MIAMI, Estados Unidos.- El régimen castrista ha informado que someterá a amplia consulta ciudadana y luego a referendo, el proyecto de nueva constitución aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular y la cancillería ha comunicado que los cubanos residentes en el exterior tendrán derecho a participar en el debate a través de un sitio del MINREX a donde podrán escribir enviado sus aportes y comentarios.
Algunas organizaciones de la oposición y la disidencia dentro y fuera de Cuba han manifestado que participarán en el proceso de discusión.
Al respecto, cada cual debe ser libre de hacer lo que estime conveniente.
No obstante, son necesarias algunas precisiones.
No está claro si la consulta implicará un debate, de cuál alcance y amplitud, ni si se verificará abierta y transparentemente en la prensa, si será de la forma en que tradicionalmente el Partido y el gobierno hacen sus “consultas a las bases”, de forma vertical, dirigida, y si se respetarán las propuestas y comentarios de todos los ciudadanos, independientemente de sus posiciones políticas.
La invitación a los cubanos de afuera se hace limitada a los que están en el exterior por “motivos personales”, según el vocero de la cancillería que dio a conocer la información, con lo cual queda excluida de participar la gran masa de emigrados que ha establecido su residencia en otros países, aun cuando mantengan la ciudadanía cubana. De manera que no se puede tomar como una invitación hacia la emigración cubana, como tal, mucho menos como una apertura hacia la misma. Tal parece una manipulación del lenguaje para atrapar a quien no haya leído bien la información.
A pesar de esas limitaciones e imprecisiones, la oposición y la disidencia interna y externa, -que deberían verse como una y la misma cosa aceptando sus diferencias, si quieren jugar algun papel en el presente y el futuro de Cuba-, podrían y deberían aprovechar todos los espacios posibles, por limitados que sean, para tratar de hacer públicas sus propuestas y procurar influir en la opinión publica, nacional e internacional.
El objetivo sería hacer notar las limitaciones, incongruencias, debilidades y ausencias democráticas de todo tipo en el proyecto gubernamental y al mismo tiempo divulgar las propuestas de la oposición y la disidencia, a fin de ir contribuyendo al desarrollo de una conciencia nacional constitucionalista que objetivamente hoy no existe entre las grandes mayorías que saben lo que no quieren, pero no todos tienen claro lo que desean ni cómo lograrlo.
A todas luces, la “invitación” a participar a los de afuera puede identificarse con las maniobras cosméticas que viene realizando Díaz-Canel en busca de mejorar la imagen pública internacional del régimen, aliviar las presiones politicas externas y conseguir inversiones foráneas para sus planes económicos estadocéntricos, con perpetuación de la forma semiesclava de trabajo a la que está sometida la clase trabajadora cubana.
Varios periodistas independientes han denunciado ya el carácter antidemocrático del “proyecto”, desde su nacimiento y evolución hasta el presente, particularmente expuesto en su articulado donde se mantiene la subordinación de la Constitución a la dirección del Partido Único dizque comunista y la ausencia de garantías para el pensamiento político diferente.
El gobierno de Díaz-Canel ha mantenido la represión con las detenciones y encarcelamientos transitorios arbitrarios, ha continuado negando la salida del país a varios opositores y persiste en su hostigamiento contra los activistas y especialmente sobre los periodistas independientes.
Las libertades fundamentales siguen coartadas y nadie debe olvidar tampoco que en las últimas elecciones para delegados del Poder Popular todas las acciones de los opositores y disidentes para tratar de participar en el proceso electoral fueron abiertamente saboteadas por el régimen.
Por todas esas razones y por la no existencia de condiciones en Cuba para un proceso democrático donde se tenga en cuenta el pensamiento variopinto de la ciudadanía, se hace difícil imaginar que el régimen tome en cuenta las opiniones de la oposición y la disidencia a la hora de conformar el proyecto final de constitución.
