LA HABANA, Cuba. – Esta semana ha estado en el foco de la atención pública uno de los integrantes de la banda FARC. Antaño era la narcoguerrilla que adoptó el nombre de una institución de sus mentores ideológicos castristas: el de “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”. Tras los Acuerdos de Paz negociados en La Habana, el acrónimo sirve para denominar a los mismos bandoleros, ahora transformados —Presidente Santos mediante— en políticos: “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común”.
Una costumbre matonesca de esa pandilla es el empleo de seudónimos. Ninguno de sus jefes usa su nombre de pila; al menos, como práctica común. De ellos, algunos han tenido alias francamente rufianescos, como “Tiro Fijo” o “Mono Jojoy”. Otros han preferido nombres y apellidos ficticios. Es el caso del actual “máximo líder”, quien optó por llamarse igual que un mariscal de Stalin: “Timoshenko”. Y también del sujeto de la noticia de esta semana: Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido como “Jesús Santrich”.
La captura de este personaje —el 9 de abril del pasado año— por actividades de narcotráfico constituyó el primer arresto de un jefe guerrillero importante tras la firma de la paz. Por supuesto que ese suceso despertó el interés de toda Colombia y conmocionó a sus antiguos compinches. También la Comisión de Verificación de la ONU emitió un comunicado planteando que “el caso debe pasar por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”. Se trata del sistema judicial paralelo creado para juzgar a los antiguos guerrilleros desmovilizados.
Conviene aclarar que los referidos Acuerdos de Paz negociados en La Habana, en su largo articulado, contemplan la virtual impunidad (medidas sustitutivas de la prisión, las que no deben exceder de cinco años, aplicadas —además— en forma colectiva), para los asesinatos, sabotajes, secuestros y otros múltiples delitos perpetrados por los subversivos.
Lo anterior incluye el tráfico de drogas. Claro que no con ese nombre tan feo, sino con delicados eufemismos y circunloquios. ¡No por gusto las negociaciones de paz se prolongaron por tantos meses! Hubo tiempo de sobra para encontrar las fórmulas jurídicas adecuadas que resultaran aceptables para quienes habían trasegado toneladas de estupefacientes y no querían reconocer este extremo de modo explícito, pero sí eludir las severas penas de cárcel previstas para esas conductas en la legislación ordinaria.
Hay una sola objeción: La virtual impunidad resulta aplicable únicamente a las actividades delictivas realizadas por los guerrilleros desmovilizados antes de la firma de los acuerdos. Las perpetradas después no reciben ese indulgente tratamiento, y su conocimiento corresponde a la justicia ordinaria del país sudamericano; no a la benévola JEP. Además, sus autores sí pueden ser extraditados a Estados Unidos.
Este último es el destino que, según todo indica, espera a otros dos sujetos detenidos junto a Santrich por el mismo sucedido. Se trata de los nombrados Armando Gómez (alias “El Doctor”) y Fabio Simón Younes Arboleda. Ambos intentaron hacerse pasar por desmovilizados de las FARC, pero al no reconocerles la JEP esa condición, podrán ser extraditados sin dificultad alguna.
Con respecto a Hernández Solarte (recapturado la semana pasada pocos minutos después de haber sido excarcelado por decisión de un órgano de la JEP) sí reviste extrema importancia el tema de si los hechos sucedieron antes o después de la firma de los acuerdos. Esos hechos consistieron en una entrevista de unos siete minutos, en la cual participaron el propio inculpado, dos agentes encubiertos de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) que se hicieron pasar por inversores del Cártel de Sinaloa y un tal Marlon Marín,
Este último, al igual que los encarcelados parientes de la pareja presidencial venezolana, es también un “narcosobrino”, pero lo es de alias “Iván Márquez”, jefe negociador de las FARC en La Habana. De este último, tras el arresto de Santrich, se desconoce su paradero. Al parecer, el tal Marlon se ha convertido en testigo protegido de la DEA y se encuentra en territorio estadounidense colaborando al esclarecimiento del caso. Su testimonio sería el nuevo elemento vital esgrimido por la Fiscalía para volver a detener a Santrich.
En lo tocante a éste, el asunto reviste otras complicaciones jurídicas. Aunque parezca increíble, los Acuerdos de Paz reservan diez puestos no electivos de congresistas para los jefes de las FARC: Una de esas curules estaba destinada al ahora detenido. Las autoridades alegan que el exguerrillero no posee inmunidad parlamentaria, pues no tomó posesión de ese cargo. Los simpatizantes de las FARC aducen que esa omisión se debió a una fuerza mayor: El indiciado no asumió esa investidura por estar privado de libertad. Por ende, según ellos, sí se necesitaría una autorización de la cámara para procesarlo.
El diferendo ha dado lugar a un fuerte encontronazo entre las autoridades judiciales ordinarias y las de la JEP. Las primeras acusan a varios miembros de las segundas de diversos actos de corrupción. Estas últimas autoridades, a su vez, levantan la voz reclamando respeto para la justicia transicional que les corresponde a ellas impartir. En medio del embrollo, se han producido las renuncias nada menos que del fiscal general Néstor Humberto Martínez, la ministra de Justicia Gloria María Borrero y la vicefiscal general María Paulina Riveros.
En cualquier caso, lo cierto es que Seuxis Paucias Hernández Solarte continúa privado de libertad. Antes de su arresto, al ser interrogado en Oslo sobre si pediría perdón por sus múltiples delitos, recordó la letra del conocido bolero: “Quizás, quizás, quizás”.
Es posible que él, en este año y pico de encarcelamiento, haya tenido ocasión de arrepentirse de tan cínica respuesta. Y al preguntarse a sí mismo si en definitiva podrá librarse de ser extraditado a Estados Unidos y tener que cumplir allá una larga condena por narcotráfico, deberá especular también: “Quizás, quizás, quizás” …
