Los abogados de Barcelona, a través de su Sección de Derecho Constitucional de la Comisión de Cultura del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), han difundido un comunicado de prensa en el que exigen al Govern de la Generalitat el respeto del Estado social y democrático de Derecho regulado en la Constitución.
El Colegio de la Abogacía de Barcelona se expresa en los siguientes términos:
1°. La Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación del Parlamento de Cataluña, así como el Decreto 140/2017 de 7 de septiembre, de la Generalitat de Cataluña, de normas complementarias para la celebración del referéndum de autodeterminación, están suspendidas por diversas resoluciones del Tribunal Constitucional.
Proseguir con la ejecución de normas suspendidas supone una clara violación de nuestro orden constitucional español y europeo por desobediencia, que no tiene amparo en el Derecho Internacional, ni en el Derecho de la Unión Europea, que regula y protege la integridad territorial de todos sus Estados miembros.
2°.Un Estado de Derecho nunca puede permitir que alguna de sus instituciones desobedezca las leyes e incumplan las resoluciones del Tribunal Constitucional. Nadie puede eludir el control jurisdiccional de sus actos. Cuestionar los fundamentos del Estado de Derecho, menospreciando los órganos encargados de aplicar las leyes, no es nunca una opción lícita ni legítima. Ello supone, además, poner en peligro nuestro sistema de derechos y libertades.
En este sentido, el referéndum convocado para el próximo 1 de octubre, carece de legitimidad. Como juristas constitucionalistas constatamos además la ausencia absoluta de las garantías democráticas en dicho referéndum.
3°. La plena garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, en la Unión Europea, únicamente es posible desde el respeto al ordenamiento jurídico de la Unión y de sus Estados miembros. En el marco de la construcción europea no caben posturas unilaterales ni supremacistas.
4°. En consecuencia, exigimos a nuestras instituciones el respeto a las Leyes y a las decisiones de los Tribunales encargados de hacerlas cumplir, para garantizar la convivencia pacífica y los derechos fundamentales y libertades públicas de todos.
