A finales del mes de agosto, la Abogacía del Estado consideraba que era ilegal que un Gobierno en funciones desbloquease los fondos de las entregas a cuenta que debían aliviar las maltrechas cuentas de las comunidades autónomas. En un informe enviado al Ministerio de Hacienda, rechazaba liberar los 4.500 millones de euros que se le debían a las regiones por la diferencia entre la recaudación fiscal prevista y la finalmente lograda.
Ahora, a un mes de las elecciones generales, la Abogacía del Estado recula y da luz verde a la entrega de ese dinero, reclamado con vehemencia por las autonomías, incluidas las del PP. Pese al cambio de criterio jurídico, el Gobierno se escuda en un «resquicio legal» que reinterpretaría el informe del pasado mes de agosto, haciendo viable la recuperación del flujo de dinero hacia las comunidades. En ese documento, la Abogacía del Estado apuntaba a la necesidad de «limitar» la facultad de «servirse de los principales instrumentos de orientación política» para «no condicionar la actuación del nuevo Gobierno». Consideraba que entre las facultadas vetadas a un Ejecutivo en funciones, además de la elaboración de nuevos Presupuestos, se incluyen las entregas a cuenta autonómicas por su «fuerte trascendencia cuantitativa y cualitativa».
En una entrevista en Efe, la ministra de Hacienda señaló que con la aprobación «en días» de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas se sentará un precedente que el Gobierno quiere plasmar en la ley de financiación, para desligarlas para siempre de los Presupuestos Generales del Estado. Montero aseguró que las entregas ya disponen del informe favorable de la Abogacía del Estado, aunque no quiso confirmar si será en el Consejo de Ministros de este viernes.
Además, Hacienda abrió ayer el plazo para que 556 ayuntamientos en situación de riesgo financiero, y cuya deuda suma 5.460 millones de euros, puedan acogerse de forma voluntaria a las nuevas medidas de apoyo.
