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Régimen cubano condena a una adolescente de 17 años a ocho meses de prisión

LA HABANA, Cuba. – “Yo confié en todo lo que me dijeron, pero me mintieron”, declara a CubaNet la madre de Gabriela Zequeira Hernández, una adolescente de 17 años a quien el régimen acaba de condenar a ocho meses de prisión por su presunta participación en las protestas del pasado 11 de julio en La Habana.

Según Yoanis Hernández Cuadra, madre de la adolescente, las autoridades cubanas le dijeron que su hija “no estaba involucrada en las manifestaciones y que podría salir solo con una multa”. Sin embargo, el juicio sumario realizado este 22 de julio en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre terminó con la condena de la joven.

La estudiante de segundo año de Contabilidad en el politécnico Andrés Luján de San Miguel del Padrón fue sentenciada por el supuesto delito de “desorden público”, a pesar de que tanto ella como su madre aseguran que el día de las protestas “solo se quedó mirando porque nunca había visto una manifestación”.

“El 11 de julio iba para la peluquería. Ella estaba parada en la intersección de la calle Rita y la Calzada de Güines (cuchillo de Rita) y la manifestación era en la Virgen del Camino. La distancia que hay entre los dos lugares es de tres cuadras. Además, cuando (Gabriela) llegó a mirar ya casi se había acabado la protesta”.

Hernández Cuadra afirma que su hija no gritó ni tiró piedras, sino que, cuando vio a las personas corriendo en la manifestación, se empezó a alejar. “Pero ya los boinas negras (Brigada Nacional Especial) venían detrás de ella; la subieron para el camión y se la llevaron, sin decirle nada”.

La entrevistada no supo de su hija hasta el martes 13 de julio, cuando se trasladó a Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado, a exigir información sobre el paradero de la adolescente. Allí le confirmaron que se encontraba detenida en la estación policial de 100 y Aldabó.

“Ella nunca pudo hacer una llamada. Y yo no pude verla hasta después del juicio, que la vi tres minutos cuando se terminó. La besé, la abracé, ella me dijo: ‘Mami, sé fuerte, apela, a mí no me va a pasar nada’, en vez de yo darle aliento, ella me lo dio a mí”.

La adolescente de 17 años y a otras 11 acusadas fueron sentenciadas en un juicio sumario que tuvo como testigos a cuatro oficiales que nunca pudieron identificar a las imputadas.

“Ninguno las pudo reconocer. La abogada les preguntó por qué de entre las 500 y 600 personas que estaban en la protesta nada más estaban sentadas en el juzgado 12. Ellos se quedaron callados y dijeron que había mucha gente tirando piedras”, explica Hernández Cuadra, quien presenció todo el juicio.

La mujer también cuenta que en la vista oral no se tuvo en cuenta la edad de Gabriela, ni las cartas que mandaron la escuela y el CDR sobre su conducta, ni mucho menos que no tenía antecedentes penales. “Dijeron que como era un acto de contrarrevolución no se miraba nada de eso”.

“Entre las 12 acusadas había una madre con su hija de 17 años, a las que condenaron con ocho meses de privación de libertad y con un año (respectivamente). Solamente a una muchacha la sentenciaron a un año sin internamiento”.

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Hernández Cuadra reconoce que los juicios sumarios que se están realizando masivamente en Cuba tras las protestas en contra del régimen ocurridas en más de 60 puntos del país son ejemplarizantes, “para que la juventud coja miedo y no haga más manifestaciones”.

“Mi hija tiene que ser liberada. Han hecho muchas injusticias con todos los jóvenes; muchos son menores de edad y es un sufrimiento para las madres. Quisiera que todas las madres se unieran y no dejaran pasar por alto estas arbitrariedades”, suplica la entrevistada.

El domingo 11 de julio miles de cubanos de varias provincias del país salieron a las calles a protestar contra el régimen después de una manifestación originada en el municipio habanero de San Antonio de los Baños. Gritos como “Patria y Vida”, “Libertad” y “Abajo la dictadura” se escucharon en varias localidades de la Isla.

Desde ese día la Justicia cubana comenzó los procesos penales contra manifestantes y periodistas independientes, mediante juicios sumarios que se han realizado, en algunos casos, sin abogados defensores.

Recientemente, directivos de los órganos de Justicia confirmaron en conferencia de prensa que los casos procesados responden a los supuestos delitos de “desorden público”, “instigación a delinquir”, “desacato a las autoridades” y “daños físicos”.

Asimismo, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, aseguró que la Justicia tenía “previsto enmendar posibles errores”.

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