Unos 800 turistas británicos utilizan cada día, especialmente en temporada alta, a uno de los 200 centros sanitarios privados que hay en España estafados por su póliza de seguros contratada ya que no les cubre los tratamientos médicos que pueden necesitar, y cuyo coste medio de facturación puede ser de hasta unos 4.000 euros, según ha avisado este lunes la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE).
El fraude, tal y como ha explicado el miembro de la Junta Directiva de la patronal de la sanidad privada, David Medina, consiste en que las compañías británicas venden una póliza de seguro que, entre otros aspectos, cubre la asistencia sanitaria en caso de tener un percance durante las vacaciones en España, si bien de forma «opaca y en letra pequeña» establecen que la asistencia será en un centro público y no privado, a pesar de que tienen derecho a recibir una atención médica gratuita con la tarjeta sanitaria europea.
De hecho, para contratar estas pólizas se exige a estos ciudadanos británicos que previamente se hayan sacado la tarjeta sanitaria europea, algo que «refuerza aún más el fraude» dado que cuando llegan a España y se ponen enfermos, por cercanía o por desconocimiento acuden primero a un centro sanitario u hospital privado.
Una vez en el centro estos turistas son informados de que no tienen cubierta la asistencia, un problema menor en el caso de que el paciente no esté grave ya que puede acudir a la sanidad pública, pero mayor si está en estado grave y tiene que ser intervenido con carácter de urgencia. En estos casos, como en los que son trasladados a un hospital público, la compañía de seguros británica «deniega automáticamente» el cobro de la factura, por lo que es el paciente el que debe pagarlo o, como ocurre en la «mayoría de las ocasiones», la sanidad privada la que tienen correr con los costes.
Esto se produce, tal y como ha explicado Medina, porque el artículo 83 de la Ley General de Seguros define de una manera «ambigua» el tercero obligado al pago, lo que algunas comunidades autónomas como Murcia, Andalucía, Canarias o la Comunidad Valenciana, consideran que el tercero obligado a pagar es la sanidad privada porque ha sido el que ha trasladado al enfermo a los servicios de la sanidad pública.
«Por tanto, la sanidad privada está pagando la factura de la asistencia del paciente en el centro público, la cual nos la cobran por la vía ejecutiva por lo que hay que pagar sí o sí. Es el colmo de los colmos», ha dicho el representante de ASPE, quien ha denunciado la «total impunidad» con la actúan las compañías británicas.
Además, Medina ha avisado de que estas prácticas suponen «altos costes» para el Sistema Nacional de Salud porque debe asumir una «mayor congestión» de pacientes que, en teoría, han pagado por una atención privada. Del mismo modo, ha denunciado que las compañías británicas están realizando una campaña de «desprestigio» hacia la sanidad privada española, asegurando que es «corrupta» y que los profesionales sanitarios que trabajan en estos centros no cuentan con la preparación suficiente.
En la actualidad se han detectado hasta 15 empresas británicas con pólizas de seguro irregulares: Travelinsurance4medical.co.uk, Insurefor.com, Ok To Travel, Insure Pink, Staysure, Suretravel Citybond, Covered 2 Go, Good to Go, All Clear Traveler, Alpha Travel, ERV Medi-Care, Leisurecare Multi-traveller X5, World First Traveller y Get going Travel Insurance.
