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Acusan a Raúl Castro y a Díaz-Canel por crímenes de lesa humanidad

Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel (Foto Reuters)

MIAMI, Estados Unidos. –  El dictador cubano Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el gobernante Miguel Díaz-Canel, presidente del Consejo de Estado y de Ministros, han sido acusados formalmente ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, anunció este martes la Organización de Estados Americanos (OEA).

La demanda contra los cabecillas del régimen cubano fue interpuesta por la Asociación Prisoners Defenders International Network; encabezada por su presidente y fundador, Javier Larrondo Calafat, y el abogado penalista Sebastián Rivero Silva, ambos españoles; y por la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y su coordinador general, el exprisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer García.

También han sido acusados los ministros cubanos de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda; del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz; de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández.

Aunque el informe entregado consta de 350 páginas y cuenta con información detallada, testimonios y pruebas bien documentadas de violaciones a los derechos humanos y civiles perpetradas u ordenadas por los dirigentes, su presentación ante el ente jurídico internacional no implica necesariamente la aprobación del mismo.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, volvió a condenar al régimen de La Habana, haciendo especial hincapié en la situación de los médicos de la isla que cumplen misión en el extranjero.

“Las misiones han sido la máscara para la mayor fuente de ingreso para el régimen a costa del trabajo de sus profesionales (…) Es un sistema de esclavitud moderna que no puede quedar impune (…) constituye otra sistemática violación de los derechos humanos” en Cuba, dijo.

Las organizaciones denunciantes aseguran haber reunido 64 testimonios públicos de médicos que han escapado de misiones, así como de otros 46 de profesionales cuyas identidades deben ser protegidas por temor a represalias “contra sus familiares en la Isla”.