El 155 apunta a Interior, Economia y Presidència

Justo después de que Carles Puigdemont enviase este jueves su respuesta a Mariano Rajoy
, en la que el ‘president’ comunica que someterá a votación del Parlament la independencia de Catalunya si se aplica el artículo 155 de la Constitución, las delegaciones del Gobierno central y del PSOE se sentaron a cerrar los términos en los que se activará este precepto para suspender las competencias autonómicas y los cargos públicos que se estimen necesarios.

Fue el último de varios encuentros, a los que hay que sumar las numerosas citas, la mayoría secretas, entre Rajoy y Pedro Sánchez, y en él volvió a ponerse de manifiesto la sintonía entre ambos equipos, liderados por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la exministra Carmen Calvo. Los detalles se conocerán en el Consejo de Ministros extraordinario del sábado, pero el Ejecutivo y los socialistas ya han perfilado casi todas las iniciativas: Interior, Economia y Presidència serían los departamentos más afectados, aunque no los únicos.

Tanto Puigdemont como Oriol Junqueras, vicepresidente y ‘conseller’ de Economia, serían suspendidos de sus funciones si se aplica, por vez primera en democracia, el artículo 155 de la Carta Magna. Una vez salga el sábado el decreto de la Moncloa, este deberá ser aprobado por el Senado, trámite que puede demorarse más de una semana, tiempo que el Gobierno y el PSOE quieren conceder a Puigdemont para que dé un paso atrás. Pero las medidas ya serán conocidas, y según lo acordado muchos de los organismos que se intervendrán llegado el caso dependen de Presidència. Como mínimo el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) y los centros de telecomunicaciones e informática de la Generalitat.

Más dudas, tanto políticas como jurídicas, genera el control de los medios de comunicación públicos. Esta iniciativa, junto a la disolución del Parlament, es uno de los asuntos más espinosos de la aplicación del 155. En estos momentos, siguen en el aire.

Elecciones cuanto antes

Sobre el futuro de Junqueras planean menos interrogantes. Tras la intervención de los pagos de la Generalitat y el adelanto del cierre presupuestario para que sus dirigentes no puedan contraer nuevos compromisos de gasto (ambas decisiones se tomaron en septiembre), el Gobierno planea asumir el control de la Hacienda catalana, incluyendo los impuestos y la prórroga de las cuentas. Al mismo tiempo, el ministro Cristóbal Montoro, en un nuevo paso para atar en corto al Govern, ha abierto una cuenta en el Banco de España donde se depositarán las cantidades del sistema de financiación que corresponden a Catalunya.

Después está la intervención de los Mossos d’Esquadra, indispensable para intentar mantener un orden público que, según temen populares y socialistas, puede verse gravemente alterado si el artículo 155 de la Constitución se pone en práctica. Un control más laxo de los departamentos de Educació y Governació, en cambio, no tiene por qué ser inmediato, pero si sería necesario para la celebración de elecciones autonómicas. Tanto el Gobierno como el PSOE estiman que tendrían que celebrarse cuanto antes. Su convocatoria no se llevaría a cabo justo después de la suspensión de competencias autonómicas, pero tampoco debería demorarse mucho, explican las fuentes consultadas.

“Todos los medios”

“El Gobierno denuncia la actitud mantenida por los responsables de la Generalitat de buscar, deliberada y sistemáticamente, el enfrentamiento institucional a pesar del grave daño que se está causando a la convivencia y la estructura económica de Catalunya. El Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad”, señaló el Ejecutivo en un comunicado tras recibir la carta de Puigdemont. En el PSOE, su secretario de Organización, José Luis Ábalos, se preguntó: “¿De qué diálogo estamos hablando? No se negocia la integridad territorial de España y no asumimos la bilateralidad entre el Estado y un pretendiente a miniestado”.

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