El I Congreso del Partido de Centro Izquierda de España (dCIDE) celebrado hoy sábado en Barcelona ha acordado tomar medidas urgentes ante los acontecimientos que se están viviendo en Cataluña.
El nuevo Consejo Nacional, nombrado durante la tarde de hoy por la Asamblea Nacional de dCIDE, ha decidido encargar al despacho de la abogada Charo Cañete el estudio de una querella contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
El Consejo de dCIDE ha difundido -mediante un comunicado que ha hecho llegar a este diario- los indicios por los que cabe pensar que el presidente del Govern ha cometido actos de sedición y rebelión.
Sedición y rebelión
El delito de sedición se contempla en el título XXII, capítulo I, artículo 544 del código penal, y castiga a aquellos que «se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».
Las penas de prisión van de ocho a diez años, y de diez a quince para aquellas «personas constituidas en autoridad», como sería el caso de Puigdemont. «En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo», señala el Código Penal, que insiste también en que podrán ser castigados quienes participen en la «provocación, la conspiración y la proposición para la sedición».
El delito de rebelión está dirigido a personas que actúen de forma «violenta y públicamente» para, entre otras posibilidades, «derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución» o «declarar la independencia de una parte del territorio nacional». La diferencia entre ambos delitos es el paso del tumulto a la violencia, lo que hace que con éste último las penas se endurezcan. «Los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo«. Además, «si se han esgrimido armas» o «la rebelión hubiese causado estragos en propiedades de titularidad pública o privada», la pena de prisión pasa a ser de veinticinco a treinta años.
Centro Izquierda de España quiere acabar con el Estado de las autonomías
Varios miembros del Consejo Nacional del Partido de Centro Izquierda de España han manifestado a Noticiero Universal su satisfacción por la inminente aplicación del artículo 155 pese a que «llega tarde y es de insuficiente alcance». En este sentido, el Consejo Nacional de dCIDE ha dejado claro que el Gobierno debe detener inmediatamente el adoctrinamiento en las escuelas y «el 155 debería contemplar suspender las competencias en educación porque inculcan a los estudiantes odio hacia España y los españoles. No podemos perder la oportunidad histórica de intentar remediar 40 años de xenofóbia».
Por último, la Asamblea de dCIDE ha encargado a su Consejo Nacional incluir en su programa, la reforma del modelo de organización territorial abogando por sustituir el Estado de las autonomías «que se ha demostrado claramente ineficaz» por un nuevo modelo de Estado descentralizado organizado por departamentos administrativos.
