El Tribunal Constitucional va a suspender con toda urgencia la Ley de Transitoriedad catalana, una resolución que se producirá probablemente este martes, dado que los magistrados evitarán abordar el asunto en la jornada de este lunes por ser la Diada.
De este modo, la suspensión se producirá casi con toda seguridad en una sesión plenaria en cuya agenda podría figurar también la ley de Hacienda catalana, que asimismo resultará suspendida.
El Gobierno central ha anunciado que presentará recurso contra la ley de Transitoriedad, que fue publicada el pasado viernes, 8 de septiembre en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El recurso será presentado a lo largo de este lunes, previsiblemente.
Sin embargo, y puesto que hoy es festivo en Cataluña (se celebra la Diada), no es probable que se adopte por parte del pleno del TC ninguna decisión, dado que no podría ser notificada a las autoridades catalanas.
En todo caso, el Pleno del TC aprobará con toda probabilidad la admisión a trámite del recurso del Ejecutivo este martes. Este acuerdo conllevará la suspensión cautelar de la norma, como todas las que ha suspendido el alto tribunal referidas a la convocatoria de un referéndum independentista para el 1 de octubre.
Es previsible que el TC aperciba, una vez más, a las autoridades catalanas afectadas a las que recordará su «deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada», como asegura la resolución que suspende el referéndum del 1-O.
La suspensión es automática si así lo solicita el recurso que ha elaborado la Abogacía del Estado. Los magistrados del TC tienen un margen de cinco meses para decidir sobre el fondo del litigio, acerca de la cual son plenamente independientes.
El pleno del TC debe resolver también en los próximos días el recurso que el Gobierno presentó contra el Código Tributario (la nueva ley de Hacienda catalana), que entró en su registro el viernes pasado.
Por otro lado, fuentes del Constitucional han informado de que el Pleno del tribunal no ha discutido en ningún momento la posibilidad de imponer medidas provisionales coercitivas, es decir, multas o suspensión cautelar, a las autoridades catalanas que parecen decididas a desobedecer sus sentencias.
Esta posibilidad existe debido a la reciente reforma de la Ley del Tribunal Constitucional que aprobó el PP en la pasada legislatura.
Sin embargo, aplicar ahora tales sanciones podría suponer la ruptura de la unanimidad entre los magistrados del TC que ha imperado hasta el momento en todas sus resoluciones acerca del proceso independentista catalán, apuntan las mismas fuentes. De modo que, de momento, no se contempla esa posibilidad.
