La Comisión Europea (CE) llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por “imponer sanciones desproporcionadas y discriminatorias» a los contribuyentes que no notifican que tienen activos en otros países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. España exige que los contribuyentes residentes en su territorio notifiquen a Hacienda los activos que poseen en el extranjero, tales como propiedades, cuentas bancarias y activos financieros, so pena de enfrentarse a sanciones si no presentan la información a tiempo y en su totalidad. Sin embargo, estas sanciones son superiores a las impuestas por infracciones similares en una situación puramente nacional, y pueden incluso superar el valor de los activos poseídos en el extranjero, según ha explicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
Se trata del último paso dentro del procedimiento de infracción abierto en 2015. Dos años después, en 2017, Bruselas dio a España un ultimátum para que cambiara las reglas sobre activos en otros miembros de la UE o en el Espacio Económico Europeo (EEE), el denominado «Modelo 720».
La Comisión considera que, si bien España tiene derecho a imponer sanciones, estas «son desproporcionadas y discriminatorias» y «pueden disuadir a las empresas y a los particulares de invertir o circular a través de las fronteras en el mercado único».Bruselas ha señalado además que estas sanciones españolas «entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE», como la libre circulación de trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales.
España no ha accedido a modificar dichas sanciones a pesar de que el expediente fue abierto en noviembre de 2015 y la Comisión Europea dio un ultimátum a las autoridades españolas dos años después. En consecuencia, Bruselas ha denunciado al Estado español ante la Justicia europea.
