El Ejecutivo formado por PSOE y Podemos deberá equilibrar sus gastos y sus ingresos para cumplir con los objetivos de la UE
Los gobiernos pasan, pero los dictados de Bruselas permanecen invariables. Las fuentes consultadas se muestran cautas sobre el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez formado en coalición con Podemos y su programa del gobierno, pero recuerdan que los compromisos con nuestros socios comunitarios deben cumplirse. Bruselas siempre se mostró inquieta ante la ausencia de ejecutivo de nuestro país, que abocaba a constantes prórrogas presupuestarias y la falta de reformas de calado. En el mes de octubre, la Comisión Europea envió una misiva al gobierno en funciones en la que le pedía unas nuevas cuentas lo antes posible ante el riesgo de «desviación significativa» en el cumplimiento de déficit público y lo que resulta evidente es que, en cuanto este proyecto de presupuestos llegue a la capital comunitaria, se analizará con lupa.
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El ejecutivo comunitario veía con especial preocupación este otoño el gasto público disparado después de la revalorización de las pensiones del 0,9 % y el alza del sueldo de los funcionarios, lo que contribuyó a una cifra que cuatriplicaba los cálculos de Bruselas para nuestro país. Unas medidas que, además, no fueron acompañadas del aumento de impuestos, debido que la interinidad del ejecutivo hacía imposible la aprobación de nuevos tributos como la conocida como tasa Google o el impuesto a las transacciones financieras, dos de las bazas que el nuevo ejecutivo de Sánchez ha resucitado en su pacto de gobierno con la formación morada. Aunque estas medidas no aparecían en el programa de estabilidad remitido al ejecutivo comunitario el pasado 15 de octubre Bruselas ya había manifestado en el año 2018 que las previsiones de ingresos, manejadas por el ejecutivo con la puesta en marcha de estos impuestos, estaban infladas.
Ante esta situación de interinidad política y aumento del gasto, el análisis pormenorizado publicado en el mes de noviembre exigía un ajuste estructural (vía aumento de impuestos o reducción del gasto público) de 9.617 millones de euros (0,8% del PIB) y reprochaba a nuestro país no haber aprovechado el periodo de bonanza para reducir el déficit público. Además, el ejecutivo comunitario también afeaba la contrarreforma emprendida al volver a ligar las pensiones al IPC y contravenir uno de los principales postulados defendidos una y otra vez por Bruselas y que llevaron a la reforma emprendida en el año 2013 y que también introducía el denominado factor de sostenibilidad ( correlación entre la cuantía y la esperanza de vida en el momento del retiro de la vida laboral). En sus recomendaciones por países, Bruselas pedía «medidas compensatorias» para paliar la situación pero los técnicos comunitarios preferían no concretar opciones si bien alertaban sobre el panorama demográfico de nuestro país. A finales del mes de febrero, Bruselas volverá a publicar un informe pormenorizado sobre las economías de los países europeos en lo que podría suponer la primera advertencia a los planes del nuevo ejecutivo.
