.
De acuerdo a la nota, Iglesias seguirá percibiendo la indemnización de 5 316 euros mensuales a la que tiene derecho tras haber sido miembro del Ejecutivo durante 14 meses (exvicepresidente y exministro de Derechos Sociales y Agenda 2030).
Según se establece en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, el sueldo de un vicepresidente del Gobierno es de 79 746.24 euros, por lo que Iglesias tiene derecho a cobrar un 80% de su sueldo después de ser parte del Ejecutivo, reza el texto.
Así mismo, OndaCero asegura que “las prestaciones para los ex-altos cargos del Estado no son compatibles con otro sueldo público o privado”, por lo que Pablo Iglesias, que junto a su partido Unidas Podemos fue uno de los grandes derrotados este martes en las elecciones de Madrid, podrá cobrar esta indemnización siempre y cuando no obtenga otro sueldo.
En este sentido, y luego de que el político de izquierda rechazara su escaño en la Asamblea de la Comunidad de Madrid y dijera que se retira de la política, “al no percibir, por tanto, ningún salario, Iglesias continuará recibiendo los 5 316 euros mensuales”.
“Esta indemnización, sin embargo, no es vitalicia, sino que se puede cobrar durante un periodo máximo de dos años, siempre que el político haya estado ese mismo tiempo en el cargo. Por su parte, Iglesias fue miembro del Ejecutivo durante un año y dos meses, por lo que sólo podrá cobrar la indemnización durante ese tiempo”, dice el medio español.
La Administración General del Estado en el Portal de Transparencia señala que los altos cargos que pueden percibir este tipo de indemnización son los miembros del Gobierno, los Secretarios de Estado, el Fiscal General del Estado, los máximos responsables de los organismos reguladores, el Jefe y Secretario General de la Casa de SM. El Rey. Desde el año 2012, a raíz del Real Decreto Ley 20/2012, la compensación de esta indemnización es incompatible con cualquier otra retribución derivada de actividades públicas o privadas.
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