GUANTÁNAMO, Cuba.- El artículo 40 del Proyecto de Constitución sometido a debate establece que todas las personas son iguales ante la ley, están sujetas a iguales deberes, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana.
Desconcierta —y también crea suspicacia— que quienes redactaron el Proyecto no hayan incluido la discriminación por razones políticas como también lesiva a la dignidad humana, algo que debían haber hecho de conformidad con lo establecido en el artículo 17, que obliga a las autoridades cubanas a incorporar al ordenamiento jurídico nacional lo prescrito en los tratados internacionales ratificados por el gobierno. En este caso ese concepto consta en el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ratificada por Cuba, por tanto es inadmisible esa omisión.
Por estos días algunos dirigentes cubanos —entre ellos el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, señor Miguel Díaz Canel Bermúdez— se han pronunciado públicamente contra cualquier tipo de discriminación tomando como referencia el matrimonio igualitario, pero omiten pronunciarse acerca de la discriminación política, provocando dudas acerca de la sinceridad de sus pronunciamientos y de su voluntad política. Pero, ¿puede haber igualdad ciudadana sin igualdad política y en un sistema de partido único?
¿Por qué no hay igualdad ciudadana en Cuba?
Es mentira que en Cuba un opositor pacífico, un periodista independiente o un ciudadano que no comulga con el régimen reciben la misma protección jurídica y trato de las autoridades con relación a los “revolucionarios”. Cuba es un país sumido en una dictadura de partido único, un partido impuesto a todos los cubanos como presunta “fuerza superior de la sociedad” pero jamás elegido por el pueblo en elecciones libres y multipartidistas para ocupar esa posición. Así, la única fuerza política reconocida legalmente es la de los comunistas. Todo el que se oponga a eso es discriminado laboral, social y políticamente.
Si miramos a la mal llamada sociedad civil cubana, la oficialista, que es la única que el gobierno reconoce, vemos que está conformada por organizaciones satélites subordinadas al partido comunista, cuya dependencia del Estado aparece consignada en el artículo 14 del Proyecto y en el artículo 7 de la Constitución vigente.
Quienes apoyan un proyecto de país diferente al que impone por la fuerza ese partido carecen de derechos civiles y políticos y eso es discriminatorio. Esos cubanos no pueden aspirar a cargos gubernamentales ni a carreras militares u otras priorizadas para el régimen. A muchos de ellos se les niega el derecho al trabajo. Si alguno aspira a presentarse como candidato a las elecciones del Poder Popular la seguridad del Estado impide su participación en las asambleas de vecinos. Tampoco pueden expresar públicamente sus ideas y su proyecto de país de forma libre y sus organizaciones no son reconocidas por el régimen. Si se alojan en un hotel —luego de reunir con muchos sacrificios la suma exigida en divisas— no pueden disfrutar de los mismos servicios que se ofrecen a los extranjeros. Los cubanos de aquí tampoco pueden invertir en Cuba, aunque tengan el dinero para hacerlo, porque la ley de inversiones solo favorece a los advenedizos.
Dice el Proyecto que todos gozamos de iguales deberes y derechos pero además de los cubanos que vivimos aquí y somos tratados como ciudadanos de segunda, los que residen en el extranjero también son discriminados porque no son tenidos en cuenta para los procesos electorales, se les exige pagar más caro que a los que vivimos aquí el pasaporte que les permite entrar al país y no pueden heredar a sus familiares si residen de forma permanente fuera de Cuba. Están obligados a pagar en divisas todos los servicios que reciben cuando nos visitan y no pueden comprar una casa a título personal, establecer un negocio o invertir aquí.
Se trata de pruebas irrefutables que demuestran la imposibilidad de alcanzar la igualdad ciudadana en estas condiciones. Por eso lo expuesto en el artículo 40 del Proyecto de Constitución —que también aparece en el artículo 41 de la Constitución vigente— seguirá siendo una quimera delirante para engatusar a los cándidos políticos europeos. No en balde en el artículo 41 del Proyecto se afirma que el Estado cubano trabaja para crear las condiciones necesarias que faciliten la igualdad de sus ciudadanos, algo que en 60 años de dictadura no ha logrado. Es una promesa tan incierta como la posibilidad de que la nueva Constitución que se propone sea cumplida cabalmente.
Invito a quien lo dude a que lea la parte final de la Introducción del Proyecto, donde se reproducen estas palabras de Fidel Castro, dichas luego de proclamarse la Constitución de 1976: “La revolución no puede crear una Constitución, no puede crear instituciones, no puede crear principios que no se cumplan”.
Precisamente eso es lo que pasó con dicha Carta Magna, irrespetada por los funcionarios y dirigentes estatales, por los policías, jueces y fiscales en vida del propio líder del proceso cubano, el primero en violar el Programa del Moncada, el Pacto de México, el Pacto de la Sierra y el Pacto de Caracas, donde se comprometió a restablecer la Constitución de 1940 y el proceso democrático en Cuba. Al triunfar juró ante el mundo que no era comunista y cuando el comandante Hubert Matos pidió su renuncia al cargo que ocupaba en el ejército rebelde pues rechazaba el camino que Fidel Castro imponía a la revolución, el líder lo detuvo y lo condenó a veinte años de cárcel. Después dijo en un acto: “¿Elecciones para qué?”, y posteriormente se declaró comunista. ¡Y luego se nos apareció con su concepto de revolución en el que afirmó que esta es, entre otras cosas, no mentir jamás!
