¿A qué se exponen los seleccionados para una mesa electoral el 1-O?

Unos 55.000 catalanes recibirán en breve una carta de la Sindicatura Electoral de la Generalitat de Catalunya que les comunicará que han sido seleccionados por sorteo para acudir a una mesa electoral el próximo 1 de octubre, ya sea como presidente, vocal o suplente. Así lo contempla la ley del Referéndum aprobada el pasado 6 de septiembre por el Parlament, una norma que por otra parte fue suspendida por el Tribunal Constitucional solo un día después.

¿Es delito incumplir la ley catalana? ¿Hay delito en presentarse a la mesa de un referéndum suspendido? ¿Qué consecuencias tendría una u otra decisión? En una situación política tan convulsa como la actual, las respuestas a estas preguntas no son fáciles. La Fiscalía General del Estado y el mismo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han advertido del riesgo de ser miembro de una Mesa del referéndum, al entenderlo como “cooperación en un acto ilegal”. Pero por otro lado, la ley catalana del Referéndum fija claramente que los cargos de presidente y vocal de las mesas son “obligatorios”, según establece el artículo 31.1.











Choque de legalidades y legitimidades

La ley del Referéndum deja claro que los miembros de las mesas son “obligatorios” pero la ley está suspendida y Fiscalía avisa que los actos son “ilegales”

Los expertos consultados coinciden en que la situación política es “compleja”, coloca a los ciudadanos en “un conflicto de deberes” entre “dos legalidades” y plantea muchas dudas técnicas. Sin embargo, también mantienen que raramente se podría hablar de delito en ninguno de los casos. Para los juristas, ni el ciudadano que decida cumplir con el llamamiento de la Generalitat ni aquel que se niegue a hacerlo debe sufrir posibles consecuencias penales, atendiendo a las respectivas normas y la jurisprudencia existente.

Presentarse

Si en algún caso persisten dudas es en el de presentarse como miembro de la Mesa el día 1-O. La postura mayoritaria en la sección de Derecho Penal del Col·legi d’Advocats de Barcelona es que, al contrario de lo que dicen el Fiscal y Rajoy, no podría haber
delito de desobediencia. Para que eso ocurriera, los ciudadanos seleccionados “deberían haber sido previamente apercibidos de forma personal e individual”, subraya el vocal de la sección Albert Pons.

Avala esta postura Josep Maria Tamarit, el catedrático de Derecho Penal de la UOC, que entiende además que se trata de una hipótesis poco probable porque implicaría que una autoridad del Estado debería enviar 55.000 cartas personales avisando del posible delito a los ciudadanos. “No existe un delito por si mismo en presentarse a una mesa”, indica.









Más contundente es Sergi Blázquez, presidente de la asociación Drets, que añade que “la sola convocatoria de un referéndum está despenalizada”, por lo que tampoco se podría entender como una participación en “una acto ilegal”, como defiende Rajoy. “Si no existe delito, no se puede ser colaborador en un delito”, argumenta. Blázquez, que lanza un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, insiste en que hace falta un aviso previo y que así se estableció, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Supremo contra el exconseller Francesc Homs por el caso del 9N.



La duda

El delito de desobediencia sólo se comete si antes se ha recibido un aviso claro y personalizado aunque la sentencia a Mas contra el 9N supuso una excepción

Sin embargo, en el colegio de abogados barcelonés existe una única duda y tiene que ver precisamente con una de los fallos del 9N. “La sentencia del TSJC contra Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega no apreció el apercibimiento previo para que el delito se consumara”, explica Pons. Es decir, en el caso de posible delito de desobediencia, que no hubiera aviso previo personalizado no salvó al expresident de la condena. Sin embargo, la mayoría de los abogados –la postura no es unánime– creen que ni siquiera así, los ciudadanos podrían ser acusados y condenados.









Por dos razones, argumentan. Por un lado, “no es lo mismo el conocimiento exigible a un alto cargo como son el presidente de la Generalitat y dos conselleres que a un ciudadano de a pie, que no tiene por qué saber nada de derecho”, subraya Pons. Y, por otro, la jurisprudencia. El representante del ICAB recuerda que la “posición tradicional” antes de la sentencia del 9N tenía en cuenta que era necesario un aviso previo y personalizado. Además, en tanto que abogados, piden que “se acentúen las garantías para los ciudadanos” y “se cumplan todas las formalidades antes de atribuir la responsabilidad penal”.

Siendo esto así, Blázquez enmarca las declaraciones de Rajoy y del fiscal José Manuel Maza en una “estrategia del miedo” del Gobierno. De la misma opinión es Tamarit: “Hay que interpretarlo en un contexto de conflicto, para conseguir que la gente no vaya. Pero lo cierto es que están limitando su presión a cargos: alcaldes, Govern, sindicatura, etc.”.


Los juristas ven imposible que el Govern sancione o denuncie aquel que no quiera acudir a la mesa electoral

La ley del Referéndum

El consenso es absoluto en el caso del incumplimiento de la ley catalana. “Si partimos de la legalidad establecida, que es la española, está claro que en la medida que la ley del Referéndum fue suspendida, no puede ser legalmente aplicable y ejecutable”, recuerda Tamarit. Sólo habría delito si la ley del Referéndum no hubiese sido suspendida, añade, porque “no presentarse sin causa justificada a una mesa electoral es, de acuerdo con la ley de Régimen Electoral (Loreg), un delito”. Hay que recordar que la disposición adicional de la propia ley catalana se remite a la Loreg en todo aquello que no regula ella misma.









De la misma opinión es Albert Pons, quien recuerda que la ley de la Generalitat no tiene capacidad sancionadora y entiende que “sería absurdo” pensar en que la administración catalana denunciara a estas personas porque “hoy en día, los juzgados catalanes deben acatar el marco constitucional”. Sólo sería viable una denuncia de estas características en el caso “improbable” de que “los órganos judiciales de Catalunya rompieran la lealtad constitucional y que acatasen solo la legalidad que emana del Parlament”.

De igual forma, Blázquez indica que la ley catalana no contempla “ni sanción ni delito” y añade que la propia norma contempla mecanismos y plazos para presentar alegaciones de causas sobrevenidas y elegir sustitutos si fuera el caso. Esta regulación está detallada en los distintos puntos del citado artículo 31 de la ley del Parlament suspendida por el TC.

La papeleta para votar en el referéndum del 1-O
La papeleta para votar en el referéndum del 1-O
(LVD)

Legitimidad y caso extremo

El catedrático de Penal vaticina un escenario en que, dado que no hay consecuencias en ningún sentido, la decisión final de acudir o no a las mesas corresponderá a cada ciudadano. A su parecer, eso no es una buena noticia “para las garantías del referéndum”. “El ciudadano que quiera obedecer la legalidad catalana, acudirá. Y lo más probable es que sea de los que vota sí. Por contra, el ciudadano que vota no, no irá. De manera que en las mesas acabará habiendo más ciudadanos de una posición que de otra, y eso no es positivo para su legitimidad”.









Ahora bien, a la hora de tomar una decisión, ¿hay una que entrañe más riesgos? Pons se atreve a aventurar que acudir a la Mesa podría ser más peliagudo pero sólo en un caso absolutamente excepcional y nada “deseable”, añade. “Tal y como evolucionan las cosas, el Estado podría considerar que no nos encontramos ante delitos de desobediencia, sino ante delitos de sedición o rebelión, y aquí los apercibimientos previos ya no son necesarios”, manifesta el jurista. Pero concluye: “Pero entonces ya estaríamos en una situación de suspensión de derechos constitucionales, contemplado sólo en los estados de sitio o de excepción”.









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