MIAMI, Estados Unidos. — El régimen cubano llevó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) un plan que prevé, entre otras cosas, frenar el “intervencionismo” y la “subversión” a través de Internet y las redes sociales.
La propuesta fue presentada por el viceministro de Comunicaciones de Cuba, Ernesto Rodríguez Hernández, en la cuarta sesión sustantiva del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre ciberseguridad 2021-2025, celebrada recientemente en la sede de la ONU en Nueva York.
Según medios oficiales de la isla, durante la reunión el funcionario cubano propuso dotar a los gobiernos de “un instrumento internacional jurídicamente vinculante, que complemente el derecho internacional aplicable, dé respuesta a los significativos vacíos legales en materia de ciberseguridad, y permita atender de manera efectiva los crecientes retos y amenazas, a través de la cooperación internacional”.
En ese sentido, Rodríguez Hernández abogó por establecer un marco legal que sancione “el uso indebido de las TIC y de las plataformas de los medios de comunicación, incluidas las redes sociales y las transmisiones radiofónicas y electrónicas”.
El viceministro cubano indicó que tanto las redes sociales como las transmisiones radiofónicas y electrónicas se han convertido en “una herramienta para el intervencionismo mediante la promoción de discursos de odio, la incitación a la violencia, la subversión, la desestabilización, la difusión de noticias falsas y la tergiversación de la realidad contra cualquier Estado con fines políticos y como pretexto para la amenaza o el uso de la fuerza, representan también una amenaza para las naciones y contravienen los principios del Derecho Internacional”.
Asimismo, y en pos de facilitar “el intercambio de información en materia de respuesta a incidentes”, Rodríguez Hernández abogó por “estandarizar, en la medida de lo posible, la nomenclatura de incidentes cibernéticos en la búsqueda de una terminología común”.
Desde hace años el régimen cubano intenta mantener el control sobre los estados de opinión en redes sociales e Internet fomentando y codificando la censura. Con ese fin fue instaurado en 2020 el Decreto ley 370, conocido como “Ley Azote”, que buscaba tipificar como delitos sancionables las publicaciones y comentarios de la ciudadanía en esos espacios virtuales.
