LA HABANA, Cuba.- La elección de los nuevos gobernadores provinciales parece un acto formal que no variará la esencia del poder en cada territorio.
En varias ocasiones el mandatario Miguel Díaz-Canel Bermúdez se ha referido a cuatro prioridades que tiene su gobierno para el actual año 2020. Son ellas, y según sus palabras “el enfrentamiento a la plataforma colonizadora del imperio; la defensa del país; el intenso ejercicio legislativo que permitirá implementar lo previsto en la Constitución; y la batalla económica.
Todo indica que la elección de los gobernadores y vicegobernadores provinciales llevada a cabo el pasado 18 de enero se inscribe dentro de esas prioridades, ya que en la actual Constitución se prescribe la existencia de esas dos figuras como parte del proceso de eliminación de las asambleas provinciales del Poder Popular.
Y como prioridad al fin, la referida elección contó con una amplísima cobertura de los medios de difusión oficialistas, los cuales destacaban “el profundo carácter democrático” de ese evento. El cubano de a pie, sin embargo, estima que la elección de esos funcionarios mediante el voto popular, y no por el sufragio de unos delegados afines al gobierno, lo hubiese acercado más a la auténtica democracia.
Según el artículo 174 de la Constitución, “el Gobernador es el máximo responsable ejecutivo-administrativo en su provincia”. Mas, el engranaje del poder en la isla está conformado de forma tal que, en la práctica, el mandato real de los nuevos gobernadores quede en tela de juicio. Porque ellos deberán rendir cuentas de su labor a la Asamblea Nacional del Poder Popular, al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros, al Consejo Provincial —instancia formada por los presidentes y vicepresidentes de las Asambleas Municipales—, y por supuesto al presidente de la República, quien fue el que los propuso para el cargo. Ah, y no olvidar que los gobernadores siempre estarán a la sombra de los primeros secretarios del Partido Comunista en cada provincia, quienes encarnan el verdadero poder en todos los territorios.
En cuanto a la elección propiamente dicha, de los quince gobernadores elegidos, nueve eran presidentes de las Asambleas Provinciales del Poder Popular, y seis ocupaban los cargos de vicepresidentes de ellas. Es decir, que el presidente Díaz-Canel no se tomó el trabajo de proponer a cuadros nuevos —y claro está, mucho menos de no ser incondicionales ideológicamente— para el trabajo en las provincias, sino que mantuvo a los funcionarios anteriores. Cualquiera diría que tanto bombo y platillo no pudieron ocultar que la elección no rebasó los marcos de un acto meramente formal.
Quizás lo más significativo de semejante show sobrevino al darse a conocer algunas cifras de la votación. Los 12 mil 244 delegados que asistieron a las quince reuniones municipales depositaron su voto en las urnas. Pero 39 boletas fueron depositadas en blanco, mientras que dos resultaron anuladas. Lo anterior significa que cuando esos 41 delegados estuvieron solos en las casetas de votación, a salvo de la vista de los demás, fueron capaces de desobedecer las indicaciones provenientes de las altas esferas del poder.
Ello nos revela que en el seno de la nomenclatura castrista no es tanta la unanimidad como el miedo a enarbolar públicamente una opinión divergente.
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