LA HABANA, Cuba. – Las autoridades municipales del Cerro, en La Habana, han dado un nuevo ultimátum de desalojo a más de un centenar de familias que residen en el asentamiento ilegal conocido como “Campo Catorce”, en las cercanías de la heladería Ward.
“Ayer fui citado por el segundo jefe de la policía de la 4ta unidad y me dijo que si todos los hombres que vivimos aquí no nos vamos nos van meter preso. Que nos van abrir un expediente por peligrosidad y que nos van a meter presos”, aseguró Rodelquis Estrada Álvarez, uno de los residentes del asentamiento.
Según explicó, las autoridades les han dado de plazo hasta el próximo 10 de julio para que todos los residentes abandonen el lugar por su propia voluntad, o de lo contrario, serían desalojados por la fuerza.
“Esta es mi casa y la voy a defender hasta la muerte, no porque yo sea valiente ni guapo, es porque no tengo opción. De aquí no puedo irme. Muchos de los que estamos aquí si nos quitan la casa vamos a ir a dormir a la Plaza de la Revolución, porque no tenemos otra opción, no la hay”.
“Aquí llevamos dos años y algo… ¿Qué han hecho Planificación Física y Vivienda que en dos años han dejado que esto prolifere así? Porque aquí hay casi cuatrocientas viviendas… no nos podemos ir porque no tenemos para dónde ir”, puntualizó Estrada Álvarez.
El hombre agrega que, desde que comenzó el periodo de aislamiento social condicionado por la pandemia, las autoridades no han dejado de asecharlos para obligarlos a salir de la zona donde han construido su propia comunidad.
“Se aparecieron aquí en pleno COVID-19, proclives a propagar el virus, porque vienen de la calle y se te personan en la casa, en ocasiones sin pedir permiso. Eso es propagación de epidemias, pero eso no lo sanciona nadie”, apuntó.
Elidio Tumbarel Cascaré, otro de los residentes del asentamiento, alega que todos los residentes están siendo citados por la policía y que los amenazan con enviarlos a prisión si no abandonan el lugar.
“Han venido los inspectores, han pegado multas, han amenazado, van casa por casa diciéndole a todo el mundo que se vayan de aquí, que esto lo van a derrumbar. No tienen en cuenta el miedo de las mujeres y los niños, y no pedimos mucho, lo único que queremos es que nos dejen vivir tranquilamente”, acotó Elidio.
Entretanto, Liannet Nobrega González denunció que además de ser amenazada y doblemente multada las autoridades, a través de su centro laboral, también están acosando a su madre, a la cual le exigen que abandone el asentamiento o de lo contrario podría ser despedida.
“Me pusieron dos multas, una de 1000 pesos y otra de 200. La de 1000 fue por el terreno y la de 200 por el agua”.
Sin embargo, González explica que hasta el momento no tiene entrada de agua potable en su vivienda, algo que no tuvieron en cuenta las autoridades del Cerro para aplicarle la medida. Insistieron, según dijo, en que había cometido una violación.
“Yo no tengo entrada de agua en mi casa, si ella no ve una manguera o un tubo como ella me va a poner a mí una multa por agua. Entonces ella (inspectora) me dice, en mala forma, que, aunque yo vaya a los edificios a buscar el agua con un cubo, yo tengo que pagar esa multa, porque, según ella, estoy violando la ley”.
Aliuska Silva Martínez resalta que, incluso, el Intendente del municipio Cerro advirtió a las autoridades sanitarias para que no les dieran asistencia médica durante el momento más crítico de la pandemia.
“El Intendente del gobierno del Cerro le reclamó a la enfermera que ella no era quien para atender a ninguno aquí, que ella no podía atender a ningún ciudadano aquí adentro: ni a nosotros, ni a los niños, ni a nadie, que no nos podían atender”.
En enero de este mismo año el régimen también intentó desalojar a estas familias y amenazó con demolerles sus viviendas y enviarlos hacia sus provincias de origen bajo la justificación de que en los terrenos que ocupan serían construidos varios edificios de residencia.
A pesar del azote de la pandemia en la Isla, el régimen cubano no ha cesado su lucha contra los asentamientos ilegales que abundan en toda la capital cubana.
En mayo pasado, las autoridades del municipio Boyeros intentaron acabar con otro asentamiento ilegal ubicado en el reparto Sierra Maestra, zona donde la mayoría de los residentes son militares. Según la justificación ofrecida por las autoridades para la demolición, en el terreno que ocupaban sería construida una cochiquera.
La falta de vivienda continúa siendo uno de los principales problemas a los que se enfrentan los cubanos. Según el sitio oficialista Cubadebate, al cierre de mayo fueron entregadas 68 viviendas a madres con tres o más hijos. De 7 403 viviendas previstas a construir en la provincia este año, hasta la fecha se han logrado edificar 4 373.
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