El auto del juez invita a Junqueras a abandonar la vida política

El auto del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena por el que mantiene en prisión al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, al ex conseller de Interior, Joaquim Forn, y a los presidentes de las asociaciones ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, deja la puerta abierta a revisar sus medidas cautelares una vez demuestren que el cambio de voluntad de abandonar su estrategia de acción es “verdadero y real”.

El magistrado tiene serias dudas de que si alguno de estos cuatro investigados queda libre no vaya a volver a su plan de incitar, organizar o ejecutar actos de rebelión y sedición para conseguir la independencia de Catalunya fuera de las vías legales.

Dicho de otro modo, el instructor deja una puerta abierta a su libertad provisional si abandonan la primera ‘línea de fuego’. En el caso de Junqueras y Forn su alternativa es dejar la política y no entrar a formar parte de un Gobierno que tenga como objetivo seguir un planteamiento de consecución de la república catalana por la vía unilateral, es decir, en contra de las leyes, en contra del Tribunal Constitucional y en contra de cualquier ordenamiento jurídico.

El escenario de Sànchez y Cuixart es distinto. En su caso, se encuentran en prisión preventiva por un presunto delito de sedición por liderar movilizaciones sociales para llevar a término los planteamientos guiados por el entonces Govern. Para demostrar que han abandonado su capacidad e intención de continuar con esas movilizaciones, probablemente su destino pasaría por renunciar a la presidencia de las asociaciones y no tener ningún papel relevante o decisorio en los movimientos pro independentistas.

Los tres argumentos que un magistrado puede utilizar para ordenar el ingreso en prisión de un investigado son el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y el de destrucción de pruebas. En su resolución, Llarena aclara que en el caso de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart no percibe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

Alto riesgo a que persistan

Esto significa que la única razón por la que van a seguir en prisión es por el riesgo de contempla el magistrado en que una vez en libertad puedan seguir con su propósito ilegal. “En estos investigados el riesgo de reiteración delictiva refleja la probabilidad de que puedan producirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad”.

Según sostiene el juez, “el peligro no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de reevaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces, sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulativamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real”.

A día de hoy, la versión de Junqueras de que abandona la vía unilateral para proclamar la independencia no es suficiente para que el instructor considere que sus intenciones se han visto modificadas. Hasta que no demuestren que con su salida no se pone de nuevo en riesgo el Estado de Derecho y la integridad de la unidad de España no podrán salir. “Sólo entonces se justificará rebajar la intensidad de la medida cautelar adoptada contra estos inculpados”, añade.

Ser candidato, una agravante

Uno de los argumentos que utilizaban las defensas para solicitar la puesta en libertad es que la mayoría de ellos van como candidatos en las listas para las elecciones del 21 de diciembre y debían estar en libertad para defender su candidatura en igualdad de condiciones, además de ser una muestra de que no pretenden fugarse.

“La rebaja de las cautelas no puede precipitarse bajo el argumento de que los investigados hayan asumido su participación como candidatos en unos comicios democráticos. El riesgo de reiteración delictiva va expresamente unido a las responsabilidades públicas a las que aspiran”, insiste el auto.

Es decir, según el juez precisamente el hecho de que vayan como candidatos y puedan acceder de nuevos a las instituciones -de las que fueron cesados obligatoriamente por el Gobierno central tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución- es lo que incrementa el riesgo de que puedan volver a sus pretensiones.

Mantienen sus aspiraciones

El magistrado ha tenido en cuenta a la hora de resolver sobre el mantenimiento de la prisión, que los investigados reconocen que todavía mantienen la “misma aspiración” que impulsó el comportamiento que se investiga. Esto es, “la voluntad de que el territorio e la Comunidad Autónoma en la que residen, constituyan la base territorial de una nueva república”.

Para Llarena, el hecho de que el Gobierno central les cesara de sus puestos no es una razón para detener su estrategia, tal y como hacen creen, sino que formaba parte de su plan y ya estaba establecido que en caso de tal coyuntura “había de preservar en su determinación”.

Desconexión forzosa

El instructor hace esta afirmación en base al documento ‘Enfocacats’ incautado durante el registro ordenado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona a uno de los altos cargos investigados por organizar el referéndum del 1 de octubre. Este documento intervenido por la Guardia Civil recoge un “plan de actuación para la desconexión forzosa y garantizar el éxito de una eventual vía unilateral”.

Este documento establece toda la estrategia diseñada para alcanzar la independencia de Catalunya. Así, para el juez es relevante el hecho de que detalle que la ciudadanía debe implicarse de una “manera activa”. Se particulariza que, aunque debe comenzar de la manera más conservadora posible, “deberá incrementar el nivel de conflictividad según sea la respuesta del Estado”. Esto se hará siempre bajo el liderazgo y con una coordinación de todos los actores implicados, “y sin ninguna sombra de duda en cuanto a las acciones a realizar y los calendarios que deben seguirse”.

La violencia, el eje del caso

La razón por la que Llarena decidiera en primer término dejar en libertad a la Mesa del Parlament y después a seis ex consellers y no lo hiciera con Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart en su implicación con los actos violentos. No obstante, la puesta en libertad de los ex miembros del Govern tras el pago de una fianza de 100.000 euros ha sido recurrida por la acusación popular representada por el partido Vox, aunque la Fiscalía ya ha anunciado que no lo hará.

Lo que diferencia a estos cuatro investigados del resto de los implicados es que se les vincula directamente con la “violenta explosión social” ocurrida, “llegando incluso a intervenir en su ejecución material”.

Concretamente, hace referencia al cerco a la Guardia Civil ocurrido el 20 de septiembre cuando una comitiva judicial y agentes del Instituto Armado accedieron a una serie de edificios de la Generalitat por orden judicial para llevar a cabo una serie de registros. Desde ANC y Òmnium se convocaron concentraciones masivas para cercar a la Guardia Civil, con “comportamientos agresivos”. “Uno hechos violentos a los que acudió el propio Oriol Junqueras y que se vieron propiciados porque las fuerzas encargadas del orden público -que estaban bajo la responsabilidad de Joaquim Forn- favorecieran o no desplegaran ninguna actuación que pudiera ponerles término”.

Loading...