Protección de derechos ciudadanos… ¿en Cuba? Cubanet

Fiscalía General de la República en La Habana (Foto: Alberto Méndez)

LAS TUNAS, Cuba.- Adscripta a la Fiscalía General de la República, Raquel Rodríguez Fraga, jefa de la Dirección de Protección de los Derechos Ciudadanos, el pasado 20 de abril notificó a Alberto Méndez Castelló:

“Le comunico que recibido su escrito, el mismo ha sido trasladado a la Fiscalía Provincial Las Tunas para su tramitación y respuesta. Debiendo entenderse con dicho órgano, donde se le informará lo pertinente respecto a la tramitación de su asunto.”

Luego de 40 días de silencio cabe preguntarse: ¿Debo entender como una burla la notificación de la fiscal Raquel Rodríguez Fraga?

Hago la pregunta antes de narrar los hechos, para que sean los lectores, como un día hicieron los cazadores citados al final de esta historia, quienes por sí mismos evalúen cómo en Cuba se “respeta” la tan cacareada “legalidad socialista.”

Sin tomarse el trabajo de disponer investigar los hechos y mucho menos entrevistar a los testigos, el director provincial de Planificación Física en Las Tunas, ingeniero agropecuario Norge Rojas Cruz, decretó la expropiación de nuestra casa, por lo que el pasado 17 de abril me presenté en la Fiscalía General de la República con un abultado macuto de papeles bajo el brazo y una petición en la voz:

“Alegando falsedades nos quieren expropiar nuestra casa. Investiguen esto”, dije.

Un mes después, el 18 de mayo, una joven fiscal quien dijo llamarse Yordalis me citó para el siguiente día en la Fiscalía Municipal en Puerto Padre. Sobre su buró se encontraba el macuto de papeles que habíamos dejado en La Habana, y que de forma burlona, ahora parecían decirnos: “¡Viste… tanto nadar para morir ahogados en la orilla, ahora otra vez estamos en Puerto Padre!”

La fiscal Yordalis dijo no estar en su potestad impugnar lo decretado por el director provincial de Planificación Física.

“Bien, en lugar de impugnar usted puede emplear los sinónimos constatar o argumentar”, dije a la fiscal, añadiendo: “Para verificar lo ilegal, injusto e improcedente a Derecho decretado por el director de Planificación Física Rojas Cruz, sólo pedí a la Fiscalía restablecer la legalidad quebrantada, y para restablecer la legalidad, basta que la Fiscalía, al menos, entreviste a seis de los 12 testigos propuestos. Eso constataría o argumentaría la verdad”, dije.

La joven fiscal dijo que aquello le parecía bien, que estaba bien eso de entrevistar a los testigos cuyos criterios basados en sus profesiones y experiencias no habían sido consultados y que así lo consultaría con su jefa.

Notificación de ¿atención a los ciudadanos? Notificación de ¿atención a los ciudadanos?

Si la primera imagen distorsionada, proyectada cual espejo burlesco, provino de la Fiscalía General de la República, ¿debo entender que ahora es la Fiscalía Municipal de Puerto Padre la encargada de sostener ante nuestra familia el choteo?

Pienso que estamos ante una burla leguleya en tanto la Fiscalía se tomó diez días en silencio, sin hacer absolutamente nada, para al cabo de todo ese tiempo rehusar hacer lo que está obligada a ejecutar por ley.

Este 29 de mayo otra vez la fiscal Yordalis me citó a su oficina, esta vez para decir que no podía tomar declaraciones a los testigos, que esa era la indicación de la fiscal jefa municipal Lisbeth Pavón.

Al dirigirme a la Fiscalía General de la República en el escrito de petición había invocado el artículo 63 de la Constitución, que expresa: “Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley.”

Y había recordado a la Fiscalía su obligación legal según el artículo 127 de la propia Constitución: “El control y la preservación de la legalidad sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, la leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado…”

Y como precepto ético había pedido  a la Fiscalía General de la República, a primera vista en su actuación, la observancia del Objetivo de Trabajo No. 16 del Partido Comunista de Cuba, el partido de los fiscales, el que les exige y les hace “exigir y comprobar que en las instituciones y en el propio Partido, se preste oportuna y debida atención a las quejas, denuncias y otros asuntos planteados por la población y que las respuestas se brinden con el rigor y la celeridad requeridos”.

Pedí demasiado, ¿no? En mi petición a la Fiscalía General de la República, había invocados todos esos preceptos jurídicos y morales, que de haberse ejercitados, habrían puesto al descubierto la farsa en que se sustenta la expropiación de nuestra casa como medio de hostigamiento a mi pensamiento; no por expresarlo en una tribuna, pues no soy un político, sino por exponer mis ideas en artículos periodísticos y en libros.

En cambio, luego de 42 días de dilación inútil, este lunes 29 de mayo, en la Fiscalía de Puerto Padre, a donde habían ido a recalar cuales objetos de un naufragio mis peticiones formuladas en la Fiscalía General de la República de Cuba, debí decir a la fiscal Yordalis: “Siento pena por usted. Pena por una jurista joven a quien su propia institución, la encargada de velar por el respeto de la ley, la lleva a violar las leyes.”

Y volviéndome a un retrato de Raúl Castro, con un fragmento de un discurso donde el general habló de derechos y de legalidad, colgado en una pared de la oficina donde supuestamente se vela por los derechos ciudadanos añadí: “Y pueden retirar esa fotografía y esas palabras de Raúl Castro de esta oficina, donde poco o nada tienen que ver con lo que aquí se hace, ¿no?”

Pero cuando regresé a casa me percaté de cuán equivocadas estaban mis palabras dirigidas a la fiscal Yordalis respecto a la ubicación del retrato de Raúl Castro.

Fiscalía de Puerto Padre (Foto: Alberto Méndez)

El campo de tiro al plato de la Federación de Caza Deportiva de Puerto Padre había sido robado hasta sus cimientos, y hurgando entre papeles viejos encontré la carta dirigida por el secretariado de la Federación de Caza al General, donde, frustrados ante su petición de investigar la corrupción denunciada, al final de la carta dicen a Raúl Castro: “Conocemos las concepciones, prepotencias y capacidad de mentiras existentes en nuestra provincia (Las Tunas) y municipio (Puerto Padre) de las cuales podemos mostrarles dos ejemplos, ajustados al caso concreto que nos ocupa:

“El señor Naranjo, que robó en el campo de tiro y de lo cual le acompañamos copia del acta de la reunión, fue declarado inocente por la Comisión encargada de investigar estos sucesos de los que nos quejamos al Consejo de Estado.

“El señor Roberto Peña Leyva de la Dirección de Deportes, nos manifestó que podíamos escribirle a quién quisiéramos, que ningún ministro nos iba a contestar, pues todo venía a sus manos y la respuesta quien la daba era él.

“Estas razones nos hacen pedir que, si se va a repetir la escena (de otra investigación), mejor no lo hagan. Así nosotros tendríamos que sacar nuestras propias conclusiones, que es preferible a ver en el papel de fiscales y jueces a vulgares delincuentes”.

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