WASHINGTON, Estados Unidos. – La futura constitución cubana posee elementos violatorios del derecho internacional y de los principios recogidos en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), según trascendió este martes en la sede principal de ese organismo en la capital estadounidense.
“Su contenido supedita los derechos de cada individuo a los de la ideología socialista, so pena de un delito de traición”, reflexionó Jaime Aparicio, expresidente del Comité Jurídico Interamericano, en un panel de expertos convocado por la OEA para analizar la ausencia de garantías básicas en la nueva Carta Magna de la Isla.
Según el jurista, el proyecto que el 24 de febrero necesitará el Sí en las urnas para ser ratificado no cumple con los principios fundamentales del sistema interamericano, y por esa razón la Carta es viable para la Isla.
“Cuba nunca denunció ese documento, tampoco la Resolución de Derechos Humanos de 1959 de la Comisión Interamericana. Y aunque el gobierno fue expulsado de la OEA, Cuba es miembro de la organización. La Carta es aplicable”.
Aparicio explicó que dentro de los principios avalados en ese entonces por La Habana se encuentran el derecho a elecciones libres y por sufragio universal, la democracia representativa como base real de derechos, y las garantías para la libertad de expresión e información.
“La Constitución reconoce que la soberanía descansa en el pueblo. Pero establece la irrevocabilidad del socialismo. En la práctica no existe posibilidad de que el pueblo pueda cambiar esa realidad. Como recuerdan los acontecimientos del Proyecto Varela”, argumentó.
Laritza Diversent, Directora de Cubalex, identificó vacíos legales y conceptos ambiguos que favorecen la actuación represiva del régimen. Citó como ejemplo el Artículo 4 del documento en el cual se considera la traición a la patria como el más grave de todos los crímenes, sin definir los límites de la misma.
“Los Derechos Humanos, las elecciones libres y transparentes, y la separación de poderes constituyen tres de las áreas más vulneradas desde el punto de vista del derecho internacional”.
La abogada aclaró que aunque La Habana ha contemplado la inclusión de algunos derechos como el habeas corpus, el habeas data y la libertad de prensa individual, en la práctica la Constitución prima por encima de los tratados internacionales ratificados por la Isla, pues subordina la aplicación de la Ley a los intereses del Partido Comunista.
“La comunidad internacional debe observar que Cuba no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Existe un desconocimiento en la nueva Constitución de esos principios universales, lo cual se refleja en la falta de libertades y en la persecución a quienes piensan diferente”.
Precisamente con un llamado la comunidad internacional a “desconocer al régimen cubano tras los resultados del referéndum”, concluyó su intervención la líder opositora Rosa María Payá Acevedo, al frente de la plataforma Cuba Decide.
Acevedo declaró que el proceso no cuenta con las garantías mínimas ni responde a una voluntad popular, por lo que “es el momento” para un boicot internacional, similar al ocurrido recientemente en Venezuela.
“Es el intento de una dinastía por mantenerse en el poder. Pero son manifiestas las expresiones de descontento popular y deseos de cambio que sienten los cubanos de dentro y de fuera”, argumentó.
La reunión en el Hall de Las Américas es el segundo de varios encuentros anunciados por Luis Almagro, Secretario General de la OEA, que tendrán lugar en 2019 para examinar la situación política y social del país.
En diciembre pasado la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó el texto final de una nueva Constitución para sustituir a la vigente desde 1976.
El documento introdujo cambios puntuales en el modelo económico del país, tras reconocer la propiedad privada y favorecer la inversión extranjera; así como en la estructura gubernamental, con la restricción de los períodos de mandato presidencial y la creación del cargo de Primer Ministro.
También reestructuró las nociones entorno a la ciudadanía y la familia. Este último uno de los puntos más polémicos, debido a las confrontaciones en torno al matrimonio igualitario, que a la postre culminaron en la decisión de someter a referéndum popular un nuevo Código de Familia, en un período de dos años.
En las últimas semanas el Gobierno ha impulsado su campaña para promover el Sí en espacios de la vía pública, redes sociales y medios oficiales de comunicación, los únicos permitidos en el país.
Varios activistas, actores independientes y líderes de oposición han denunciado que la Ley Electoral actual prohíbe la organización de campañas políticas y los intentos de condicionar el voto.
Disímiles grupos de cubanos residentes en el exterior exigen su derecho a participar en el referéndum, tal cual ordena la legislación actual, aunque La Habana respondió diciendo que solo habilitará sus oficinas consulares para aquellas personas que prestan servicios oficiales.
