MIAMI, Estados Unidos.- El régimen cubano reprime todas las formas de disidencia en la Isla, y el país es una de las naciones donde el derecho a la libertad de expresión se vio aún más amenazado debido a las restricciones impuestas por la COVID-19, denunció este miércoles Amnistía Internacional en su informe 2020/21: La situación de los derechos humanos en el mundo.
En el apartado dedicado a Cuba del reporte, que abarca 149 países y contiene un análisis exhaustivo de las tendencias observadas por esta organización en materia de derechos humanos en todo el mundo en 2020, se llama la atención sobre los casos de varios opositores, activistas y periodistas cubanos cuyos derechos fueron violados en el periodo que comprende el informe.
Amnistía Internacional mencionó a José Daniel Ferrer, Camila Acosta, Luis Manuel Otero Alcántara, Denis Solís y Roberto de Jesús Quiñones Haces, y denunció que el gobierno cubano continúa reprimiendo y encarcelando a artistas independientes, periodistas y miembros de la oposición política.
El texto señala que la región de las Américas se mantiene como una de las más peligrosas del mundo para defender los derechos humanos, y que Cuba está señalada entre los países donde los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron agresiones, amenazas, procesamientos, detención arbitraria y vigilancia ilegítima.
A continuación, reproducimos íntegramente el apartado de Cuba:
Entre los informes sobre la escasez de alimentos, las autoridades seguían reprimiendo todas las formas de disidencia, por ejemplo, encarcelando a artistas independientes, periodistas y miembros de la oposición política.
Derecho a la alimentación
Durante todo el año hubo noticias de escasez de alimentos y otros bienes básicos, lo que llevó a que altos cargos del gobierno pidieran a la población cubana que cultivara más alimentos para consumo propio.
En septiembre, el artista grafitero conocido como Yulier P. pintó una inquietante imagen de alguien comiendo sus propios huesos en las calles de La Habana. Pese a las recomendaciones de la ONU de suspender las sanciones a fin de garantizar el acceso a alimentos y suministros médicos esenciales para responder adecuadamente a la pandemia de COVID-19, Estados Unidos siguió imponiendo su embargo económico al país.
Represión de la disidencia
Las autoridades seguían reprimiendo todas las formas de disidencia, y encarcelaron a líderes políticos, periodistas independientes y artistas. En abril, las autoridades dejaron en libertad a José Daniel Ferrer García, líder del grupo de oposición política no oficial Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y ex preso de conciencia, que había sido encarcelado en octubre de 2019 y juzgado el 26 de febrero en un proceso empañado por irregularidades.
Libertad de expresión
Las noticias sobre periodistas independientes multados por informar sobre la COVID-19 y su impacto en el país dieron lugar a que se pidiera al presidente Miguel Díaz-Canel que adoptara medidas inmediatas para garantizar la libertad de prensa.
La sociedad civil y algunos periodistas también expresaron durante el año su preocupación por que el Decreto Ley 370, relativo a la libertad de expresión en la web, parecía reforzar la red de control y censura digital del gobierno cubano, especialmente durante la pandemia.
En marzo, la periodista de CubaNet Camila Acosta estuvo detenida durante varias horas y fue multada por difundir información en Facebook. En septiembre fue detenida de nuevo y amenazada con ser procesada por protestar contra el Decreto 370.
El 4 de septiembre, las autoridades dejaron en libertad a Roberto Quiñones Haces, de 63 años, periodista independiente colaborador de CubaNet. Roberto había sido juzgado en 2019 y condenado a un año de prisión por “resistencia” y “desobediencia” a causa de su trabajo como periodista.
Amnistía Internacional, ARTICLE 19, el Instituto para el Reportaje de Paz y Guerra, y el Comité para la Protección de los Periodistas pidieron reiteradamente su liberación, teniendo especialmente en cuenta el mayor peligro que corría en caso de contraer la COVID-19 por tener patologías previas y más de 60 años. Roberto Quiñones había publicado artículos sobre sus condiciones de reclusión, que incluían hacinamiento, mala calidad del agua y los alimentos, y falta de atención médica adecuada.
A lo largo del año, las autoridades acosaron e intimidaron a miembros del Movimiento San Isidro, compuesto por artistas, poetas, activistas LGBTI, intelectuales y periodistas independientes. Los miembros del Movimiento estaban en la primera línea de la lucha contra el Decreto 349, una ley diseñada para censurar a artistas. Las acciones de las autoridades simbolizaban la constante represión en Cuba del derecho a la libertad de expresión en el país.
Según los informes, Luis Manuel Otero Alcántara, líder clave del Movimiento, permaneció encarcelado durante dos semanas en marzo tras haber sido acusado de “insultos a los símbolos de la patria” (artículo 203 del Código Penal), un delito que no se ajustaba al derecho y las normas internacionales de derechos humanos, y de “daños” a la propiedad (artículo 339).
En noviembre, el Movimiento San Isidro atrajo la atención internacional cuando algunos de sus miembros se pusieron en huelga de hambre para exigir la liberación del rapero Denis Solís González, que había sido condenado a ocho meses de prisión por “desacato”, delito que tampoco se ajustaba a las normas internacionales de derechos humanos. Tras una redada policial en la sede del Movimiento en La Habana Vieja (llevada a cabo, según la prensa oficial cubana, por presuntos incumplimientos de los protocolos de salud relativos a la COVID-19), las autoridades pusieron de nuevo a Luis Manuel Otero Alcántara bajo custodia durante varios días y detuvieron a la intelectual Anamely Ramos González durante aproximadamente 12 horas.
En respuesta a la redada, el 27 de noviembre cientos de artistas e intelectuales organizaron una insólita protesta ante el Ministerio de Cultura y consiguieron una audiencia igualmente insólita con el viceministro de Cultura. Durante aproximadamente dos semanas después de la reunión, algunos miembros del Movimiento, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y Anamely Ramos González, y aproximadamente 10 o más activistas y periodistas independientes, fueron sometidos a vigilancia constante y se exponían a ser detenidos por la policía y agentes de seguridad del Estado si salían de sus casas, lo cual constituía esencialmente un arresto domiciliario contrario al derecho internacional.
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