MIAMI, Estados Unidos.- La nueva Constitución del régimen cubano y el asesinato de líderes sociales en Colombia fueron este miércoles el centro de los debates de la sociedad civil con la Organización de Estados Americanos (OEA), que celebra su 49 Asamblea General en Medellín.
De acuerdo a información publicada por Diario de Cuba (DDC), la promotora de la iniciativa CubaDecide, Rosa María Payá, tomó la palabra para denunciar la falta de “legitimidad” de la nueva Ley de leyes. “El texto de reforma constitucional, concluido recientemente en Cuba, no cumplió las garantías y estándares necesarios de un proceso libre, justo y transparente”, dijo.
La nueva Constitución que se promulgó durante una sesión de la Asamblea Nacional el pasado 10 de abril, el mismo día en que hace 150 años se comenzó a redactar la primera Carta Magna de la Isla, no introdujo cambios en el sistema político, mantuvo al Partico Comunista de Cuba (PCC) como “fuerza dirigente superior de la sociedad” y ratificó el comunismo como aspiración, pese a que el término se había eliminado en el primer borrador de la reforma constitucional.
Payá, además, culpó al Gobierno de Miguel Díaz-Canel de tener una “influencia directa e indirecta” en las crisis de Nicaragua y Venezuela, países en los que los ciudadanos son víctimas de “violencia gubernamental, detenciones arbitrarias, acoso, prisión política, deportaciones forzosas y restricción del movimiento”, cita la nota.
“Hago un llamado al régimen de Raúl Castro y de Díaz-Canel para que desistan de acciones que violen los derechos soberanos de pueblos vecinos, como la vergonzosa presencia de servicios de inteligencia y militares cubanos en las unidades militares venezolanas”, agregó.
Entretanto, en la sesión de este miércoles también se abordó el tema del asesinato de líderes sociales en Colombia, donde la activista Judith Botero, de la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos y en representación de la Coalición Paz criticó al Gobierno del presidente Iván Duque por “la militarización de los territorios” para afrontar el problema de la violencia desbordada.
“Nuestra preocupación es compartida con la ONU, que instó al Gobierno a desarrollar una política que cuente con la plena participación activa de defensores y defensoras y de la sociedad civil, situación que no se ha materializado”, señaló Botero.
Por otro lado, expertos reunidos en Medellín alertaron también que las autoridades judiciales de Cuba, Nicaragua y Venezuela dejan en la impunidad centenares de crímenes de lesa humanidad. “Las víctimas (…) deben exigir la justicia a sus tribunales y muchas veces los tribunales no están ni preparados, ni con el conocimiento necesario y principalmente están en connivencia con el poder político, por tanto, no hay independencia, autonomía, y eso lo estamos viendo en países como Venezuela y Nicaragua”, denunció el italiano Amérigo Incalcaterra, exfuncionario de la ONU en América Latina.
“La Secretaría General de la OEA no encuentra posible hacer caso omiso a los testimonios y las denuncias de los venezolanos, nicaragüenses y cubanos (sobre crímenes de lesa humanidad)”, dijo por su parte Christopher Hernández, asesor del secretario general de la OEA, Luis Almagro.
“En Nicaragua, Venezuela y Cuba, las autoridades del Estado, principalmente su máxima autoridad, en ningún caso adoptaron medidas razonables para detener estas acciones”, añadió Hernández.
