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El alcalde de Fuenterrabía paga 110.000€ públicos para evitar ser procesado por la muerte de un voluntario

Los concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Fuenterrabía (Guipúzcoa), presidido por el alcalde Txomin Sagarzazu (PNV), han aprobado destinar 110.000 euros públicos al pago de una indemnización, para evitar ser procesados como responsables de la muerte de un voluntario.

El concejal del PP Joxemi Ochoteco ha advertido que, si siguen adelante con este propósito, el alcalde y los concejales del PNV pueden incurrir en los delitos de malversación, prevaricación y cohecho. Ante estas advertencias, la interventora municipal ha decidido paralizar el pago.

Los hechos se remontan al 12 de julio de 2017, cuando el ingeniero naval jubilado Enrique Lekuona Muñoz falleció al caer de una escalera, cuando trabajaba como voluntario en la restauración de la barco pesquero Mariñel.

Se trata de un buque bonitero de 21,3 metros de eslora, con casco de madera, que el Ayuntamiento de Fuenterrabía (Hondarribia en su denominación oficial en euskera) compró en 2012 para restaurarlo y exponerlo al público, como último exponente de la flota artesanal del municipio.

La barca Mariñel, que el Ayuntamiento de Fuenterrabía restaura a través de la Fundación Arma Plaza.

Seis voluntarios agrupados en el Colectivo Sustraia (que carece de personalidad jurídica porque nunca llegó a registrarse como asociación) se encargaron de las labores de restauración, tutelados por la Fundación Arma Plaza, participada por el Ayuntamiento y presidida por el alcalde Txomin Sagarzazu.

Tras el accidente mortal, tres ediles de Bildu presentaron una denuncia ante la Fiscalía contra el alcalde y los concejales del PNV por los presuntos delitos de encubrimiento, prevaricación y omisión de perseguir delitos. Según la denuncia, la Policía Local no había remitido al Juzgado el atestado del fallecimiento, alegando que no se debía a una negligencia ni a un accidente laboral: el fallecido era un voluntario que no tenía una relación laboral con el Ayuntamiento ni con la Fundación.

La familia del voluntario fallecido se personó en la causa judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Irún y anunció su voluntad de exigir responsabilidades civiles y penales contra los concejales del PNV que dirigen la Fundación.

Para evitar ser procesado por estos hechos, el alcalde decidió abrir una negociación y se comprometió a indemnizar a la familia del fallecido con 200.000 euros: de esta cantidad, 90.000 euros serán abonados por la compañía aseguradora y los 110.000 restantes por la Fundación Arma Plaza. Esta cantidad se pactó a cambio de que la viuda renuncie a las acciones civiles y penales que había iniciado en el Juzgado, por la muerte de su marido.

La interventora para el pago ilegal

A continuación, el alcalde llevó al Pleno municipal del pasado 25 de octubre una propuesta para transferir 110.000 euros públicos del Ayuntamiento a Arma Plaza, mediante una subvención, para atender el pago pactado con la familia del voluntario fallecido.

Sin embargo, la interventora municipal ha paralizar esta transferencia, después de que el concejal Joxemi Ochoteco advierta que el equipo de gobierno puede incurrir en los delitos de prevaricación, malversación y cohecho impropio, pues la ley no permite destinar una subvención al pago de la responsabilidad civil de un accidente.

En todo caso, ha señalado Ochoteco, los ediles del PNV que dirigen el patronato de la Fundación deben pagar de su bolsillo la indemnización, para cubrir su responsabilidad en la muerte del voluntario.