LA HABANA.- Mairenys Pavo Oñate, la esposa del abogado independiente Julio Ferrer, acaba de disfrutar de su primer derecho como reclusa después de haber cumplido más de dos tercios de una sanción de 9 años por delitos que los tribunales, finalmente, han desestimado.
En un fin de semana, después de 5 años y 9 meses, intenta recuperar su vida: una de sus hermanas decide aplicarle una cera fría para que el pelo se le fortalezca, la hija que dejó adolescente le da el almuerzo al nieto que no vio nacer, una vecina pasa y pregunta si ya hay café, los amigos llaman cada cinco minutos para saber cuándo pueden visitarla.
Ella “reparte turnos” porque no quiere que la vean con la cabeza embarrada de aquella crema. Apremia a su hermana para que lave y le alise el pelo, y pueda, de una vez, recobrar el glamour que tenía cuando conoció a Julio Ferrer y era más joven y delgada, y tenía el pelo teñido de amarillo; o como cuando entró a prisión con las extensiones puestas y el pelo le llegaba a la cintura.
Mayi, como la llaman todos, aunque se mueve dentro de su casa como si fuera libre y da entrevistas, aún no recupera su libertad y su status no le permite ir a conectarse a internet para hablar con su otra hija porque la wifi está fuera de su municipio; ni puede tampoco ir al cementerio donde está su madre porque “a los dos años de estar allí, con la tristeza más grande del mundo se me murió de cáncer”, cuenta. “Todavía no le he podido poner una flor porque no sé dónde está enterrada”.
El límite lo establece un tecnicismo legal: “En su expediente carcelario hay dos documentos que se contradicen y deben ser analizados por la sala de revisión del Tribunal Supremo”, dice Julio Ferrer, quien ha estado asesorando a los abogados que le han impuesto a su esposa tras la negativa de que fuera él quien asumiera su defensa.
El calvario empezó una noche cuando, al regresar de casa de una amiga, le habían dejado el recado de que debía presentarse en la estación de policías en la mañana y ver, “si mal no recuerdo, a la mayor Agnara”, recuerda.
“A partir de ahí empezó el enredo, la telaraña”, asegura. Su experiencia como abogada solo le ha servido para ser una reclusa difícil, “me dijeron que estaba allí porque había cometido un delito de falsificación, otro de estafa y cohecho. Esos fueron los primeros”.
Aunque no pudieron probarle nada, “me estaban pidiendo quince años por estafa, aunque al final me sancionaron a nueve años en una conjunta por tráfico de influencias”.
Luego, cuando establecieron el recurso legal de casación de esta primera sanción en el Tribunal Supremo, descubrieron que el documento dictado por una secretaría de un tribunal militar en Artemisa era falso.
“La instrucción se basó en este documento, entonces todo lo que viniera después era falso también”, aclara Pavo Oñate, que para la entrevista a CubaNet tiene que revestirse de abogada e intentar explicar su propio proceso.
“Fíjate si es así que ahora Julio está pidiendo una copia literal de la sentencia y la sala no se la quiere dar”, un documento al que es lícito tener acceso, y del que ya descubrieron que, aunque les han dicho que es el rollo que contiene el caso de Mayi, “no tiene nada que ver con mi caso”. Del rollo 3653 de Infracción de Ley.
“Esa sanción empezó a ejecutarse bajo una violación de lo que llamamos el estado de derechos”, explica. “Silvia María Jerez Marimón era la presidenta de la Sala de lo Penal con la que se podía hacer todo lo ilegal que ellos hacen. Ya no lo es, por suerte para otras personas. Yo sí tuve que sobrevivir a todas sus barbaridades jurídicas”.
Pavo Oñate considera que los dos primeros juicios estuvieron “amañados” y, entre otras cosas, no le impuso el Auto de Apertura del Juicio Oral, procedimiento obligatorio que da a conocer a los acusados cuándo se celebrará el juicio, quiénes son los jueces, los artículos del Código de la Ley de Procedimiento y todo lo que necesita para su defensa. “cuando se lo exigimos, no tenía ni fecha”, asegura la abogada.
