MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) –
El debate sobre el uso del castellano en el sistema educativo catalán, a raíz de la decisión del Gobierno de dar la opción de estudiar en esta lengua en la prematrícula escolar de Cataluña, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha eclipsado las negociaciones de la Subcomisión parlamentaria para el Pacto Social y Político por la Educación, que, previsiblemente, este martes 20 de febrero va a comenzar a discutir sobre financiación del sistema educativo.
Para PSOE y Unidos Podemos, este asunto lingüístico «perjudica» y «ensombrece» los trabajos para el Pacto educativo, mientras que para Ciudadanos el «respeto» a la legalidad vigente y las sentencias judiciales sobre el uso del castellano en las aulas catalanas es un tema «prioritario» e «innegociable».
Para la portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Luz Martínez Seijo, «no es el momento» de abrir el tema del modelo lingüístico catalán, haciendo uso del 155, «en un momento de excepcionalidad». También ha acusado al Gobierno de «saltarse el clima de consenso» y le ha pedido que se centre en mejorar la educación del país.
En declaraciones a Europa Press, Martínez Seijo ha solicitado al Gobierno que deje de «tomar el pelo» a los miembros de la Subcomisión parlamentaria, que usa a su «antojo»: Traslada los temas que «le interesa» para «evitar tensiones» y toma la iniciativa con otros, como el del castellano o el MIR educativo, «sin esperar a que este foro debata y decida sobre ellos».
«Ya está bien de que (el Gobierno) nos tome el pelo y nos haga perder el tiempo», ha subrayado Martínez Seijo, que cree que con iniciativas como la de la matrícula en Cataluña, el ministro «se salta las reglas del juego» y «utiliza la educación con fines políticos».
Lo mismo opina de las iniciativas registradas por otros grupos parlamentarios, que no esperan que se debatan en la Subcomisión. En este sentido, ha señalado la propuesta de Unidos Podemos para limitar los conciertos educativos o las de la Alta Inspección educativa o el MIR docente, ambas de Ciudadanos. «Si todos se van a poner a presentar iniciativas, apaga y vámonos», ha apostillado.
El diputado catalán y portavoz adjunto de Educación de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea, Joan Mena, ha afirmado que esta cuestión lingüística «afecta totalmente» y es una «falta de lealtad» del titular de Educación con la Subcomisión parlamentaria.
Además, ha recordado que el tema lingüístico está integrado en uno de los 15 puntos del guión pactado por los grupos sobre los temas a tratar de cara a la elaboración de una propuesta para enviar al Ejecutivo para una nueva ley educativa. «Tenemos que discutir todavía en el pacto cómo damos cabida a la España plurilingüe en el panorama educativo», ha aseverado.
Para Mena, el pacto tiene tres patas –política, social y territorial–, que el ministro «no respeta». Además, ha advertido de que este debate, generado al calor de la aplicación del 155, «responde a una guerra electoralista y sin escrúpulos entre PP y Ciudadanos».
Por el contrario, la portavoz de Educación de la formación naranja en la Cámara baja, Marta Martín, ha señalado que «lo primero» es el «respeto» a la legalidad vigente y las sentencias judiciales sobre el uso del castellano en las aulas catalanas. «El cumplimiento de la legalidad no se negocia», ha aseverado en declaraciones a Europa Press.
Martín no entiende por qué el PSOE no está de acuerdo con respetar el «perímetro constitucional y el que marca la legalidad», pues, según ha advertido «esto es previo a cualquier trabajo y negociación» en el seno de la subcomisión parlamentaria. «Hay que garantizar el derecho de las familias y alumnos a elegir la lengua en que quieren estudiar», ha apostillado.
Martín se ha defendido de las críticas del PSOE sobre la presentación de iniciativas educativas para su debate en el pleno, sin esperar al Pacto, y ha subrayado que obedece a la «doble función» de los grupos parlamentarios: legislativa y de control al Gobierno. «Con la Alta Inspección hay una dejación de funciones, que no podemos permitir, y el MIR educativo era un compromiso incumplido», ha argumentado.
