MIAMI, Estados Unidos.- Las autoridades cubanas se preparan para aprobar un nuevo paquete de medidas que pretenden “frenar las ilegalidades” en el sector privado, anunció este martes Margarita González Fernández, ministra de Trabajo y Seguridad Social, durante una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, según recoge el sitio oficialista Cubadebate.
La funcionaria del régimen dijo en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento que las nuevas normas van a atajar “la ilegalidad impune” que “provoca descontento en los cuentapropistas que sí cumplen con sus obligaciones y ven que en su entorno hay otros que violan lo establecido”.
Al respecto, Miguel Díaz-Canel y el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, ya habían hecho un llamado a que los ciudadanos denuncien a los comerciantes que suban los precios, después de que se publicara oficialmente un listado de productos con sus correspondientes precios, como una guía para que los consumidores puedan exigir su cumplimiento, reza la nota.
Así entonces, la ministra de Trabajo y Seguridad Social ahora se hace eco de esos llamamientos y asegura que muchas de las ilegalidades que se cometen en el sector por cuenta propia quedan impunes porque los cubanos ante estos hechos miran hacia el otro lado y no lo denuncian oportunamente.
González Fernández se refirió a algunas ilegalidades, como la venta por parte de comerciantes privados de “productos importados o procedentes de la red de comercio nacional”, cuando desde diciembre de 2013 el Gobierno prohibió la venta de ropa o calzado importados y de otras mercancías provenientes de las tiendas estatales.
Hasta mayo de 2019 laboraban en el país 605 908 trabajadores por cuenta propia en las 128 actividades autorizadas, dijo la ministra, y La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba agrupan el 65% del total de esa fuerza laboral no estatal que ha crecido en la última década, pero sigue siendo muy minoritaria.
De acuerdo a Cubadebate, en los primeros cinco meses de este año se produjeron 185 000 altas de licencias en el sector, especialmente en las actividades vinculadas a la elaboración y venta de alimentos, transporte, servicios de belleza, productor o vendedor de artículos varios y trabajador contratado; y 77.522 bajas, en su mayoría en las esferas relacionadas con la gastronomía, albañilería, servicios de belleza y trabajadores contratados.
El anuncio de estas nuevas regulaciones, de las que aún no se han precisado detalles, llega a pocos días de que el Gobierno anunciara un paquete de medidas económicas que incluyen un aumento salarial y mayores flexibilizaciones internas en las empresas estatales.