Aunque su condición de CR (contrarrevolucionaria, según el vocabulario de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional) “se disparó hace 3 años porque una amistad de nosotros publicó una información en la BBC de Londres y me revisaron el expediente carcelario, la tarjeta de visita, me investigaron en toda la cuadra e investigaron a mi familia”, en su caso ya había “demasiada gente interesada”, como dice ella misma.
“Yo no tenía nada que ver con política”, asegura Pavo Oñate. “Unas personas fueron a decirme que yo era interés del primer nivel y que el Consejo de Estado dispuso que la Sección 21, que solamente actúa en casos muy especiales, me atendiera a mí. Y quedé categorizada como CR, como líder negativo”.
Ello, unido a la insinuación de lo que ya era sabido: Julio Ferrer, su esposo, formaba parte de un grupo de abogados independientes, Cubalex. “Me dijeron que ‘alguien’ estaba usando mi caso para hacer política y yo les respondí que se pusieran en los zapatos de Julio”. Fue la única explicación que recibieron.
Tras la casación del primer proceso, lo que está contemplado por la ley era la anulación de la sentencia y su liberación. Sin embargo “inventaron un segundo proceso, que es la causa 204 del 2014 en la que me meten a mí para impedir que la pueda defender”, cuenta Ferrer, y Mayi agrega: “Era fácil demostrarlo pidiéndonos el documento original de la vivienda, pero para este delito tampoco me instruyeron ni me tomaron declaración ni me dieron la posibilidad de defenderme. No obstante, aunque ya Julio estaba preso mi hermana contrató a un abogado del bufete de 41 y 60”.
El 29 de mayo de 2017, Mairenys Pavo Oñate asistía a su tercer juicio, el cual cree que fue “más limpio, porque quien iba a presidirlo era difícil que entrara en algún juego”.
Solo le hicieron dos preguntas: “¿Usted conoce de estos hechos? ¿Conoce usted alguno de los acusados?”, su respuesta fue “no, porque los hechos dicen que las actuaciones ocurrieron en el 2014 y yo estoy detenida, cumpliendo sanción desde el 2012”. Estuvo sentada en la sala desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde sin respuesta alguna aunque al final quedó anulado.
Mayi cree que incluso el abogado sacó sus propias conclusiones cuando logró revisar las “actuaciones”.
“Hasta eso le habían prohibido. Me dijo: ‘Mayi, indiscutiblemente esto es personal. Ya yo revisé y no hay nada de lo que me decían’”, cuenta que le dijo el único abogado con licencia para ejercer que ha llevado el caso hasta el momento porque los demás, pese a la contratación, conseguían desaparecer sin dar muchas explicaciones.
“Mi proceso aún no está claro”, agrega. La directora de la prisión le aseguró a la familia de Mayi: “En seis meses habrá que sacarla porque ya estará pasada aquí adentro”,
Mayi no tiene muchas esperanzas. “Tengo físicamente cumplidos, de siete años, cinco años con nueve meses; es decir, más de dos tercios de la sanción, y dice la directora de la prisión que yo comencé a cumplir una sanción conjunta, que es el segundo juicio del 2015, el 11 de febrero de 2016. Si es así, ¿de cuánto es mi sanción?”.
La cuenta de la abogada no coincide con la cuenta de la nueva directora de la prisión de mujeres, pero “el reglamento interno prisiones es claro y tienen que cumplir su artículo 55 de ese reglamento”. Sin embargo Julio Ferrer tiene otra teoría: “Yo calculo que están demorando porque, primero, generalmente aquí la gente se cansa, y la otra están dándole una vía de escape a los funcionarios para después decir: “Ya fulano no trabaja aquí, ya fulano no tiene que ver con esto o pidió su baja”, porque si ellos anulan los procesos, el tiempo que ha estado Mayi en prisión es ilegal y alguien tendrá que pagar por prevaricación o el delito que sea”.
El abogado de Cubalex ya ha demostrado que no se cansa de exigir su derecho. Detrás vendrán las demandas, con nombres y apellidos contra los responsables.
