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Régimen de Daniel Ortega allana oficinas de la sociedad civil nicaragüense

Agentes policiales del régimen nicaragüense allanan oficinas de ONG y medios de prensa. Foto Internet

MIAMI, Estados Unidos.- Las oficinas de cuatro ONG y un grupo de medios de comunicación críticos del régimen de Daniel ortega en Nicaragua fueron allanados por efectivos de la policía este viernes, sin una orden judicial que los respaldara. Éstas previamente habían sido despojadas de su personalidad jurídica por la Asamblea Nacional, denunció en su cuenta de Twitter el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro.

Los operativos tuvieron lugar durante la madrugada, y fueron revisadas las sedes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), del Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE), del Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), la Fundación del Río, y Popol Na, así como las oficinas de Esta Semana, Esta Noche y Confidencial.

Medios de comunicación y representantes de las distintas ONG que se vieron involucradas en los allanamientos, coincidieron en denunciar que los agentes policiales en algunos casos golpearon a los vigilantes e ingresaron con violencia y sin orden judicial, ocuparon documentos, y se llevaron computadoras, automóviles, teléfonos celulares y objetos de valor, precisó un reporte de la agencia de noticias EFE.

Según la información, en el caso del CENIDH, al no poder romper las puertas ingresaron por el techo, amordazaron al vigilante, a quien amarraron y dejaron abandonado, relató su presidenta, Vilma Núñez.

“Es un acto ilegal, punible, violatorio a la propiedad privada, la libertad de expresión, la libertad de prensa, a la libre empresa”, condenó Fernando Chamorro.

Chamorro descartó que la Policía haya confundido sus oficinas con las del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), del que fue director, al que la Asamblea Nacional nicaragüense también quitó la personalidad jurídica.

En una declaración emitida este jueves, CINCO condenó la arbitraria e ilegal cancelación de su personería jurídica y la de otras ONG de la sociedad civil, “antecedida por la imposición de un estado de excepción de facto que viola la Constitución”.

CINCO rechazó los alegatos esgrimidos por el Ministerio de Gobernación y los diputados orteguistas, sobre la supuesta ilegalidad de su Junta Directiva y la no presentación de sus estados financieros. Sin embargo, para la ONG ambas imputaciones son un pretexto para despojar a esta organización de su personería jurídica por razones políticas.

El régimen de Ortega acusa a estas organizaciones, sin ofrecer pruebas, de promover actos delictivos de “desestabilización del país” y de “promover un golpe de Estado”. Pero Chamorro asegura que se trata de “acusaciones falsas con las que se pretende criminalizar los derechos constitucionales de asociación, movilización, libertad de prensa y libertad de expresión”, añadió.

Para esta ONG, “los únicos golpistas y desestabilizadores son los responsables de la dictadura Ortega-Murillo que han provocado la peor matanza de la historia nacional en tiempos de paz, así como una crisis política que tiene a la economía nacional al borde del colapso”.