Tras meses de indefinición, el Gobierno quedó ayer retratado en su postura favorable a los indultos a los líderes del «procés». La oposición de PP y Ciudadanos ha utilizado la eventual concesión de esta medida de gracia para desgastar al Ejecutivo de Pedro Sánchez, mediante el intento constante de arrancarle el compromiso de que no indultará a los cabecillas del soberanismo, en caso de ser condenados por su papel en la afrenta a la ley en Cataluña que les mantiene actualmente en prisión. No lo había conseguido hasta ayer, porque a través de evasivas y respuestas vagas todos y cada uno de los miembros del Gabinete habían evitado un pronunciamiento contundente en este sentido. Hasta ayer que los socialistas se vieron en la encrucijada de tener que apretar un botón en la votación en el Parlamento. Tal y como adelantó LA RAZÓN, el PSOE y sus socios (176 votos) utilizaron su mayoría en la Cámara para tumbar la moción de Ciudadanos que buscaba censurar la concesión de indultos a los líderes independentistas. Solo PP y Ciudadanos (168) votaron a favor. La acción política de estos dos partidos está tan focalizada en este asunto que antes de que se debatiera en el Congreso, el propio Pedro Sánchez tuvo oportunidad en la sesión de control al Gobierno en el Senado de fijar su posición, aunque siguió la línea de la ambigüedad marcada hasta ahora. Sánchez respondió a la interpelación del portavoz popular, Ignacio Cosidó, que «de qué indultos me habla, si no hay sentencias ni se ha celebrado el juicio». Para sostener esta controvertida postura, el Gobierno se apoya en que el indulto es una figura constitucional, cuya modificación requeriría una compleja reforma, y acusan a Ciudadanos de desconocimiento y de intentar entrometerse en la acción del Poder Judicial con este tipo de iniciativas. «Son los reyes del juicio paralelo», dicen en el PSOE sobre Cs.
El Gobierno sigue haciendo equilibrios en este asunto, manteniendo viva la expectativa de que los partidos soberanistas puedan apoyar los Presupuestos Generales del Estado, sin escatimar en gestos, mientras desde la oposición no disimulan su estupor. «No nos fiamos un pelo del PSOE ni de Pedro Sánchez», reconoció el líder de Cs, Albert Rivera, que advirtió que el «golpe de Estado» en Cataluña «no puede salirles gratis» a los líderes del «procés». En la oposición temen que la falta de contundencia del Gobierno en este sentido se deba a un intercambio de «indultos por escaños». Solo así entienden los cambios de criterio de Sánchez respecto a sus pronunciamientos en la oposición, cuando defendía que había delito de rebelión o impulsó una reforma en el Congreso para limitar la aplicación de los indultos. Ahora, el PSOE retrasa este cambio normativo y presionó a la Abogacía del Estado para que apreciara solo sedición.
Fin de legislatura
Sin embargo, estos gestos del Gobierno –el último, votar ayer con los independentistas para no censurar los indultos a sus líderes– no parecen aplacar la férrea oposición de los soberanistas a apoyar los Presupuestos de Sánchez. El presidente explicitó ayer lo que ya asume en privado, que el veto a las cuentas públicas le hurta la posibilidad de agotar la legislatura. Este deseo, verbalizado en numerosas ocasiones por Sánchez no se corresponde, sin embargo, con la realidad, pues en Moncloa siempre han barajado otoño de 2019 como el horizonte electoral más probable. «Sin Presupuestos, mi vocación de llegar al final de la legislatura se ve acortada», destacó ayer en un foro organizado por «The Economist». Esta revelación llega un día después de que el ministro de Fomento dejara volar la posibilidad de un «superdomingo», esto es, que las generales coincidieran con las europeas, municipales y autonómicas el 26 de mayo. Un desliz verbal que le costó el reproche de Moncloa.
El presidente puntualizó de nuevo que la convocatoria de elecciones le corresponde exclusivamente a él y que no la promoverá «ni en aras del interés de mi partido ni, por supuesto, porque me lo indique este partido o aquel otro partido, lo haré en función del interés general». Algo que es ciertamente inexacto, pues el objetivo de Sánchez es disolver las Cortes tras haber acometido algunas de sus medidas más ambiciosas como la exhumación de Franco, la subida del Salario Mínimo o de las pensiones. Estas iniciativas ya se prevé impulsarlas a través de reales decretos para acelerar su puesta en marcha antes de convocar a las urnas. En todo caso, la amenaza de una eventual cita electoral sirve para que Moncloa presione a sus socios con la expectativa de un futuro bloque de derecha (PP y Cs) en el poder. En esta línea, ayer el presidente del Gobierno se mostró muy duro con el PDeCAT en el Senado, espetando a su portavoz que «su retahíla de reproches» de los últimos días demuestra que «indudablemente vivían mejor con Rajoy».
