La Justicia protege ahora a los culpables del caso Palau y rebaja las penas de Millet y Montull

El fiscal del caso Palau Emilio Sánchez Ulled, ha decidido rebajar sensiblemente las peticiones de penas de cárcel que inicialmente reclamaba para los principales acusados del caso Palau, el expresidente del Palau, Félix Millet, su manos derecha, Jordi Montull y la hija de este, Gemma Montull. Al primero le rebaja en casi 12 años la petición, desde los 27 años y medio hasta los 14 y 8 meses. Al segundo, le reclama 10 años y 10 meses, frente a los también 27,5 años que reclamaba inicialmente. Y Gemma Montull es la principal beneficiada, al recibir una demanda de sólo 3 años, siendo uno de ellos sustituible por una multa, frente a los 26 que se requerían.

El PDeCAT y la Delegación del Gobierno en Cataluña llegaron a un acuerdo -pese a que fue negado por ambas partes- para lograr la “abstención” del Gobierno central en el caso Palau y la previsible abstención con la que los diputados neoconvergentes permitieron la aprobación de la liberalización de la estiba. Un intercambio de favores que, sin duda, está dando sus frutos.

La pena de Gemma Montull podría quedarse en dos años de cárcel de ser aceptada por el tribunal , a pesar de que también se le reclamaban 26 de cárcel. Por su parte, sobre el extesorero de CDC, Daniel Osàcar ve incrementar en medio año la petición inicial del fiscal de 7 años y medio de cárcel, por lo que se quedan en 8 años.

Gemma Montull es la principal beneficiada, al recibir una demanda de sólo 3 años, siendo uno de ellos sustituible por una multa, frente a los 26 que se requerían

Ulled ha expuesto las peticiones de penas en su exposición de las conclusiones definitivas , después de que ninguna de las acusaciones ni defensas haya pedido la suspensión, ni siquiera el Consorcio del Palau de la Música, que ha desoído la petición del Ayuntamiento de Barcelona y ha evitado pedir la suspensión del trámite de conclusiones a la espera de la reunión en que decidirá si acusa a CDC.

La Audiencia de Barcelona ha dado entonces por iniciado el trámite para la presentación de las conclusiones definitivas de las acusaciones del juicio del Palau de la Música, mientras que el Parlament debate sendas mociones de CSQP y la CUP para instar al Govern a acusar a CDC del expolio a través del Consorcio.

En las vísperas del juicio, Jordi Montull había propuesto un pacto al fiscal para rebajar la pena a su hija a cambio de confesar su implicación en el expolio y dar información sobre el supuesto desvío de fondos a CDC

La Fiscalía pedía para Millet, Montull y Osàcar penas por el supuesto pago de comisiones ilícitas de la constructora Ferrovial a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública durante la etapa de Jordi Pujol. Pero en las vísperas del juicio, Jordi Montull había propuesto un pacto al fiscal para rebajar la pena a su hija a cambio de confesar su implicación en el expolio y dar información sobre el supuesto desvío de fondos a CDC.

Millet también decidió sondear a la Fiscalía para pactar a cambio de una rebaja de la petición de pena y por eso durante la declaración admitió que el Palau de la Música servía para desviar dinero de Ferrovial a CDC a cambio de las adjudicaciones de obra pública. “Convergència sabía que ferrovial daba este dinero a cambio de que le adjudicaran obra publica”, confesó el principal acusado del juicio del caso Palau ante las preguntas del fiscal Ulled.

Millet y Montull confesaron haberse llevado 3,3 millones de euros del Palau, cifra que desde entonces no ha parado de crecer, hasta los más de 30 millones, alimentada por nuevos hallazgos

El fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled acusaba a Millet y a su mano derecha de los delitos de malversación de caudales, falsedad documental, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública, entre otros. Por el presunto entramado para el pago de comisiones ilícitas a CDC, el fiscal acusaba de tráfico de influencias y blanqueo de capitales al extesorero Daniel Osàcar, que en su declaración negó rotundamente las acusaciones de Millet y Montull y lo achacó todo a un ánimo vengativo.

El fiscal también plantea el comiso de 6,6 millones de euros a la formación por las sumas que supuestamente recibió de Ferrovial, a través del Palau, a cambio de la adjudicación de obra pública en los gobiernos de Jordi Pujol.

El Ministerio Público reclamaba multas de 20 millones de euros a Osàcar y a los exresponsables del Palau por el blanqueo de capitales perpetrado mediante la trama de comisiones ilícitas, y los directivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, quienes afrontan una condena de cuatro años y medio de prisión. Además, el fiscal cree que el desvío de fondos a CDC contó también con la complicidad de la exdirectora general del Palau Rosa Garicano, para la que pide una condena de ocho años y medio de cárcel y multas que suman doce millones de euros.

El fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled acusaba a Millet y a su mano derecha de los delitos de malversación de caudales, falsedad documental, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública, entre otros

El caso, del que está previsto que haya sentencia este verano, llegó a juicio casi ocho años después de que los Mossos d’Esquadra irrumpieran, el 23 de julio de 2009, en el Palau de la Música, un auténtico golpe a uno de los bastiones culturales de la burguesía catalana, en un caso que ha acabado poniendo bajo la lupa la financiación de CDC.

Un mes después del registro policial del Palau, Millet y Montull confesaron haberse llevado 3,3 millones de euros del Palau, cifra que desde entonces no ha parado de crecer -hasta los más de 30 millones de euros-, alimentada por nuevos hallazgos que destaparon un desvío sistemático de fondos públicos y privados para todo tipo de gastos particulares, desde el servicio doméstico de toda la familia a la boda de sus hijas y viajes de lujo.

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