El proceso soberanista ha acelerado los tiempos para poder convocar el referéndum cuanto antes. Ante esa circunstancia, el bloque constitucional reclama firmeza ante lo que considera una ‘provocación’ soberanista, que ha cobrado intensidad con los insultos a la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi.
Por ello, la entidad Concordia Cívica, que dirige la catedrática de derecho constitucional, Teresa Freixes, ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas con el objeto de «defender las instituciones democráticas y el Estado de derecho». La entidad considera que ya no se trata de un debate ideológico, sino de la pretensión, por parte del soberanismo, de «romper las reglas del juego». Lo que se teme es que el independentismo fuerce una declaración de independencia o la convocatoria de un referéndum «sí o sí».
Las medidas del Estado
A través de la red change.org, la entidad ha comenzado a recoger firmas con el propósito de que la sociedad catalana «esté preparada y tome conciencia de lo que puede llegar», en palabras de Teresa Freixes. Es decir, que si el Gobierno del Estado toma medidas, se sepa entender que obedece a la defensa de la legalidad, y de la Constitución frente a una especie de insurrección, aunque el soberanismo lo ha querido presentar como una respuesta democrática para alcanzar un estado propio.
El incidente en el que se ha visto inmersa la fiscal Ana Magaldi ha despertado un claro enfrentamiento entre el bloque constitucional y el soberanismo. El propio Artur Mas ha defendido en las últimas horas que no se puede tolerar que la Fiscalía trate de presentar el movimiento soberanista como «intolerante y violento» por culpa de «cuatro insultos reprobables, y pese al comportamiento modélico de millones de personas a lo largo de cinco años».
Sin embargo, se ha establecido una especie de tensa espera, entre el Gobierno y el independentismo para ver quien comete antes un gran error.
La posición de la CUP
Quien no duda en tensar la cuerda es la CUP, cuya diputada, Anna Gabriel, ha asegurado que el movimiento independentista deberá ofrecer una respuesta al Estado si no permite el referéndum «proporcional a su reacción, que puede ser cruenta, puede ser virulenta». Es decir, se pone en un mismo pie de igualdad la convocatoria de un referéndum ilegal con la defensa de la Constitución.
Para el bloque constitucional eso constituye una grave amenaza, que deberá ser afrontada desde «la firmeza y la responsabilidad, y no dejar que el soberanismo avasalle a la mayoría social».
Concordia Cívica ha identificado una mayor actividad del soberanismo en las redes sociales, con el objetivo de «acelerar los procesos», y buscar la desobediencia con España.
Puigdemont y el referéndum en junio o julio
Más allá de cómo se concrete, lo cierto es que la idea de ir más rápido está sobre la mesa. Y lo evidenció este miércoles el presidente Carles Puigdemont en un acto organizado por el diaro El Punt Avui junto a la diputada Anna Gabriel.
Los dos se refirieron a la necesidad de convocar el referéndum como una pregunta clara y binaria, y debatieron sobre la posibilidad de que se fije en esa misma pregunta si se desea un «estado o una república independiente». Gabriel entró de lleno en el posible conflicto, y aseguró que sólo «un escenario militarizante» por parte del Estado podría impedir el referéndum, que tendrá carácter vinculante.
Mientras, miembros del Gobierno catalán, como el consejero de Relacions Exteriores, Raül Romeva, aseguran que España «no es un estado de derecho». Eso es lo que asusta al bloque constitucional, que ya ha comenzado a movilizar a la sociedad catalana para preparar el terreno sobre las posibles medidas que tome el Gobierno de Mariano Rajoy.
En el seno del gobierno catalán ya existe un debate claro sobre cuándo será el mejor momento para convocar ese referéndum, que se podría adelantar a junio o julio, aunque otros sectores creen que no se podrá preparar antes del septiembre, o incluso octubre.
